PACHUCA, Hgo. (apro).- La secretaria de Finanzas durante el gobierno de Omar Fayad Meneses (2016-2022), Delia Jessica Blancas Hidalgo, fue inhabilitada de la función pública por el daño que ha ocasionado al erario hidalguense al depositar 807.1 millones de pesos a un fondo de inversión de Accendo Banco, a los que el estado ya no pudo acceder por la posterior quiebra y procesos derivados de una posible administración fraudulenta que enfrenta esa institución bancaria. 

Los 807 millones 128 mil 783 pesos provenían del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un recurso federal destinado a financiar obras y acciones básicas como agua, drenaje, electrificación, salud, educación y vivienda en zonas de pobreza extrema y alto rezago social. 

Las obras no se construyeron y el depósito no ha podido ser recuperado después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocara en 2021 la autorización de Accendo por incumplimiento de capital y liquidez, además de irregularidades contables y operaciones sospechosas. 

Junto con Blancas Hidalgo fueron inhabilitados dos de sus colaboradores directos: César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos, y Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la misma Subsecretaría de Egresos. 

Asimismo, recibió la misma sanción Ignacio Valdez Benítez, exsubsecretario de Administración, Finanzas y Planeación de la Secretaría de Salud, debido a que 57 millones que correspondían a presupuesto de este sector también fueron depositados en Accendo, que actualmente se encuentra en liquidación judicial por los incumplimientos regulatorios graves en los que incurrió. 

Las resoluciones administrativas de la Secretaría de Contraloría refieren que la contratación de este banco ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal de, aproximadamente, 863 millones de pesos, dinero que permanece sujeto al procedimiento de liquidación de Accendo. 

El 6 de julio de 2022, al instalar el equipo de transición entre la entonces administración saliente y el gobierno electo de Julio Menchaca Salazar, el aún mandatario Omar Fayad argumentó que Accendo estaba avalado por la Secretaría de Hacienda, sin saber si el dinero podría ser recuperado pronto.  

"Todo gobierno trabaja con los bancos que aprueba la Secretaría de Hacienda (...) nosotros así consultamos. Resultó que a medio año hubo una situación con alguno de los bancos con el que nosotros habíamos contratado, pero nosotros ya hicimos las acciones legales", comentó Fayad, hoy embajador de México en Noruega. 

A tres años y seis meses, los recursos siguen sin estar disponibles.  

El pasado 16 de enero, en entrevista, el gobernador Menchaca anticipó que habría noticias respecto a la exsecretaria Jessica Blancas, ante el cuestionamiento de posibles casos de corrupción durante el periodo de su antecesor, como los relacionados por un esquema de desvíos por más de 2 mil 500 millones de pesos a través de empresas fantasma y servicios simulados, y luego de ser inquirido directamente sobre la extitular de Finanzas. 

El exsenador confirmó que, en el caso Accendo, habían presentado las demandas e iniciado los procedimientos correspondientes para intentar recuperar los 863 millones, sin tener más datos respecto a una posible devolución.  

La Contraloría dijo que “el proceso de liquidación continúa en curso, por lo que el destino final de los recursos públicos se definirá conforme a las disposiciones establecidas en la legislación aplicable”. 

Jessica Blancas Hidalgo, el exdirector general Juan Luis García Hernández y el exsubsecretario César Alberto González López se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados con los números 231, 232 y 233, respectivamente, con inhabilitación por “incumplimiento de funciones”, con fecha de resolución del 2 de diciembre de 2025. 

La sanción deriva del expediente con Número Único de Caso (NUC) SC/DGRA/DR/2025/PRA390. 

A su vez, Ignacio Valdez Benítez, exsubsecretario de Administración, Finanzas y Planeación de la Secretaría de Salud, fue inscrito en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados con el número 230, y la penalización de la que fue objeto fue a consecuencia de la revisión del expediente SC/DGRA/DR/2025/PRA393. 

En ninguno de los casos la Secretaría de Contraloría estipula temporalidad sobre las inhabilitaciones, sólo el inicio de vigencia, desde el pasado 2 de diciembre.