PUEBLA, Pue. (Proceso).- El juez de Oralidad de la región Puebla, Celestino Martínez Bones, fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, luego de que absolvió del delito de secuestro a Luis Javier N., miembro activo de la Guardia Nacional, y al exmilitar Rogelio Sergio N, pese a que éstos fueron detenidos en flagrancia.

Miguel Barrueta Rodríguez, quien participó en la detención de los dos integrantes de las Fuerzas Armadas y que fue reconocido como víctima indirecta de estos hechos, anunció que además pedirá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención ante la gravedad de este fallo.

“Con esta resolución absolutoria el juez pone en riesgo la seguridad de las víctimas que por más de dos años mantuvimos nuestras acusaciones en los juicios, a pesar de lo que en sí representa señalar a una autoridad como lo es la Guardia Nacional, que se supone fue creada para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expresó.

Agregó que a pesar de que recibieron intimidaciones y amenazas, acudieron a todas las audiencias durante los más de dos años que duró el juicio, en espera de que el Poder Judicial de Puebla impartiera justicia.

“El juez pone en riesgo a la sociedad en general porque está liberando a dos delincuentes. Este juez está mandando un mensaje de impunidad para aquellos que traicionan el compromiso de servir a la ciudadanía en una corporación de seguridad y que, en lugar de cumplir con su deber, se vinculan con delincuentes para cometer este tipo de ilícitos”, reclamó.

Barrueta Rodríguez indicó que apelarán este fallo y confían que igual lo haga la Fiscalía General del Estado.

Aunque la sentencia apenas se leyó el 5 de febrero último, dijo tener informes de que el exmilitar Rogelio Sergio ya fue liberado, mientras que Luis Javier igual podría salir en breve, pues sólo fue condenado a cuatro años y medio de prisión por uso ilegal de las armas y podría alegar “buena conducta”.

Ante esto, el entrevistado reclamó medidas de protección para las dos familias afectadas por estos hechos.

Pruebas

En la edición impresa 20, Proceso informó sobre este caso que involucra a integrantes de la GN conforme a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/PIL-I/000156/2023, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.

Barrueta narró que el 11 de octubre de 2023, el elemento activo de la GN, Luis Javier N y el exmilitar Rogelio Sergio N. llegaron armados a un negocio ubicado en San Martín Texmelucan, propiedad de su hijo Santiago, asegurando ser miembros del CJNG.

Ataron con cinchos a su hijo y a uno de sus amigos de nombre Fredy para obligarlos a que se comunicaran con sus familiares y les pidieran un rescate de 50 mil dólares.

“En un momento de desconcierto, porque yo llegué al lugar en una motoneta, se suscitó un forcejeo con estos sujetos y luego ambos fueron sometidos porque arribaron vecinos que escucharon nuestros llamados de auxilio”, relató.

En ese momento, los dos detenidos fueron entregados a la policía municipal bajo la creencia de que eran miembros del crimen organizado. Pero cuando fueron identificados quedó al descubierto que realmente eran elementos de las Fuerzas Armadas.

Igual, cuando revisaron las cámaras de vigilancia, las autoridades se percataron de que el carro Jetta en el cual llegaron a San Martín Texmelucan fue todo el tiempo acompañado por la patrulla 28098, perteneciente a la 238 compañía del Tercer Batallón de la GN, con sede en Texcoco, Estado de México, la cual era tripulada por otros seis agentes de esa corporación.

El entrevistado recordó que hay cuatro detenidos por este caso, pues además de Luis Javier y Rogelio Sergio, está imputado por el mismo delito de secuestro agravado el comandante de la GN, Obed N., quien estaba a cargo de la patrulla y de una de las armas que usaron para cometer este ilícito, así como otra persona de la delincuencia local que les aportó información sobre las víctimas.

Pero mencionó que este fallo a favor de los dos detenidos in fraganti dejaría en los mismos términos el proceso que se sigue contra sus dos cómplices.

El entrevistado refirió que el juez no sólo desestimó los testimonios de las víctimas y de los vecinos, sino también el de los policías que los detuvieron y de los propios mandos de la GN que rindieron su declaración ante el Ministerio Público.

Señaló que en sus declaraciones el coronel José Leonardo Hernández Ganem, comandante del Tercer Batallón e Inspector General de la GN, y otros cinco elementos de esa corporación que iban en la patrulla confirmaron los hechos.

En el expediente, añadió, además hay múltiples evidencias como las armas con registro F18150096 y F18150203 que son parte del arsenal de la GN y fueron aseguradas a Luis Javier y Rogelio en el momento que fueron aprehendidos, igual que un radio de comunicación perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

De la misma forma están los videos de las cámaras de vigilancia; el vehículo Jetta que quedó asegurado y se acreditó que tenía reporte de estar relacionado con otro ilícito; la georreferenciación de los celulares que les aseguraron a los detenidos y hasta mensajes que se intercambiaron para ponerse acuerdo, incluso para comprar los cinchos que usaron para sujetar a las víctimas.

