GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- El sueño de consolidar un patrimonio familiar se ha transformado en una pesadilla financiera y legal para cientos de trabajadores en el estado de Jalisco. Lo que originalmente fue diseñado como un mecanismo de justicia social para garantizar el acceso a una vivienda digna a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta graves señalamientos de fraude, despojos y corrupción.

Testimonios, revisiones documentales en el Registro Público de la Propiedad y denuncias internas de los propios trabajadores del organismo civil revelan un complejo entramado que abarca desde la entrega de fincas inhabitables y fraudes mediante la suplantación de identidad, hasta una presunta red de corrupción interna dedicada a la filtración de bases de datos para el despojo de inmuebles.

A pesar de los lineamientos de la dirección general a nivel nacional, que de manera reiterada ha prometido el cese de los desalojos y la regularización de los créditos rezagados, la realidad en la delegación Jalisco camina en un sentido opuesto. La opacidad administrativa, la falta de atención por parte de las autoridades locales y las represalias contra quienes se atreven a denunciar las irregularidades configuran un panorama de desprotección absoluta para los derechohabientes, especialmente para aquellos que pertenecen a sectores de alta vulnerabilidad.

Pagar por paredes de “hielo seco” y promesas rotas

Para las hermanas María de Lourdes y Ana Villanueva Granados, la llegada de la edad adulta mayor debió ser una etapa de estabilidad. En lugar de ello se ha convertido en un periodo de asfixia económica y burocrática. Desde hace dos años ambas observan mes con mes cómo se aplican descuentos directos a sus salarios para cubrir un crédito hipotecario de 575 mil pesos otorgado por el Infonavit. Sin embargo, a la fecha no han recibido las llaves de su vivienda ubicada en el municipio El Salto ni cuentan con una fecha cierta de entrega.

La problemática de las hermanas Villanueva Granados posee un doble fondo. Al impago y la dilación en la entrega de la obra se suma la calidad de la edificación ofrecida por la empresa constructora.

Al realizar una inspección física del inmueble asignado, las afectadas constataron que la propiedad incumplía sistemáticamente con las especificaciones técnicas prometidas en los contratos y folletos informativos. La vivienda presentaba condiciones indignas, destacando el uso de materiales precarios como paneles de poliestireno expandido (material plástico espumado y rígido, compuesto en un 98% por aire, conocido comúnmente como "hielo seco") en muros estructurales sin el recubrimiento ni la consolidación técnica requerida. Ante el riesgo que esto representa para su seguridad, se negaron a firmar el acta de recepción formal.

“Cuando nos dijeron que sí nos daban la aceptación del crédito, nosotros estuvimos muy felices y muy contentas porque nos íbamos a hacer una vivienda, pero no sabiendo que es un gran problema porque hasta la fecha no nos ha entregado ni las llaves y nos traen dando vueltas y no nos dan nada. Nosotros estamos pagando una renta de 7 mil pesos y para el siguiente año la van a subir a 8 mil”, señaló María de Lourdes.

La respuesta del Infonavit ante esta evidente omisión en la supervisión de las constructoras aliadas ha sido el silencio. Las afectadas interpusieron un escrito formal a finales de octubre pasado dirigido de manera directa al delegado del organismo en Jalisco, Lucio Ernesto Palacios. Hasta el momento el funcionario no las ha recibido ni ha emitido pronunciamiento alguno.

“Ellos no nos han dado ninguna solución, inclusive hemos ido con el delegado y con la que nos aceptó el crédito y nos traen vuelta y vuelta”, lamentó Lourdes, quien ahora ve como única salida la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para detener lo que califica como un abuso financiero que pone en riesgo su subsistencia.

La trampa del "préstamo en efectivo": El fraude de Villa Fontana Aqua

El caso de Gabriela Arreguin Atilano, residente del municipio de Acatlán de Juárez, expone una modalidad de fraude mucho más agresiva: la utilización de la estructura del Infonavit para engañar a trabajadores mediante falsos esquemas de préstamos de liquidez inmediata. Gabriela, junto con cuatro compañeros de su centro laboral —incluido su propio hijo—, ingresó a este mecanismo bajo el engaño de que recibirían un apoyo financiero a corto plazo.

