CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este martes 27 de mayo se cumple una semana del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En redes sociales y medios de comunicación abundan las especulaciones, hipótesis y noticias falsas sobre el crimen, sin que el Gobierno de la Ciudad de México haya hecho pública una versión oficial sobre el móvil; tampoco ha informado sobre la detención de alguno de los autores materiales, mucho menos, de los intelectuales.

A diferencia de episodios recientes de violencia política en la capital —como el fallido atentado contra Alessandra Rojo de la Vega o el ataque a Omar García Harfuch en 2020—, la respuesta institucional en el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz Vega ha sido marcadamente más opaca. En aquellos casos, las autoridades ofrecieron versiones oficiales con rapidez, realizaron conferencias de prensa, difundieron narrativas que reforzaban su capacidad operativa e incluso presentaron detenciones en cuestión de días. Aquí, en cambio, la lentitud y el silencio contrastan con el nivel de violencia, planeación y simbolismo del crimen.

Aunque hasta el momento no ha ofrecido declaraciones puntuales sobre la motivación detrás del doble asesinato, el pasado 22 de mayo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se refirió al crimen en el contexto de una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Sin embargo, comunicadores y académicos han advertido que se trata de un caso que va más allá de las estadísticas, apuntan a un mensaje de poder con implicaciones políticas, que desnuda el carácter estratégico y político del crimen en la capital. Este doble homicidio no solo es un hecho violento más, sino una acción calculada que, en la opinión de más de un experto, podría buscar evidenciar disputas de fondo entre redes delictivas y estructuras de poder.

Un día después de los homicidios, los titulares de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Bertha Alcalde, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, revelaron que al menos cuatro personas participaron en la ejecución, que hubo vigilancia previa, que fue “un ataque directo, con alto grado de planeación y que implicó una inversión de recursos considerables”.

Tres fueron los transportes en los que los responsables se dieron a la fuga, las autoridades lograron asegurar una motocicleta y un automóvil. No encontraron huellas dactilares y los casquillos que quedaron en la escena del crimen revelaron en su análisis que el arma no había sido usada en delitos anteriores.

La mañana del pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán se orilló sobre la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, para recoger a José Muñoz. No lo sabía, pero frente a su automóvil se paró el hombre que momentos después les arrebataría la vida a ella y a su compañero de trabajo.

El sicario demostró un alto grado de preparación, esperó pacientemente a que Muñoz se acercara y abordará, entonces, con seguridad, desenfundó una nueve milímetros, apuntó y a plena luz del día descargó con silenciador 12 balas en dirección al parabrisas del automóvil. En el cuerpo de Ximena impactaron ocho, en el de José cuatro.

Ella era secretaria particular de Clara Brugada desde septiembre de 2023, tenía bajo su responsabilidad la agenda diaria y coordinaba sus citas; mientras que él, asesor de confianza, analizaba información clave y redactaba sus discursos, tareas de alta responsabilidad.

Las características del crimen ofrecen un panorama puntual de análisis para los expertos, académicos e incluso, en lo evidente, para cualquiera: Fue un crimen ensayado, con una dimensión simbólica que descansa en el performance.

En tanto, la demora de las autoridades en ofrecer detalles del crimen, más allá de los cuatro sospechosos identificados y los indicios recabados, dan muestra de la complejidad operativa que implicó el ataque contra los colaboradores del Gobierno central, así como del peso del mensaje.

En comparación con los últimos atentados polémicos en la capital mexicana, en esta ocasión, el despliegue operativo de la SSC y la Fiscalía local no demostró una efectividad acelerada para presentar culpables, tampoco ha habido una dispersión de declaraciones y conferencia para difundir una narrativa favorecedora hacia el trabajo progresivo de las instituciones.

Por ejemplo, durante el pasado periodo electoral, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue víctima de un atentado el 11 de mayo de 2024.

Tras ello, sucedieron una serie de conferencias de prensa en las que se reveló información sobre el ataque, tanto por parte de la oposición como de la SSC, ya a cargo de Vázquez, y la FGJCDMX, con Ulises Lara al frente de ella.

Seis días después del atentado, autoridades capitalinas y federales detuvieron al hombre que descargó el arma contra el vehículo en el que viajaba la aliancista.

Un caso aún más representativo que se remonta a la administración como jefa de Gobierno de Claudia Sheinbaum, actual presidenta: El ataque contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Las primeras horas del 26 de junio de 2020, cuando Harfuch era secretario de Seguridad Ciudadana, fue víctima de un atentado en Paseo de la Reforma, donde un grupo de 28 hombres armados cerraron el paso de la camioneta en la que viajaba y dispararon contra él.

La noche de ese mismo día, las autoridades ya habían detenido a 19 presuntos culpables, entre ellos, un hombre señalado como autor material.

Ahora, en el caso del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz Vega, los pronunciamientos del Gobierno de la ciudad son escasos, así la información sobre el crimen es insuficiente, aunado a que la que se ha difundido no proviene de fuentes institucionales, sino de filtraciones a medios de comunicación.

Mientras las autoridades mantienen hermetismo sobre el avance de las investigaciones, el contexto y la forma en que ocurrió el crimen continúan alimentando dudas sobre su verdadero trasfondo. La ejecución meticulosa, el perfil de las víctimas y el mensaje implícito en el acto han encendido las alertas sobre el posible reacomodo de fuerzas criminales en la capital.

En una ciudad donde lo político y lo delictivo parecen entrelazarse cada vez más, este caso plantea preguntas incómodas sobre los límites del control institucional frente a una violencia que, más que aleatoria, se percibe calculada.