CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la montaña alta del estado de Guerrero Sara, María, Isabel y Rosa llegaron a la Ciudad de México para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer valer su decreto de designar 2025 como el año dedicado a las mujeres indígenas, y mejorar las condiciones laborales, de salud y cuidados de las mujeres jornaleras indígenas. 

Acompañadas de representantes de organizaciones sociales que integran la Alianza Campo Justo, narraron sus experiencias en los campos agrícolas del norte el país como jornaleras agrícolas desde que eran muy pequeñas, dando cuenta de la discriminación, la falta de atención médica, los engaños laborales, las condiciones deplorables de los traslados y de los espacios donde son albergados, las muertes de niños en los surcos, sin recibir apoyo de ninguna autoridad,  y de manera particular los bajos salarios frente al trabajo extenuante de los campos agrícolas. 

Susana Cruickshank, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, resaltó que en México oficialmente el Conoeval tenía registrados alrededor de 2.3 millones de personas como jornaleras agrícolas que migran a otros estados, pero ante la costumbre de viajar en familias, la cifra se eleva mínimo al doble de esa cifra.  

“Esta población ha sido excluida históricamente de políticas públicas y también en general de la sociedad por su condición económica, su condición social y por ser la mayor parte de ellos población indígena”, dijo Cruickshank. 

Apuntó que la Red de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas tiene presencia en que la población jornalera procede principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, resaltó que “si bien Sinaloa, Baja California, San Quintín y Guerrero son de los principales estados desde donde migran y a donde llegan, hay más de 22 estados que tienen origen y destino de personas jornaleras, y que es una población que históricamente ha estado excluida de políticas públicas”.  

La defensora recordó que desde 2018, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desapareció el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas (PAJA), que de alguna manera apoyaba el traslado y el regreso de los trabajadores a sus comunidades, por lo que desde entonces esta población no cuenta con una política pública para su atención.  

“En uno de los puntos de la agenda de la presidenta están las mujeres jornaleras agrícolas y ahora hacemos el llamado a que se cumpla con esa agenda dentro de las políticas. Que Secretaría del Trabajo, que Secretaría de Desarrollo y Bienestar estén al pendiente de que ellas, la voz de ellas estén en las políticas y también a la presidenta para que cumpla con su palabra”, apuntó Susana Cruickshank.  

Durante la conferencia de prensa, las mujeres indígenas contaron que en promedio perciben 200 pesos al día, a pesar de que en las zonas donde trabajan se tasa el salario mínimo profesional para jornaleros en 315.  

“¿Dónde quedaron los 115 que faltan? Es muy injusto porque trabajamos de 8 (de la mañana) a 4 (de la tarde), y nos pagan dos pesos por cubeta” de frutos o legumbres cosechados, lamentó Sara.  

  Sara narró la “violencia y el maltrato” que sufren las mujeres indígenas, que tienen que trabajar aún estando embarazadas sin contar con atención médica, y sin opciones debido a que si no trabajan en los surcos, no aportan recursos a sus familias.  

“Yo he tenido que trabajar hasta el último día que di a luz. He tenido que dar a luz ahí en el surco Yo con mi panza de nueve meses me he tenido que hincar, me he tenido que aplastar a mi bebé para que yo pueda ganar un poquito de dinero. Y ni siquiera me alcanza con eso”, resaltó Sara quien exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum voltear a ver a las jornaleras agrícolas y que no se espere a que cumplan 60 años para apoyarlas.  

“Dice la presidenta que es tiempo de mujeres. ¿Dónde está? ¿Tiempo de qué? ¿Cuándo lo va a poner en acción eso? Dice que hay programas para mujeres, pero pues hasta los 60 años. Y si me morí pronto, no llegué a los 60. Ahorita, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para otras mujeres que no tienen 60 años? Esa es la invitación que yo hago a la presidenta y a la gobernadora (de Guerrero, Evelyn Salgado)”, puntualizó.  