“A pesar de todo esto y de que los delincuentes no aportaron ninguna prueba en su defensa, el juez Celestino Martínez Bones dictaminó que no había elementos para probar la culpabilidad de estas dos personas por el delito de secuestro agravado”, resumió Barrueta.

Igual, Martínez Bones fue acusado en 2022 por Miriam Vázquez de haber usado sus influencias para que su medio hermano Ramón Caro Bones fuera puesto en libertad, pese a estar acusado de violar a su hijastra de 14 años de edad.

Denuncias

En la queja presentada ante el Consejo de la Judicatura, el juez es señalado de haber mantenido durante el juicio un trato diferenciado entre víctimas y acusados. Mientras que a los testigos y víctimas les limitaba el tiempo y la forma de expresarse, de tal modo que llegaba a intimidarlos, a los abogados de la defensa les permitía extenderse y expresarse libremente, según la denuncia.

También acusa que el juez difirió “muchas veces” las audiencias y que esto era propiciado por los abogados de la defensa. Ello originó, afirma, que algunos testigos se cansaran de tantos citatorios y desistieran de declarar contra los imputados. “Además por miedo”, agrega, pues en ese entonces uno de los testigos fue golpeado.

Y, luego, al dictar su fallo, el juez mencionó entre sus argumentos el hecho de que algunos de los testigos ya no se presentaron.

En su caso, Barrueta narró que durante el juicio oral fue citado en nueve ocasiones para lograr que le tomaran su testimonio porque el juez difería de manera recurrente las audiencias.

Además, aseguró que el juez revictimizó a su hijo Santiago, quien rindió testimonio vía Zoom porque se fue del país luego del secuestro y de ser intimidado.

Martínez Bones obligó a la víctima a mantenerse con manos alzadas y la cara muy pegada y fija a la cámara durante las aproximadamente tres horas que duró su comparecencia, supuestamente para cerciorarse de que no leyera su declaración.

En la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de Puebla, igual se acusa al juez de haber retardado el procedimiento para favorecer a los procesados y de no tomar en cuenta las pruebas que aportó el ministerio público.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación FGEP/ CDI/FECC/CORRUPCION.MUN-I/000051/2026, por posible abuso de autoridad y delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y otros ramos del poder público.

Barrueta menciona que en la audiencia en la que el juez dio el fallo él pidió la palabra y le dijo a Martínez Bones que lo hacía responsable de lo que pudiera pasarle a él y a su familia, porque durante este tiempo han recibido amenazas de muerte.

En respuesta, el juzgador ordenó que la policía lo sacara de la sala y le advirtió al ministerio público que los iba denunciar a ambos ante la Fiscalía.

De la misma forma, las víctimas de estos hechos han acusado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de dar por resuelta la queja que presentaron en contra de la GN por medio de una conciliación de la cual, hasta la fecha, desconocen los términos.

Luego de que denunciaran esto a Proceso, la CNDH, en uso de su derecho de réplica, envió un escrito a este medio en el que asegura que fueron las víctimas quienes solicitaron y autorizaron la conciliación y que había la petición de uno de ellos de recibir 10 millones de pesos como indemnización para cada afectado.

Miguel Barrueta Enciso, integrante de la familia, afirmó que cuando las víctimas solicitaron la conciliación fue por insistencia del representante de la CNDH, quien les aseguró que sólo era para establecer “parámetros” pero que ésta no procedería o sería negada porque el secuestro era una violación grave a los derechos humanos y, por lo tanto, ameritaba una recomendación.

No obstante, en su resolución, la Comisión dictaminó que las faltas cometidas por los elementos de la GN correspondían a “irregularidades administrativas” y que el secuestro no se configuraba como una violación grave a los derechos humanos.

Barrueta Enciso consideró que la Comisión los revictimizó de nueva cuenta al asegurar que pretendían obtener 10 millones de pesos para cada afectado, pues sostiene que, aparte de que nunca se habló de tales cantidades, la insistencia de que cerraran el caso con una indemnización siempre fue por parte de la CNDH.

El reclamo de los quejosos, asegura, fue por establecer medidas que los protegieran de posibles represalias, en especial de la delincuencia local que estuvo involucrada.

Agregó que además la CNDH no toma en cuenta que esa afirmación pone en riesgo a las familias, más cuando éstas ya han sido objeto de amenazas.

De hecho, apunta que uno de los acusados en la última audiencia dio lectura ante el juez de la carta enviada por la CNDH a Proceso.