Una conocida del entorno laboral le facilitó el contacto de una operadora externa identificada como "Daniela", quien ofrecía supuestos créditos en efectivo a pagar en un plazo estipulado de dos años. Bajo esta premisa, Arreguin entregó la documentación personal de carácter laboral e impositivo que le fue requerida. Posteriormente fue citada en una notaría pública (la número 7, a cargo de Salvador Guillermo Plaza Arana) para formalizar la transacción, bajo la promesa de recibir una entrega neta de 44 mil pesos en efectivo, comprometiéndose a realizar aportaciones semanales de 500 pesos.

“Era un montón, muchos papeles; quise empezar a leerlos y me dijo: ‘si quiere nomás fírmele, porque son muchos los que va a firmar y para que no se entretenga y no se le haga tarde’. Firmé muchas, muchas hojas, y me dijo: ‘ya sería todo, ya nada más me mandas el número de tu tarjeta y vas a pedir una hoja ahí en tu trabajo y ya con eso se te deposita’. Le dije: ‘no me vas a dar un comprobante o algo”, dijo ‘no así’. Pedí en mi trabajo la hoja que me había dicho y ya me depositaron el dinero”, recordó Gabriela Arreguin.

La realidad jurídica detrás de esas firmas era radicalmente distinta a un préstamo en efectivo. Los gestores y los empleados del Infonavit involucrados utilizaron las identidades e historiales crediticios de las víctimas para tramitar y autorizar créditos hipotecarios de alto valor comercial, destinados a la adquisición de fincas de bajo costo ubicadas en zonas con severos problemas de conectividad, servicios públicos e inseguridad, tales como el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Desde hace cuatro años, Gabriela Arreguin sufre deducciones salariales que superan los 800 pesos semanales por un inmueble que jamás solicitó, cuya localización física ignoraba por completo y del cual nunca recibió posesión. "La estoy pagando hace ya casi cuatro años, me rebajan más de 800 pesos por semana y ni siquiera sé dónde está la casa. A mí me dijeron que era un préstamo y a fin de cuentas lo que me hicieron fue una estafa y firmé lo de la casa, igual mis compañeras, están igual”, relató con desesperación. La situación es crítica, pues los remanentes de su sueldo apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de ella y su hijo, quien padece una discapacidad.

Una investigación documental realizada por esta reportera en el Registro Público de la Propiedad permitió la localización y revisión de las escrituras vinculadas a este fraude. Los folios reales muestran que el empleado del Infonavit formalmente involucrado en el proceso de adquisición y validación de las fincas es Mauricio García Medina. De acuerdo con la estructura organizacional vigente de la institución, García Medina se desempeña dentro de la Gerencia de Crédito bajo el cargo formal de "Encargado C".

La trama sumó un elemento sorpresa cuando Francisco, hijo de Gabriela y también afectado por el esquema, descubrió de manera fortuita la ubicación exacta de la vivienda que legalmente está pagando. El hallazgo ocurrió derivado de un despliegue operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la zona.

La persona que renta la casa de Francisco tras el operativo contactó a quien pensó que era el dueño de la finca, un sujeto que dijo llamarse Omar Solís. Sin embargo, el sujeto a quien vio sólo una vez y traía un gafete del Infonavit, le mandó por WhatsApp la identificación y el contrato de compraventa que firmó Francisco. La arrendadora buscó al verdadero propietario y fue cuando el hombre supo dónde se ubicaba su casa.

Esta reportera acudió a la propiedad de Francisco para hablar con la mujer que renta la casa, ella mencionó que depositaba 600 pesos a diferentes cuentas el dinero. Tras retirarse los elementos de la Fiscalía, de nuevo llamó al presunto dueño, quien sólo se burló de ella al decirle que “estaba pendeja por apenas darme cuenta”, refirió la mujer.

Además, afirmó que acudió a una oficina de Infonavit cercana al fraccionamiento donde le dijeron que no debía preocuparse por la situación de la vivienda.

Denuncia interna: Filtración de datos, despojos y mediaciones apócrifas

La gravedad de estos testimonios particulares adquiere una dimensión institucional a la luz de las declaraciones de Liliana Aguilar, empleada en activo de la delegación del Infonavit en Jalisco. Aguilar ha decidido romper el silencio institucional para exponer la existencia de una presunta red de corrupción y hostigamiento laboral orientada a la manipulación sistemática de las bases de datos de la institución para fines ilícitos de despojo de vivienda.

