SALTILLO, Coah., (apro) .- El diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores Guerra, exigió la suspensión del fallo previsto para este miércoles por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de 10.2 millones toneladas de carbón, por considerar que la licitación internacional CFE-0001-CAAAT-0068-2025 está plagada de irregularidades y beneficia a empresas fantasmas o que no tienen capacidad ni infraestructura para suministrar el carbón mineral.  

Durante su intervención en tribuna mostró la lista de varias de las empresas que no cuentan con lo necesario para abastecer los requerimientos para la operación de las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II ubicadas en el municipio de Nava, al norte de Coahuila.  

“Solicitamos la suspensión del fallo de la licitación propuesta hasta en tanto no se garantice una evaluación técnica debidamente motivada y documentada. Al mismo tiempo corresponde al órgano interno de control de la Comisión Federal de Electricidad iniciar de oficio una investigación exhaustiva sobre el procedimiento de evaluación técnica, con especial énfasis en revisar el dictamen remitido y comprobar el estricto cumplimiento de las disposiciones generales aplicables al concurso", señaló. 

Al trascender la lista de las 26 empresas, de las 69 que compitieron, y cuya propuesta técnica fue avalada por el comité de adquisiciones, el legislador local afirmó que la licitación benefició a empresas de la familia de Régulo Zapata Morales, a quien llamó “coyote mayor", y de su madre Carolina Morales Iribarren, quien se desempeña como funcionaria estatal. 

Ella y su esposo gobernaron el municipio de Sabinas y anteriormente tenían contratos con la CFE para la adquisición de carbón de diseño a través de otras tres empresas que, afirmó el petista, fueron sancionadas al vender material de baja calidad, “incluso con tierra pintada de negro". 

El legislador aseguró que un grupo de productores le expresaron la preocupación de que se haya aceptado las propuestas de un grupo de falsos productores encabezados por Régulo Zapata Morales.  

"Entregar el mercado a intermediarios que no poseen centro de explotación, como el caso de Zapata Morales, o que por su propia naturaleza solo podrían aportar carbón de desecho es una afrenta directa a la economía de las familias coahuilenses, sobre todo en la región carbonífera, ya que Régulo Zapata vive en Monterrey y podría llevarse ese dinero a otros estados, incluso al extranjero. Si permitimos arbitrariedades aquí expuestas y favoritismo al coyote del carbón, la carbonífera no podrá salir del abismo de la pobreza en la que está inmersa”, afirmó.  

Flores Guerra dijo que es necesario la intervención del órgano interno de control de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que las empresas participantes, que no fueron seleccionadas, se les garantice el derecho de audiencia y se revisen las acciones del comité de licitaciones cuyas decisiones pueden afectar a los productores locales.  

En la tribuna, el legislador pegó los nombres de las empresas que asegura son fantasmas y en las que participan las familias Iribarren y Zapata Morales, de extracción priista. 

Una de ellas es SCI Edificaciones, creada en el 2012 con la sociedad de Juan de Dios Adrián Fragoso Hernández y José Feliciano Díaz Iribarren, actual presidente municipal de Sabinas por el Partido Verde Ecologista Mexicano y familiar de los Zapata Iribarren.  

Él vendió sus acciones a Alicia Elizabeth Fragoso Salcedo apenas el pasado 5 de agosto y ella aparece como proveedora de servicios de difusión y mantenimiento de inmuebles en el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Coahuila. A la empresa se le otorgarán 233 mil toneladas. 

Minera Especializada Líbano fue creada en el 2015 y proporcionarán 101 mil toneladas. Los socios fundadores son los hermanos Abraham Dagoberto y José Ignacio Mucio Ramírez, pero dos años después éste último vende sus acciones a Yolanda del Rosario Ledezma Galván, con quien funda la empresa Servicios Especializados en el 2022.  

José Rodolfo Esquivel Lozano, actual tesorero de Sabinas, aparece como comisario de Minera Especializada Líbano, al igual que en empresas como Morales Mining, cuyo dueño es Carlos Simón Morales Iribarren, tío de Régulo Zapata jr. y hermano de Carolina, creada en el 2019 en sociedad con Santa Patricia Elizabeth Tijerina Castillo. 

Carlos también es dueño de Minerales de la Florida, quien venderá 586 mil toneladas de carbón, mientras que Morales Mining 480 mil toneladas. 

