CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Once relatores de mecanismos especiales de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su “profunda preocupación por el impacto ambiental, en derechos humanos y social” que está teniendo la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa Proman, proyecto financiado por capital suizo y alemán.  

Como publicó Proceso en su edición mensual 27, indígenas mayo-yoreme, pescadores, servidores turísticos, académicos y ambientalistas, se oponen a la construcción de la planta que pretende producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, para lo cual succionaría 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora, lo que acabaría con al menos 500 toneladas al año de larvas de camarón, pesca de la que viven aproximadamente 3 mil pescadores de las bahías de Ohuira y Topolobampo.  

Aunado a los daños ambientales, en las comunicaciones dirigidas a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, así como a las empresas Proman, GPO y el banco alemán KFW IPEX Bank, los expertos independientes llaman la atención por “las alegaciones sobre la falta de un proceso de consulta adecuado, de acuerdo con los estándares internacionales, para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, e involucrar a todas las personas afectadas en los procesos que tienen impacto en su vida cultural y sus medios de subsistencia, antes de la iniciación del proyecto”.  

Asimismo, expresaron su preocupación “por la falta de medidas tomadas para proteger contra potenciales violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente por parte de las actividades de la empresa constructora de la planta”.  

Las comunicaciones fueron firmadas por los relatores especiales sobre derechos de los Pueblos Indígenas; sobre la esfera de los derechos culturales; sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; sobre la promoción y protección sobre los derechos a la libertad de opinión y de expresión; sobe el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; sobre la situación de defensore de derechos humanos; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancias y sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento.  

También firmaron las comunicaciones los presidentes de los grupos de trabajo sobre campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales y sobre la cuestión de derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.  

 En las cartas enviadas a las partes involucradas el 19 de septiembre pasado, pero dadas a conocer recientemente, los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ocupar los mandatos mencionados, resaltan que el sitio impactado por la planta de amoniaco, el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, fue reconocido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) en 2009.  

No sólo eso sino que el sistema lagunar se encuentra en medio de otros dos sitios Ramsar y dentro el mismo sistema Santa María-Topolobampo-Ohuira, hay una serie de islas pertenecientes al Área de Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California”, sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la Unesco desde 2005, entre otras zonas de conservación de especies marinas, delfines, tortugas, crustáceos peces y aves residentes y migratorias, algunas en peligro de extinción, además de que en la zona predominan manglares, convirtiendo a la zona “de gran importancia para mitigar y prevenir los impactos negativos del cambio climático en los derechos humanos”. 

Los expertos citan e Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la misma empresa, sobre la primera fase del proyecto, en el que reconoce que una fuga de cinco minutos de amoniaco por algún accidente, la bahía se convertiría en una zona con “un peligro inmediato a la salud o a la vida”, que podría alcanzar una nube tóxica de 45 kilómetros afectando a una población de más de 400 mil personas y a todo el ecosistema lagunar”. 

Los expertos hacen un recuento de cómo se fue imponiendo el proyecto desde 2013, que fue contenido durante algunos años por el movimiento ¡Aquí No!, creado en 2015.  

Se narra cómo a partir de 2018 la construcción tomó un fuerte impulso y que a pesar de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las consecuencias para los líderes opositores más relevantes, Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela, fueron actos de  “hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación a través de redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamiento de morada e intentos de desaparición”.  

Se advierte que los defensores, miembros del pueblo mayo-yoreme, cuentan con medidas de protección por parte del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a partir de 2024 del Instituto para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de Sinaloa, los relatores alertaron que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. 

Para los expertos es de suma preocupación “el impacto de la construcción de la planta en los derechos del pueblo indígena Yoreme, en especial sobre su derecho a ejercer, mantener y desarrollar sus prácticas culturales y modo de vida propio”, ya que la instalación “afectaría lugares sagrados y fuentes de subsistencia como el agua y los peces, además de la violación del derecho a dar o negar su consentimiento previo, libre e informado, tal y como fuera declarado por la SCJN y por las normas del derecho internacional de los derechos humanos” .  

De la revisión del caso, los expertos concluyeron que “no existe información pública y específica sobre cómo las empresas y las entidades financieras hicieron para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y su responsabilidad de eliminar (pase out) los combustibles fósiles, a través de políticas y procedimientos apropiados”.  

Tampoco existe evidencia “de un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos; así como de procesos que permitan reclamar y reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o hayan contribuido a provocar”.  

