CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reunión de Claudia Sheinbaum con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ocurre después de que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se fugó la inversión francesa del país, en especial en el año de la reforma al Poder Judicial. 

De acuerdo con datos actualizados de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Francia hacia México, de 2019 a 2024, pasó de ser una fuente constante de capital a reflejar una salida sostenida de dinero europeo, lo que evidencia un cambio en la confianza. 

En 2019, primer año de la autodenominada Cuarta Transformación, México captó 948.4 millones de dólares, un aumento de 45% en captación de capitales franceses respecto a 2018, último año del priista Enrique Peña Nieto. 

Sin embargo, el panorama cambió con la pandemia de 2020, cuando el monto cayó 50%. Ese año, la captación fue de 433.1 millones de dólares, lo que marcó el inicio de la desaceleración. 

Durante 2021, la inversión se estabilizó, reflejando una lenta recuperación con 598.4 millones de dólares. El repunte más notorio se registró en 2022, cuando Francia alcanzó 797.6 millones de dólares, impulsada por proyectos de manufactura y energía que parecían anunciar una reactivación sostenida. 

Pero en 2023, el flujo volvió a caer 37%, pese al entusiasmo del nearshoring y las expectativas por la relocalización de cadenas de suministro, pasando a 498.5 millones de dólares. 

El punto crítico de los capitales francés llegó en 2024, cuando se presentó una fuga de IED francesa. Los registros muestran una caída de 793.1 millones de dólares en el primer trimestre, -1,034.3 millones en el segundo, -654.2 millones en el tercero y -809 millones al cierre del año, evidenciando una retirada neta de capital europeo. 

Este cambio coincidió con una serie de reformas impulsadas en el cambio de gobierno entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, destacando la del Poder Judicial.  

Así como ajustes en torno a la participación privada, especialmente en el sector energético, donde las políticas del gobierno anterior privilegiaron a las empresas públicas sobre la inversión extranjera.