De acuerdo con la funcionaria, la operación ilegal consiste en la extracción masiva de información confidencial de las cuentas de los derechohabientes. Aguilar identificó de manera directa a dos mediadores que operan bajo estas directrices: "Misael" y "Mireles". Respecto a este último, detalló que cuenta con antecedentes penales y una denuncia formal por fraude y robo interpuesta hace cinco años por el propietario del despacho jurídico donde laboraba con anterioridad, motivo por el cual llegó a ser detenido en las propias instalaciones del instituto.

A decir de la denunciante, las conductas irregulares se ejecutan bajo el amparo directo de la coordinadora de Cobranza social en la entidad, Ana Lilia Ríos. "Mireles saca las bases de datos, y aparte Ana Lilia hace que los asesores traigan una libreta, anoten el nombre completo, domicilio y si está habitado o no está habitado. ¿Para qué? Pues ahorita hay un chorro de despojos”, precisó Aguilar. Esta recopilación de datos de campo permitiría identificar viviendas en situación de vulnerabilidad jurídica o abandono temporal para proceder a su ocupación o reasignación irregular.

Esta operación contradice las directrices emitidas a nivel federal por el director general del Infonavit y exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien asumió el cargo con la consigna de mantener una política de cero desalojos contra trabajadores rezagados, proponiendo esquemas de regularización e incluso mediaciones de arrendamiento social en caso de fincas ocupadas por terceros. Aguilar sostiene que las políticas del director general son letra muerta en el estado de Jalisco.

Juez y parte en los procesos de mediación

Otro de los puntos neurálgicos de la denuncia radica en las modificaciones estructurales ordenadas por la dirección general que, al aplicarse a nivel local, han generado lagunas legales aprovechadas por la red interna. La institución determinó rescindir los contratos de los despachos jurídicos externos que realizaban las tareas de cobranza social, área en la cual Liliana Aguilar se desempeñaba como supervisora.

Con la eliminación de estas firmas externas, la responsabilidad del contacto y la negociación con los deudores recayó en personal técnico interno certificado como mediador. Aguilar advierte que esta disposición vulnera los principios elementales del derecho procesal: “El director decidió quitar a los despachos jurídicos (...). Ya no hay despachos, y las que están como certificadas van a hacer las mediadoras. Es un delito fuerte hacer mediación cuando eres juez y parte del mismo instituto”, argumentó, señalando que se coacciona a los trabajadores a firmar convenios desventajosos sin una representación legal neutral.

Represalias, sueldos dorados y la sombra de Pemex

La exposición de estas irregularidades ha acarreado consecuencias graves para la integridad de la denunciante. Liliana Aguilar manifestó que empezó a recibir amenazas de muerte tras denunciar formalmente estos hechos durante una sesión de trabajo que congregó a nueve delegados institucionales y gerentes del área de cobranza. Asimismo, acusó a Ana Lilia Ríos de filtrar sus datos personales a derechohabientes con carteras vencidas con la finalidad de generar un entorno de confrontación y riesgo para su persona.

Frente a estos hechos, Aguilar ha promovido recursos de queja y denuncias ante la Unidad de Protección de Datos Personales del propio instituto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el despacho del delegado estatal del Infonavit, Lucio Ernesto Palacios.

Hasta la fecha, ninguna de estas instancias ha emitido medidas precautorias o iniciado procedimientos sancionatorios visibles. Por el contrario, Aguilar señala que existe una política de protección hacia perfiles con trayectorias cuestionables en la administración pública federal.

Como ejemplo de lo anterior, apuntó la incorporación de Leda Coral Castro como subdirectora en la delegación de Infonavit Jalisco, un puesto de alta jerarquía con tabuladores salariales que para los mandos directivos de la delegación oscilan entre los 116 mil y los 184 mil pesos mensuales.

Coral Castro cuenta con antecedentes de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) de su gestión previa en Pemex, donde fue señalada junto a otros funcionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores y por conductas que presuntamente comprometieron los estándares de calidad de los combustibles.

Con el objetivo de conocer la postura oficial de la institución frente a las acusaciones que involucran a los funcionarios Mauricio García Medina, Ana Lilia Ríos Ramírez, Leda Coral Castro, así como las omisiones atribuidas a la delegación, la reportera formalizó una solicitud de entrevista con el delegado estatal, Lucio Ernesto Palacios, a través del departamento de Comunicación Social, desde el pasado 15 de mayo.

Al cierre de esta edición, el jueves 4 último, no se ha recibido respuesta, justificación o posicionamiento alguno por parte de las autoridades del Infonavit.