CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tres meses después de la desaparición y muerte de Erick Omar Chávez Díaz —ocurridas luego de ser sometido y subido a una patrulla por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en hechos registrados en video— su familia continúa sin información directa de las autoridades sobre el avance del proceso penal, mientras, entre mensajes intimidatorios y protestas para exigir respuestas, buscan que el caso sea investigado como desaparición forzada, tortura y homicidio.

La noche del 4 de noviembre de 2025, Erick Omar Chávez Díaz salió a pasear con su perro por la calle Soledad, en la colonia Zona Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya no regresó a casa, tenía 21 años y para sostener a su esposa e hijo de tres años trabajaba en un puesto de malteadas y postres en La Merced.

La última vez que su familia lo vio con vida fue a través de una grabación que compartieron los vecinos de la zona; en ella el joven aparece siendo sometido por policías, quienes lo golpearon y arrastraron por la banqueta hasta una patrulla mientras pedían refuerzos para continuar con la agresión. En el video se les escucha decir a los oficiales: “Deja que llegue más banda para que lo madreen chido”.

En entrevista con Proceso, familiares del afectado compartieron que, en un primer momento, interpretaron la escena como una detención y comenzaron a buscarlo esa misma noche; recorrieron ministerios públicos, hospitales y separos sin encontrar registro.

Al día siguiente acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Tampoco aparecía en los sistemas; más tarde descubrirían que sí estaba registrado: con otra edad –35 años– y fallecido por paro cardiaco. Mientras lo buscaban vivo, el sistema institucional lo ubicaba muerto por causas naturales.

Dos días después fue localizado sin vida en calles de la colonia 10 de Mayo, en la misma demarcación en la que desapareció.

La confirmación del fallecimiento no llegó por canales institucionales. Elementos policiales citaron a la madre de Erick Omar Chávez Díaz en el bajo puente de San Ciprián para explicarle que tenían un cuerpo con las características del joven. Ahí, frente a la vía pública, les informaron lo que llamaron una “puesta de cadáver” y les dijeron que correspondía con su familiar, que “le tocó la mala suerte”.

En ese mismo encuentro —según relatan— surgieron ofrecimientos para cubrir gastos relacionados con el fallecimiento; la madre se negó. Después les indicaron que debían trasladarse a la Fiscalía para continuar el procedimiento formal.

El cuerpo fue entregado hasta la madrugada del viernes 8 de noviembre; lo velaron sábado y domingo. Cuando tuvieron información de los peritos asignados al caso y pudieron revisar el cuerpo, observaron signos de tortura: “Murió de un rodillazo, de asfixia… estaba muy golpeado, el cráneo creo que lo destrozaron, la mandíbula se la zafaron, las costillas todas se las deshicieron”.

Para ellos, esas lesiones corresponden con lo que habían visto previamente en las grabaciones donde aparece sometido, golpeado y arrastrado antes de ser subido a la patrulla.

Respuesta del Gobierno capitalino

Tras difundirse los videos de la agresión, el 7 de noviembre la SSC informó que había identificado y detenido a tres policías implicados mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, en coordinación con la FGJCDMX.

Más tarde, la familia supo que se dio a conocer la detención de otros tres oficiales, dos hombres y una mujer: “No tenemos una fecha porque nos enteramos por redes sociales, no supimos qué día los detuvieron, no tenemos un dato certero”.

El 11 de noviembre, durante su informe mensual de seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronunció públicamente sobre el caso y afirmó: “Lamentamos mucho esta situación y toda nuestra solidaridad con la familia, y pues este caso no podemos dejar que quede impune”.

Después cedió la palabra al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien aseguró que no habría tolerancia a ese tipo de conductas y que trabajarían con la familia mediante mecanismos institucionales; sin embargo, de acuerdo con los afectados, ese contacto nunca ocurrió y hasta ahora no han tenido audiencia ni con la jefa de Gobierno ni con el funcionario.

