CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el artículo 253 del Código Penal local, con el objetivo de incrementar las sanciones por el delito de asociación delictuosa y ampliar los supuestos en que aplica.

De acuerdo con la propuesta, se busca elevar de cuatro a cinco años la pena mínima y de ocho a diez años la máxima, además de duplicar las multas que podrían ir de 200 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a entre 22 mil y 226 mil pesos.

El planteamiento incluye un nuevo rango de sanción —de 10 a 15 años de prisión— para las bandas o asociaciones vinculadas con delitos de homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, narcomenudeo o lavado de dinero.

La iniciativa también propone aumentar a la mitad la pena para quienes desempeñen funciones de dirección, administración, supervisión u organización dentro de dichas bandas.

El documento define estos términos para facilitar su aplicación penal: la “administración” se refiere al manejo interno y financiero de los grupos, mientras que la “supervisión” implica labores de control y vigilancia sobre las actividades ilícitas.

En su exposición de motivos, el gobierno capitalino argumentó que la reforma busca “proporcionalidad” y “utilidad social”, sustentando el aumento de penas en datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FDJCDMX) que estiman que al menos 10% de las personas detenidas en la capital están vinculadas con algún grupo delictivo organizado.

El planteamiento llega en un contexto en que la administración de Brugada ha impulsado una narrativa de “fortalecimiento de la seguridad” y de combate a estructuras criminales, en línea con la estrategia federal de coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).