En cuanto a la responsabilidad gubernamental, “no se cuenta con información de cómo el Estado estaría cumpliendo con su obligación de proteger a las personas contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”. 

Los expertos formularon a cada uno de los remitentes cuestionamientos particulares relacionado con sus competencias.  

En el caso del Estado mexicano, los relatores y presidentes de grupos de trabajo formularon 15 requerimientos, como los relacionados con las medidas de protección para los integrantes del colectivo “¡Aquí no!”, y las garantías para que realicen sus labores de defensa “sin miedo a sufrir actos de intimidación, acoso o represalias de algún tipo”, así como los avances de las investigaciones abiertas por las agresiones sufridas.  

Los expertos pidieron al Estado mexicano información sobre “las acciones emprendidas para combatir la impunidad” de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, en especial de quienes defienden pueblos indígenas.  

Asimismo, cuestionan sobre las garantías para que los defensores accedan a información pública sobre “megaproyectos que potencialmente afecten a pueblos indígenas, comunidades campesinas y la niñez, ante la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y a información pública sobre los potenciales impactos sobre los derechos humanos relacionados con la contribución al cambio climático de los proyectos”.   

Los cuestionamientos al Estado mexicano están también dirigidos a presentar “las evaluaciones de impactos ambientales y de derechos humanos” aplicadas a GPO “y otros que están en  vías de desarrollo en la bahía de Ohuira, así como las medidas de seguimiento y control en relación con dichas evaluaciones, para asegurar que las operaciones de las empresas prevengan, mitiguen y reparen impactos causados al medio ambiente y a los derechos de las personas que habitan en el lugar, con particular atención a los impactos sobre la niñez”. 

Al gobierno de Sheinbaum le cuestionan sobre la existencia de “un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, como acción clave por parte del Estado para proteger contra abusos de derechos humanos y al medio ambiente en el marco de la actividad empresarial”., así como las medidas adoptada “para proteger el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado ante la construcción del proyecto descrito, pero también ante cualquier proyecto, contrato política, medida o ley que los afecte”. 

Asimismo, el gobierno de Sheinbaum es cuestionado sobre su política de protección el derecho al medio ambiente sano, limpio y sostenible, tanto para los residentes de la bahía de Ohuira, como en demás pueblos indígenas, asentados en zonas de conservación ecológica, internacionalmente protegidos, “frente a las actividades empresariales y considerando el principio precautorio”,  

Al pedir explicaciones sobre cómo se está materializando en México el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), los expertos solicitaron información actualizada sobre las medidas tomada “para proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático, en el contexto del uso  de combustibles fósiles en todas sus formas, incluido en relación a empresas en su jurisdicción y/o territorio; en particular la empresa Gas y Petroquímica de Occidente y la protección y restauración del ecosistema como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático”.  

Los expertos requirieron al gobierno de Sheinbaum informar sobre las medidas tomadas para garantizar que los estudios de impacto social y cultural, y de derechos humanos aplicables a proyectos de desarrollo “sean realizados de manera independiente e imparcial, y con la participación de los pueblos indígenas, los campesinos y pescadores”, así como indicar cómo es que se realizan proyectos apegados a los estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas. 

En el caso específico del proyecto de la planta de amoniaco, los expertos independientes solicitaron al gobierno mexicano informar si orientaron a la empresa Gras y Petroquímica de Occidente “sobre la forma de respetar los derechos humanos en todas sus actividades de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (Principios Rectores), en particular en materia de debida diligencia”. 

Asimismo, se requirió al país informar sobre las medidas que ha tomado o tomará “para asegurar que las y los habitantes de Topolobampo, incluyendo al pueblo indígena yoreme, tengan una reparación integral y efectiva de conformidad con el derecho internacional, incluyendo los Principios Rectores”.  

Al señalar que el caso será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum tomar medidas de protección para los defensores mencionados, así como “investigar, procesar e imponer sanciones a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como evitar que hechos como los denunciados se repitan. 

Firmaron las misivas los relatores especiales Albert K. Barume, Alexandra Xanthanki, Astrid Puentes Riaño, Irene Khan, Gina Romero, Tlaleg Mofokeng, Mary Lawlor, K.P. Ashwini y Pero Arrojo- Agudo así como los presidentes de los grupos de trabajo, Pichamoon Yeophantong y Carlos Arturo Duarte Torres.