COLIMA, Col. (apro).- Griselda Martínez Martínez, expresidenta municipal de Manzanillo, fue vinculada a proceso junto con exintegrantes de su gabinete y del Cabildo por haber autorizado al final de su administración la entrega de un bono de subsistencia, equivalente a tres meses de sueldo, a cerca de 200 trabajadores de confianza, incluidos funcionarios y regidores, por una cantidad que en total sumó alrededor de 25 millones 547 mil pesos. 

La jueza de control consideró que existen elementos suficientes para abrir proceso penal en contra de la exalcaldesa y de quienes formaron parte de su equipo, por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por violaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del estado y los municipios. 

Además de Griselda Martínez, también fueron vinculados: Héctor Ramírez, exoficial mayor; Eduardo Camarena, extesorero; Héctor Luna, exdirector de recursos humanos; así como las exregidoras Rosa Herrera, Karla Nai y Zarina Jocelyn Calleros; el exregidor Daniel Mendoza; y las actuales regidoras Martha Zepeda del Toro (MC) y Sara Valdovinos (PRI). 

A las dos últimas, por encontrarse en funciones como regidoras dentro del actual Ayuntamiento de Manzanillo, la jueza les impuso como medida cautelar la separación temporal de su cargo, mientras que el proceso judicial continuará en libertad para todos los implicados, en lo que corre el plazo de tres meses fijado para la investigación complementaria. 

Sin embargo, la resolución judicial provocó diversas reacciones en el ámbito político, dado que Griselda Martínez ha sido identificada como una de las principales críticas de la administración de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva, a cuyo partido también pertenecía la exalcaldesa, pero fue expulsada meses antes de las elecciones del año pasado y se incorporó a Movimiento Ciudadano, del que fue candidata al Senado. 

Después de que se conoció la vinculación a proceso, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, denunció a través de su cuenta en X que tanto la gobernadora Indira Vizcaíno como la actual presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo, también morenista, están acosando a Griselda Martínez y Martha Zepeda. 

“Siguiendo el mal ejemplo de lo sucedido en Veracruz y Campeche, pervierten las instituciones judiciales para perseguir a sus adversarios”, publicó Álvarez Maynez. 

Por su parte, al concluir la audiencia Griselda Martínez rechazó los señalamientos en su contra y sostuvo que el caso obedece a intereses políticos. 

“Seguiremos defendiendo y argumentando lo que hemos venido sosteniendo: no hemos cometido ninguno de los delitos que se nos imputan. Vamos a recurrir a otros instrumentos jurídicos para nuestra defensa”, declaró. 

La exalcaldesa fue más allá y acusó que en Colima “el estado sigue cooptado por un grupo de interés y, por esa razón, son capaces de atreverse a dictar sentencias sin hacer justicia”. 

En alusión a la publicación de un medio local en el sentido de que la jueza que dictó la vinculación, Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, había aparecido en los acordeones de Morena durante la reciente elección judicial, Griselda Martínez publicó en su perfil de la red social Facebook: “La juez ‘del bienestar’ actuó por consigna”. 

En tanto, desde el PRI, la dirigencia estatal calificó de “desproporcionada e injustificada” la medida de separar del cargo a su regidora Sara Valdovinos, advirtiendo que se violan principios de representación ciudadana. 

“La política no debe ser utilizada como herramienta de persecución ni de revancha; la voz ciudadana que representa nuestra compañera no puede ni debe ser acallada mediante decisiones que lesionan la vida democrática de los municipios”, puntualizó el tricolor.