PUEBLA, Pue. (apro).- Celestino Martínez Bones, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Puebla, absolvió y puso en libertad a Luis Javier N, elemento de la Guardia Nacional y al exmilitar Rogelio Sergio N, quienes el 11 de octubre de 2023 fueron detenidos in fraganti cuando habían secuestrado a dos personas haciéndose pasar como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

En una audiencia llevada a cabo el 23 de enero, el juez Martínez Bones determinó que no había suficientes elementos de prueba para responsabilizar a ambos ex miembros de las fuerzas armadas por el delito de secuestro agravado.

Las víctimas de estos hechos, ocurridos en San Martín Texmelucan, expresaron su indignación por este fallo pues aseguraron que el juez ha puesto en libertad a dos secuestradores “para que sigan haciendo de las suyas” a pesar de la flagrancia con la que fueron detenidos, del cúmulo de pruebas que obran en la carpeta de investigación y las que fueron aportadas en los más de dos años que duró el proceso judicial.  

“Este juez quería vernos mutilados o muertos y quién sabe si aun así hubiera considerado que se acreditaba el delito de secuestro”, manifestó una de las personas afectadas, quien pidió que la Fiscalía de Puebla apele este fallo y que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla investigue la actuación del juez. 

No es la primera vez que Martínez Bones se ve envuelto en la polémica. En 2022, Miriam Vázquez, víctima de violencia vicaria, acusó a este juez de haber usado sus influencias para ayudar a que su medio hermano Ramón Caro Bones fuera puesto en libertad, a pesar de estar acusado de violar y embarazar a su hijastra de 14 años de edad.

También, el nombre de Martínez Bones salió a relucir en octubre de 2023, cuando absolvió del delito de cohecho a un sujeto apodado “El Chuky” y éste fue puesto en libertad sin tomarse en cuenta que además era procesado por el feminicidio de una mujer. 

El secuestro

En la edición impresa 20, Proceso informó sobre este caso que involucra a integrantes de la GN conforme a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/PIL-I/000156/2023 a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.

De acuerdo a la denuncia de las víctimas, que fue confirmada por testigos, el 11 de octubre de 2023, el elemento activo de la GN y el exmilitar llegaron armados a una vulcanizadora, asegurando que eran miembros del CJNG. Ataron con cinchos al propietario y a uno de sus amigos para obligarlos a pedir a sus familiares un rescate de 50 mil dólares.

En un momento de desconcierto que se generó cuando el padre de una de los jóvenes llegó de improviso al negocio en una motocicleta, se suscitó un forcejeo y luego ambos sujetos fueron sometidos porque al lugar arribaron vecinos que escucharon los llamados de auxilio. 

Incluso, en televisión local fueron publicadas las imágenes del momento que una de las víctimas, aún con los cinchos puestos, había logrado inmovilizar con sus brazos a uno de los secuestradores. 

Desde las primeras investigaciones, quedó en claro que los dos sujetos detenidos, que fueron entregados a la policía municipal, eran realmente elementos de las fuerzas armadas y que habían llegado a Texmelucan en un carro Jetta que fue escoltado por la patrulla 28098 perteneciente a la 238 compañía del Tercer Batallón de la GN con sede en Texcoco, Estado de México, que era tripulada por otros seis agentes de esa corporación 

Además de los testimonios, incluso de autoridades y de mismos elementos y mandos de la GN, en el expediente hay evidencia como las armas con registro F18150096 y F18150203 pertenecientes al arsenal de la GN, las cuales fueron aseguradas a Luis Javier y Rogelio en el momento que fueron aprehendidos. 

Igual fueron aportados los videos de las cámaras de videovigilancia donde se aprecia que el vehículo Jetta en el que se transportaron para cometer el ilícito fue acompañado, desde Texcoco hasta su llegada a San Martín, por la patrulla de la corporación. Ese carro igual quedó asegurado y se acreditò que tenía reporte de haber sido usado en un hecho ilícito previo. 

La Fiscalía de Puebla aportó la georreferenciación de los celulares que les fueron asegurados a los detenidos, que los ubica en su trayecto a la vulcanizadora donde irrumpieron para cometer el secuestro.

Asimismo, está el reporte de las llamadas que tuvieron los imputados en esos momentos tanto con el comandante Obed, que estaba al mando de la patrulla que los custodió, como con otra persona de nombre Javier N., quien es identificado como miembro de un grupo delictivo de San Martín Texmelucan y les habría dado información sobre pobladores “secuestrables”. 

Asimismo, está la declaración del coronel José Leonardo Hernández Ganem, comandante del Tercer Batallón e Inspector General de la GN, quien confirmó que ese día tuvo 12 llamadas con el comandante Obed, quien le dio información confusa y falsa de lo que había ocurrido en San Martín, localidad fuera de la jurisdicción que correspondía a ese batallón, y que después dejó de contestar su celular para darse a la fuga.

El agente Edgar Jiménez Chávez, quien tenía a su cargo una de las armas que fueron aseguradas, declaró ante el MP que el día de los hechos, al llegar a una gasolinera en Texmelucan, el comandante Obed le había “arrebatado” su arma y se la entregó al elemento Luis Javier, alias “El Oaxaco”. 

En la carpeta de investigación también obran las declaraciones que rindieron los otros cinco integrantes de la GN que iban en la patrulla, los cuales argumentaron que luego de lo ocurrido, el comandante Obed confesó que se había metido en un problema por lo que debía irse. 

El comandante Obed y Javier N., integrante el grupo delincuencial local, fueron detenidos en febrero y noviembre de 2025, respectivamente, pero esta exoneración de los otros dos elementos que fueron aprehendidos en flagrancia, deja a las víctimas sin esperanza de que se imparta justicia.

Para la CNDH el secuestro no es grave 

En diciembre pasado, Miguel Ángel Barrueta Enciso, integrante de una de las familias afectadas, denunció a Proceso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evadió emitir una recomendación a la GN por este caso y cerró la queja que interpusieron las víctimas desde el 5 de abril de 2024 con una conciliación que ellos nunca aceptaron y ni siquiera conocieron.

En un escrito enviado a una de las víctimas en octubre de 2025, la CNDH justifica que la queja se haya resuelto de manera conciliatoria:  

“...en la Guía para Identificar y Calificar Violaciones Graves a los Derechos Humanos y para Atención de las Víctimas de Éstas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se advierte que el secuestro se configure como violación grave a derechos humanos”. 

Barrueta Enciso narró a este medio que por dos años las familias mantuvieron las acusaciones y siguieron los procesos judiciales pese a que fueron objeto de amenazas e intimidaciones y de que, haber sido víctimas de este delito, les había trastocado sus vidas.  

De hecho, uno de los secuestrados pidió asilo en el extranjero luego de que el 11 de diciembre de 2023, al cumplirse dos meses del frustrado secuestro, patrullas de la GN llegaron y rodearon su negocio de manera intimidatoria.