CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres meses de terminar el año, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha transparentado el monto y los beneficiarios de los recursos federales que fueron entregados a medios de comunicación en 2024, pues la base de datos gubernamental sobre gastos de comunicación social, llamada ComSoc, solo tiene información sobre erogaciones de enero a noviembre de 2024.

La ausencia de datos de diciembre es problemática, ya que “durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se concentró en diciembre la mayor parte del gasto anual en publicidad oficial: en 2019 se ejerció el 83%; en 2020 el 69%; en 2021 el 77%; en 2022 el 67%; y en 2023 el 73%”, señaló un grupo de organizaciones de la sociedad civil en un comunicado emitido hoy.

Las organizaciones, incluidas Articulo 19 y Fundar, recordaron que la administración de López Obrador concentró el gasto de comunicación social en pocos medios y lo hizo sin criterios claros y transparencia, lo que tuvo como efecto la instalación de “un sistema de control de los medios, como una forma de censura, o como un mecanismo que incentive narrativas afines al gobierno”.

Según Artículo 19 y Fundar, el gobierno de López Obrador redujo de manera sustancial el gasto en publicidad oficial, en comparación con sus antecesores, pero concentró aún más los recursos en un puñado de grupos mediáticos.

Una revisión de Proceso a la base de datos de contratos públicos Compras MX, distinta a ComSoc –y que suele arrojar un monto menor que la base de datos oficial–, muestra que, de 2019 a 2024, el gobierno de López Obrador entregó contratos por mil 534 millones de pesos a Televisa, mil 189 millones de pesos a TV Azteca, otros mil 113 millones de pesos a La Jornada y 818 millones de pesos más a Medios Masivos Mexicanos.

De acuerdo con Fundar y Artículo 19, un grupo de 10 medios recibió la mitad del gasto gubernamental destinado a los medios, mientras que la otra mitad se repartió entre 911 periódicos, sitios de noticias y radiodifusoras.

 “Transparentar las cifras faltantes no es un simple detalle administrativo, es indispensable para conocer si el gasto en publicidad oficial de 2024 siguió criterios legítimos, transparentes y acordes con el interés público”, plantearon las organizaciones en su comunicado.