CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Penal local y aumentar las penas por el delito de amenazas, con especial énfasis en los casos que involucren bombas o explosivos.  

La iniciativa de la mandataria morenista se da en un contexto de frecuentes amenazas falsas de bombas al interior de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por las cuales la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha recibido 18 denuncias.  

Según la propuesta, actualmente las amenazas se sancionan con tres meses a un año de prisión; la reforma plantea elevar la pena a uno a dos años. Además, la iniciativa prevé agravar la pena al triple —es decir, tres a seis años de prisión— cuando la amenaza se realice en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Cuando se realice con armas
• Cuando quien amenaza se ostente como integrante de un grupo criminal
• Cuando la amenaza consista en causarle la muerte a algún familiar de la víctima
• Cuando la amenaza consista en la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos en vehículos o instalaciones públicas o privadas 
• Cuando la amenaza se dirija a víctimas, testigos, jueces o policías con la finalidad de afectar su participación en un proceso penal

“Pena desproporcionadamente baja”

En la exposición de motivos, la mandataria argumenta que el artículo 209 del Código Penal local “se limita a sancionar el acto de amenazar con causar un mal” y no considera los medios, finalidades o contextos (por ejemplo, amenazas realizadas a través de medios digitales) en los que se producen.

La iniciativa señala que la penalidad actual es desproporcionadamente baja frente al riesgo que implican ciertas amenazas en la escalada de violencias y que la legislación vigente no distingue grados de gravedad ni contempla agravantes contemporáneos como el uso de armas o la intimidación de testigos. 

La reforma, por tanto, busca incorporar de manera expresa circunstancias agravantes —incluyendo amenazas que impliquen explosivos en vehículos o instalaciones— y ampliar el catálogo de conductas que ameritan sanciones mayores. Corresponde ahora al Congreso capitalino discutir el alcance de la modificación y decidir si la incorpora al ordenamiento penal local. 

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