PUEBLA, Pue., (apro) .- La Contraloría Nacional Autónoma del Agua reprobó el anuncio que hizo en la mañanera de este miércoles Efraín Morales López, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso y a la vez crear una Ley General de Aguas para reglamentar el derecho humano al vital líquido. 

En un comunicado, la organización, conformada por investigadores, ciudadanos, comunidades y colectivos defensores del derecho del agua, celebró que el funcionario haya hablado de corregir las irregularidades en el sistema de concesiones de aguas nacionales, pero advirtió que eso sólo se logrará con la abrogación de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), de origen salinista. 

“Como fue ampliamente expresado y fundamentado en cada uno de los 13 foros de “consulta” mencionados por el Director General (de Conagua), el agua es una: no se puede proteger los derechos y usos hidrocráticos del agua en una ley (la LAN), y pegarle otra, que reduciría el “derecho humano al agua” a un servicio municipal, medible en litros por persona por día”, reclamó la agrupación. 

Además, expuso su preocupación por la propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua, vigente en la actualidad, por la rectoría del estado, sin la participación ciudadana directa que mandata la Constitución. 

Agregó que esta preocupación tiene especial fundamento por el desarrollo que ha tenido el “Acuerdo Nacional” con el cual la Conagua en vez de poner orden sobre “el desastre” generado por la Ley de Aguas Nacionales, creó un esquema de acuerdos “en corto”, que conserva el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal. 

En ese “Acuerdo Nacional”, refirió que la dependencia ha obtenido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola por parte de Distritos de Riego cuyas concesiones fueron sobredimensionadas desde su inicio. 

“Una gran parte de los “donativos temporales” de usos industriales y de servicios son para volúmenes que más bien deben de ser caducados por la falta de pago de derechos”, explicó. 

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua recordó que desde la legislatura LXIV, se estableció el compromiso para desmontar el andamiaje del neoliberalismo y como parte de ello hubo un consenso para generar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que fue respaldada en comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados para reemplazar a la LAN. 

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir 'acuerdos' superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización. 

Agregó que los investigadores, comunidades, pueblos y organizaciones agrupados en esa Contraloría Nacional, así como en contralorías locales, vuelven a ofrecer al gobierno federal su apoyo para enfrentar el reto de corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua, y que eso sólo podrá hacerse a través de “procesos ampliamente participativos, cuenca por cuenca y acuífero por acuífero, en todo el país”. 

A la vez, expresó su rechazo “a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los “derechos” de los grandes usuarios son protegidos por una ley, y el derecho humano al agua se buscaría cumplir con otra ley, con lo que sobra”.