CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Por considerar que incurriría en “un conflicto de interés, directo y jurídicamente insalvable” y que invadiría funciones de Ministerio Público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se declaró imposibilitada para formar parte de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala)”, relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ordenada por el Tribual Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. 

El ordenamiento surgió de la resolución de amparo 203/2017, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, tramitado por algunas de las personas detenidas por el caso Ayotzinapa, sentencia que alertó sobre irregularidades y graves actos de tortura contra los imputados para la construcción de la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam. 

En un pronunciamiento, dado a conocer el lunes 23 de febrero, el organismo contó que en diciembre pasado fue notificado sobre su pertenencia a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) por el Tribual Colegiado de Apelación, así como las facultades que tendría para acceder a todo el expediente judicial, a los acusados en los centros de detención, y a los peritajes e incluso solicitar otros.  

Sin embargo, la CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que no sólo se excusó de atender el ordenamiento judicial en su respuesta del 6 de febrero, sino que pidió al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ejercer la facultad de atracción para conocer el cumplimiento del amparo en revisión 203/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, toda vez que el asunto que se ventila en dicho cumplimiento es de interés y trascendencia nacional”.  

El organismo descalificó la resolución judicial que ordena la creación de una comisión especial, al considerar que es “un amparo que mucho daño ha hecho a la causa de la investigación del Caso Ayotzinapa” y que “permitió la liberación de más de 60 perpetradores que se determinó habían sido torturados sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”. 

Al considerar que el exhorto del Tribual Colegiado de Apelación dirigido a la CNDH, se deriva de peticiones de “quienes se tienen muchos elementos para determinar que son en realidad victimarios”, el organismo reclamó que “ya nada más falta que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) salga en defensa de los perpetradores, que es lo que parece anunciarse con sendas peticiones de información sobre beneficiarios de los amparos de 2017”.  

De acuerdo con el pronunciamiento, desde que fue emitida la sentencia a la fecha, “la situación jurídica se ha modificado de manera sustancial”, tras la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), en diciembre de 2018; la conformación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2019.

A ello se suma la emisión de una recomendación de la CNDH em 2015, la 15VG/2018 y la apertura de un nuevo expediente que próximamente derivará en una nueva recomendación, por lo que participar en una nueva comisión, “implicaría revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado, lo cual comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia” de la institución. 

Tras señalar que, de participar en la comisión ordenada por el Tribunal Colegiado de Apelación, invadiría funciones del Ministerio Público, el organismo rechazó el “quebranto de la ley, y, desde luego, ni de lejos, a ser parte de una trama que amenaza lo avanzado en los últimos seis años por la Covaj-Ayotzinapa y la UEILCA de la FGR, y en nada beneficia el curso de las investigaciones”. 

La CNDH insistió en el llamado al Poder Judicial Federal, “que vive afortunadamente una nueva etapa, para que asuma su papel y evite que continúe la utilización de las investigaciones sobre los hechos del 28 y 27 de septiembre de 2014, para fines diversos a los de las víctimas y, más aún, a los de todo el pueblo de México”.  

El pronunciamiento de la CNDH no menciona que el amparo en cuestión invalidó la “verdad histórica” que determina que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, por miembros el grupo criminal de Guerreros Unidos, además de que la PGR no pudo desvirtuar los señalamientos de tortura de los promoventes, a través de protocolos de Estambul realizados por peritos independientes como lo ordenó el juez de la causa, lo que fue validado por el  Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.