CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La falta de resultados es el saldo que deja Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR) durante sus siete años de gestión. 

Casos como el Odebrecht, Segalmex, la Estafa Maestra, el robo de combustible y el huachicol fiscal, así como la persecución a los grupos de la delincuencia organizada, ejemplifican la deficiencia del Ministerio Público federal ante los grandes escándalos de corrupción y la incesante operación criminal en México. 

De acuerdo con el informe anual de labores del 2024, hasta el 31 de diciembre pasado la FGR de Gertz Manero, que arrancó en diciembre de 2018, había iniciado 499 mil 801 carpetas de investigación.

Durante todo el año pasado, las distintas fiscalías y delegaciones de la FGR judicializaron un total de 15 mil 595 carpetas de investigación, 8 mil 664 sin detenidos y 6 mil 931 con detenido.

Sin embargo, sólo obtuvo 7 mil 742 sentencias condenatorias, ninguna de ellas en casos como la lucha contra el huachicol, Segalmex, la Estafa Maestra, Odebrecht o Agronitrogenados, por mencionar algunos.

En cambio logró la conclusión de 6 mil 949 casos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias; 3 mil 44 de ellos por acuerdos reparatorios de los que, afirma el documento oficial, ya fueron cumplidos 3 mil 2 que significaron un monto total de 595 millones 802 mil 789.81 pesos supuestamente entregados a víctimas u ofendidos por concepto de reparación del daño.

Sin embargo, en el sistema penal tradicional, es decir, de proceso mixto, la FGR consignó 43 averiguaciones previas, mientras que en 982 casos se dictó la suspensión condicional del proceso y los jueces federales decretaron el sobreseimiento (cancelación) de mil 165 procesos penales.

El año pasado la FGR presentó 113 demandas a través de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio que, a su vez, obtuvo 29 sentencias favorables que significaron la adjudicación de bienes por la cantidad de 116.7 millones de pesos.

Quedaron en trámite 184 demandas en las que estaba en litigio una cantidad aproximada de 8008.4 mdp.

Aunque en todo 2024 la FGR presentó 980 solicitudes de extradición a otros países, sólo fueron recibidas 14 personas que estaban evadidas de la justicia.

En enero de 2023, Proceso informó en su edición 2412 que tres de las fiscalías que investigan los principales temas de interés para el Ejecutivo federal arrastraban falta de resultados, tendencia que no ha cambiado del todo.

De acuerdo con el informe de la FGR, en el año 2024 la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) determinó 3 mil 333 averiguaciones previas, es decir, investigaciones que fueron iniciadas por la anterior PGR o por delitos que fueron cometidos mucho antes de la reforma penal de 2008.

También en el año 2024 la FEMDO determinó 753 carpetas de investigación, sólo ejerció acción penal contra 26 personas; los ministerios públicos federales de dicha Fiscalía obtuvieron apenas 13 órdenes de aprehensión contra 25 personas y autos de formal prisión contra 47, en tanto, obtuvo 82 sentencias condenatorias contra 226 personas.

En sistema penal acusatorio, la FEMDO inició 745 carpetas de investigación y sólo judicializó 227 con un total de 699 personas involucradas.

Obtuvo 65 órdenes de aprehensión contra 196 imputados y detuvo a 503 personas; fueron dictados autos de vinculación a proceso contra 630 imputados, sin embargo, sólo logró 273 sentencias condenatorias contra 420 personas, 185 de ellas dictadas en procedimientos abreviados en los que el ministerio público acepta solicitar penas mínimas y 235 en juicio oral.

Ese año, dicha fiscalía tenía a su cargo una acusación de lavado de dinero por 720 millones de dólares supuestamente desviados de la Fundación Mary Street Jenkins.