En Comercializaciones Industriales Dizna, premiada con 420 mil toneladas, aparece como apoderado el hoy alcalde de Sabinas; como comisario nuevamente Esquivel Lozano y como fundadores en 2015 Rodrigo Navarro Chapa y Sergio Armando Díaz Iribarren. En el 2018 Navarro Chapa vende sus acciones al hoy edil, quien en el 2023 se las vende a sus hermanos Sergio y Lucio. 

La empresa Malcasa fue creada en el 2021 y aparecen como propietarias Viviana Carolina González de la Fuente y su madre, Flor Malinali de la Fuente Jaspersen. En mayo del 2025 modifican el objeto de la sociedad e integran tareas como el transporte de mineral a granel o minerales beneficiados y sus derivados, así como la extracción de carbón en minas de profundidad, tajo a cielo abierto, además de la extracción y comercialización de carbón mineral, entre otras tareas que tienen que ver con el arrendamiento de maquinaria y de inmobiliario, como sillas y toldos. Sin tener experiencia venderán 420 mil toneladas. 

La empresa Desarrollos Mineros GH es propiedad de Miguel Ángel Fuentes Rodríguez y Anette Yolanda Calderón, se constituyó en el 2017 con el nombre de Desarrollos Mineros Fuentes, y en enero del 2024 asume la nueva denominación social y Miguel Ángel transfiere sus acciones a Gerardo Hernández López, relacionado en medios de comunicación, y Annette Yolanda a Guillermo Gerardo Hernández Garza. 

Corporativo Basaoc es de reciente creación. Se registró en el 2023 con los socios Jesús Arnulfo Vera Martínez y Milena Ana Karen Vázquez Rodríguez, quienes dos años después vendieron sus acciones a Óscar Eduardo Murillo Castañón y María de los Ángeles Gómez Aguirre. La empresa tendrá una asignación de un millón 200 mil toneladas que equivalen a casi dos mil millones de pesos. 

“Estos personajes no son mineros; no tienen un centro producción, sin embargo, les asignaron casi dos mil millones de pesos”, dijo. 

La empresa Arcus Multiservicios tiene como socios a Abraham Sánchez Gómez y Antonio Gabriel Grimaldo Morales y fue registrada apenas en mayo del 2023. Tendrá una asignación de 233 mil toneladas. 

En el caso de Infraestructura Minera Catamco, con sede en la ciudad de Monterrey, los socios son Abel Alvarado Tijerina, Jaime Torres Delgado y Melchor González Vélez. En el Registro Público de Comercio aparece como responsable del órgano de vigilancia Juan Salvador García Luna Vargas, primo de Luis Rafael García Luna Acuña, quien aparece como socio mayoritario de la Compañía Minera El Pinabete. 

Alvarado Tijerina pone a la venta sus acciones en el 2021 y en agosto del 2022 hace lo mismo Torres Delgado; todas las adquiere Rodríguez Espinoza y se convierte en socio mayoritario. Venderá a la CFE 481 mil toneladas. 

Finalmente, Asac Minería tendrá el contrato por 233 mil toneladas. Sus dueños son los militantes de Movimiento Ciudadano Alfredo Salvador Aguilar Cruz e Irma Cruz Castillo y fue creada en noviembre del 2021. 

Para el legislador, repetir la historia de hace tiempo, cuando la CFE beneficiaba a las familias de políticos con los contratos, provocará retroceso y afirmó que la empresa federal aceptó “moches” de 150 pesos por tonelada para beneficiar a unos cuantos y dejar fuera a los productores reales de la región. 

“Cuando digo que lo convirtieron en asignación directa, es porque en el proceso entraron 69 empresas y en cada partida había hasta 15 propuestas económicas, lo que ayudaría a la CFE a escoger el mejor postor en precio y tener grandes ahorros, pero los amigos en la CFE de Regulo Zapata eliminaron a reales productores a cambio de moches de 150 pesos por tonelada y así eliminaron casi un 70 por ciento de los productores para dejar un solo postor por partida, al que le darán el fallo a su favor y no habrá piedras en el camino porque hubo arreglo en los oscurito”, acusó. 

Flores Guerra reiteró que dichas empresas no tienen capacidad para surtir más de 5 millones de toneladas, que representan arriba de 8 mil millones de pesos. 

Pese a los argumentos, el pleno rechazó por mayoría de los legisladores de la alianza PRI, PAN, PRD y UDC, que se sometiera el punto de acuerdo como urgente y de obvia resolución, mientras que dos morenistas se abstuvieron, dos votaron en contra y una se ausentó.