Las irregularidades del caso

La investigación comenzó para ellos sin acompañamiento. Durante los tres meses posteriores al homicidio no conocieron a un abogado de oficio ni recibieron orientación sobre qué diligencias se realizan o qué decisiones podrían afectar el caso.

Mientras esperaban ese contacto institucional, los primeros en acercarse fueron abogados particulares que ofrecieron asesorarlos sin costo. La familia terminó aceptando esa ayuda porque, dicen, fue la única disponible: “Mejor ellos han tenido disposición de ayudarnos que el Gobierno”.

En ese contexto ocurrió lo que consideran el momento que marcó su desconfianza definitiva en el proceso: se enteraron por redes sociales de una audiencia que ya había sucedido.

El abogado defensor de los policías publicó en TikTok un video en el que mencionaba que el delito podría reclasificarse. Así supieron que para tres de los elementos —dos hombres y una mujer policía— la investigación podía pasar de homicidio a abuso de autoridad. Nadie de la Fiscalía los había notificado ni convocado.

Como ocurre a muchas víctimas en la capital mexicana, para llamar la atención de las autoridades sólo quedó salir a protestar a la calle. El 27 de enero bloquearon la avenida Circunvalación, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde por más de 12 horas exigieron justicia por el asesinato de Erick Omar Chávez Díaz, así como audiencia con Brugada, Pablo Vázquez y la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde.

Permanecieron ahí hasta que funcionarios de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno (Secgob) les pidieron liberar la circulación con la promesa de asignarles un asesor jurídico. Aceptaron, pero la representación nunca llegó y hasta el cierre de esta publicación no han sido recibidos por las autoridades, como se les hizo creer.

Evidencia desaparecida y amenazas

Los familiares opinan que un punto clave de la investigación es la ausencia de evidencia, pues les informaron de manera extrajudicial que el cuerpo de Erick Omar Chávez Díaz habría llegado descalzo; sus tenis no aparecen, parte de la ropa tampoco y el teléfono permanece bajo resguardo de la autoridad.

Para ellos lo anterior no es un detalle menor: consideran que esos objetos podrían contener información sobre lo ocurrido después de que fue subido a la patrulla y temen que su falta termine utilizándose para sostener que “no existen elementos suficientes”.

La incertidumbre jurídica se mezcló con el miedo. Tras hacer público el caso, las víctimas indirectas comenzaron a subir mensajes en redes sociales que desacreditaban sus denuncias: “Me dicen que son pendejadas las que yo subo, que son mamadas y que quién hizo justicia por los oficiales”.

Ante el temor de posibles represalias, dieron aviso a la Fiscalía local sin recibir medidas de protección; entonces, las amedrentaciones escalaron y comenzaron a identificar patrullas acechando frente a sus negocios, sin explicación clara. “Vienen policías y se paran por los negocios, les preguntamos qué hacen y nos dicen: ‘Nos pidieron apoyo’, ellos siempre salen con eso, nunca nos saben decir quién”.

A ello se suma la preocupación por el teléfono del joven: ahí se almacenan fotografías familiares y datos personales, información que temen que pueda ser utilizada para fabricarles delitos.

Ese trato “áspero” de las autoridades lo recibieron también en el Reclusorio Oriente, pues cuando acudieron para informarse sobre el proceso les impidieron el acceso por portar playeras con la fotografía de la víctima. “¿Cómo no me vas a dejar pasar si es la foto de Erick, que tus compañeros mataron?”.

Para la familia, la vida cotidiana quedó atravesada por el caso. Mantienen el negocio donde él trabajaba mientras asisten a fiscalías, protestas y citas que a veces no ocurren.

En esa realidad, el hijo de tres años de Erick Omar Chávez Díaz crece en medio del duelo, movilizaciones, trámites y esperas.

A tres meses del homicidio, la exigencia permanece sin cambios: que la investigación incluya desaparición forzada cometida por policías, tortura y homicidio, y que ninguno de los implicados enfrente el proceso en libertad.

La familia es clara: para ellos la búsqueda de justicia dejó de ser únicamente esclarecer el homicidio y se convirtió en intentar evitar que otra familia recorra el mismo camino.