Sin embargo, el 14 de mayo de 2024, Proceso informó que el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México consideró que la FGR estaba impedida para reabrir la investigación del caso y solicitar la vinculación a proceso de Juan Carlos Jenkins de Landa y el abogado Carlos Román Hernández por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, ordenó a la FEMDO archivar la carpeta para que sea revocada la vinculación a proceso dictada contrsa Jenkins de Landa y Román Hernández y que fueran anuladas la órdenes de captura contra integrantes de la familia Jenkins.

En este caso, el entonces Subprocurador de Delitos Federales de la FGR, Juan Ramos López, quien hasta el día de su muerte fue mano derecha de Gertz Manero, ordenó reabrir la investigación en junio de 2020 pese a que la decisión de no proceder penalmente había quedado firme desde el año 2018.

En el año 2024 la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) recibió 724 denuncias, 604 de ellas relacionadas con el proceso electoral federal 2023-2024.

Inició 726 carpetas de investigación, 548 en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, donde se determinaron 258 carpetas y tenían en trámite 290 carpetas, el resto de las carpetas fueron iniciadas por violencia política contra las mujeres.

En cambio, sólo judicializó 52 carpetas de investigación de un total de mil 38 de las que tenía en trámite durante el año pasado.

En agosto de 2024 falleció el titular de la FISEL, José Agustín Ortiz Pinchetti, dejando pendiente la tramitación de investigaciones por la supuesta intervención de la ministra en retiro, Norma Piña a favor de la excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez en el proceso electoral en el que Sheinbaum resultó ganadora.

También la denuncia de Gálvez por un supuesto desvío de recursos de Notimex para financiar la campaña de la actual titular del Ejecutivo federal.

Mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició 816 carpetas de investigación; 222 por ejercicio ilícito del servicio público; 61 por abuso de autoridad; 9 por coalición de servidores públicos; 170 por uso ilícito de atribuciones y facultades; 5 por pago y recibo indebido de remuneraciones; 2 por concusión; 3 por intimidación; 21 por intimidación; 21 por ejercicio abusivo de funciones; 14 por tráfico de influencias; 49 por cohecho; 124 por peculado; 42 por enriquecimiento ilkícito y 94 por “otros delitos”.

El informe detalla que de esas 816 carpetas, fueron determinadas 283 y quedaron en trámite 533.

En 106 carpetas se dictó la abstención de investigar; 184 fueron acumuladas a otras investigaciones; en 170 se declaró incompetente; 107 fueron judicializadas; en 15 obtuvo acuerdos reparatorios cumplidos; en 3 otorgó criterios de oportunidad y en 233 dictó el no ejercicio de la acción penal.

El 28 de abril de 2024 esta casa editorial informó que el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, fue denunciado ante esta fiscalía por un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales.

Pese a los números presumidos como logros de la FGR, en la administración de Gertz Manero la institución ha enfrentado sus propios conflictos al verse obligada a separar del cargo a su extitular del Órgano Interno de Control (OIC), Arguro Serrano Meneses, junto con nueve integrantes de su equipo contra quienes inició investigaciones por supuestamente participar en actos de corrupción.

Mientras tanto, otros casos por corrupción nunca prosperaron como el que la FGR inició contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por la compraventa de la planta de Agronitrogenados y el escándalo Odebrecht.

Pues en el caso de la planta de fertilizantes lo único que logró la Fiscalía fue firmar un acuerdo reparatorio con el empresario Alonso Ancira, cuyo pago total de la reparación del daño aún no ha sido cubierto pero sí fue utilizado por Lozoya para suspender, mientras tanto, su propio proceso penal.

El caso de la Estafa Maestra en el que la FGR y el gobierno federal mostraron a Rosario Robles como principal responsable, fue otro de los grandes fracasos de la administración de Gertz Manero pues la extitular de la Sedesol no fue imputada por el desvío millonario sino por ejercicio indebido del servicio público y finalmente el asunto fue cancelado por un juez federal al considerar que debía ser litigado en la materia administrativa y no por la vía penal.