Isabel llamó a la presidenta Sheinbaum acudir a las comunidades remotas de la montaña de Guerrero a donde, sostuvo, no llegan los programas sociales, mucho menos para las mujeres agrícolas y sus hijos, que no pueden acceder a ellos debido a que la mitad del año tienen que migrar para sobrevivir.  

“Que vaya a visitar para allá, porque cuando necesitan nuestros votos, ahí están. Hasta nos quieren besar ahí para que votemos por ellos. Pero cuando ya no nos necesitan, nos tiran como si fueran basuras”, acusó Isabel.  

María denunció que por ser indígenas se les transporta de sus comunidades a los campos agrícolas en autobuses sin sanitarios, y sin asientos suficientes, por lo que viajan hacinados y no se les permite hacer paradas para comer, o si se les proporcionan alimentos, están en malas condiciones.  

Apuntó que cuando son reclutados para llevarlos a los campos, se les promete hospedarlos en lugares dignos, pero al llegar los cuartos no cuentan con ventilación o condiciones de seguridad, además de que se les descuentan las estufa para que los campesinos cocinen sus alimentos.  

Rosa confirmó las malas condiciones en los albergues de los campos agrícolas en los que ella ha estado desde pequeña, en Sinaloa, La Paz, Torreón, Vizcaíno, en donde se carece de estancias infantiles y escuelas para los niños, a pesar de que se les prometen esas condiciones en la contratación.  

Resaltó que, a pesar de inscribirse en programas sociales, nunca reciben recursos públicos, ni han tenido acceso a servicio médico del IMSS.  

Diego de la Mora, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expuso que se ha incumplido la obligación de pagar un salario mínimo profesional a los jornaleros, buen parte de ello porque “hay muy pocas inspecciones en terreno” por parte de inspectores de la Secretaría del Trabajo, por lo que no se monitorea a las empresas agrícolas contratistas.  

“Nos contaban también las compañeras que cuando llegan las inspecciones les avisan y entonces ese día todo está bien y hay agua y hay limpieza pero que nada más se van los inspectores y todo vuelve a estar igual de mal que antes”, añadió.  

Alejandra Haas de Oxfam resaltó la falta de flexibilidad institucional para brindar seguridad social a las personas jornaleras, situación que se explica no sólo por cuestiones burocráticas sino por falta de políticas públicas para esta población.  

“El tema del financiamiento es muy delicado, realmente el poco espacio fiscal que hay en México complejiza muchísimo la posibilidad verdadera de acceso a la seguridad social y con ello nos referimos no nada más a la afiliación, sino a que exista la infraestructura que se necesita y que esté localizada donde están las jornaleras, tanto cuando están trabajando como cuando están de vuelta a sus comunidades.  

“Una de cada tres personas que trabajan como jornaleras son mujeres y no tienen necesariamente una perspectiva de género con servicios de salud sexual y reproductiva y otras necesidades específicas de las mujeres jornaleras”, agregó Hass. 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, hizo un recuento de la falta de condiciones de sobrevivencia para unas 700 comunidades de la región más pobre del estado de Guerrero y una de las más pobres del país, que obliga a hombres y a mujeres a migrar a estados agrícolas que requieren de mano de obra especializada y barata.  

Barrera Hernández sostuvo que mientras no haya condiciones dignas en las comunidades indígenas, “las poblaciones jornaleras no podrán acceder a los programas sociales que si bien están diseñados para arraigar, los indígenas no se pueden quedar en sus comunidades donde no tienen de qué sobrevivir”.  

Tras destacar que por el momento Alianza Campo Justo está trabajando solamente en Guerrero, Abel Barrera destacó que los principales municipios expulsores de jornaleros son Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Tlapa, Chalpatláhuac, Alcozauca y Copanatoyac, de donde cada año migran unas 12 mil personas, y a nivel estatal aproximadamente 40 mil personas.