CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cinco años de litigar en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cesar los actos de hostigamiento judicial y ofrecer una disculpa pública, luego de que instancias del Poder Judicial de la Federación absolvieron al activista de cualquier responsabilidad penal o administrativa como lo acusaba el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra. 

En conferencia de prensa, Martínez Cruz dio a conocer la sentencia definitiva del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que resolvió que “las denuncias penales y administrativas interpuestas por el organismo, carecen de fundamento y no cuentan con sustento probatorio” sobre las acusaciones de revelar información privilegiada relacionada con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 

Acompañado de María de Vecchi de Artículo 19, de Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz, ambas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz recordó que el viacrucis legal de cinco años con la CNDH surgió después de renunciar a su cargo como director de la Primera Visitaduría, tras sostener diferencias con la presidenta Rosario Piedra porque el defensor consideró necesario abundar la investigación del Caso Ayotzinapa, sobre la participación del Ejército mexicano. 

Martínez Cruz resaltó que luego de dar a conocer una carta de renuncia a su cargo, que ejerció de enero a agosto de 2020, en entrevistas periodísticas contó que la discrepancia principal que tuvo con Piedra Ibarra, “por su falta de autonomía” al rechazar un borrador n en el que se identificaba la participación del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, información “que estaba en el expediente original”, mismo que se encomendó a Martínez Cruz analizar. 

Sin embargo, para Piedra Ibarra lo anterior significó la revelación de información “confidencial”, de ahí que interpuso recursos penales y administrativos en contra de Martínez Cruz, quien fue absuelto en ambas instancias. 

“En mi defensa dije que no revelé información privilegiada porque se trata de información de una violación grave, y la ley establece que en esos casos la información es totalmente pública.

“Sin embargo, ellos (la CNDH) interpusieron una demanda penal sin que yo supiera,  y la Fiscalía General de la República después de investigarlo determinó que no había elementos para demostrar que había algún delito y declaró el no ejercicio de elección penal, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación por la vía administrativa, por las mismas causas, y el resultado fue el mismo, es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desechó las acusaciones”, contó el defensor. 

No obstante, el equipo jurídico de Rosario Piedra impugnó la determinación del Tribunal Federal, lo que llevó  Martínez Cruz, a solicitar un amparo, mismo que ganó y que la CNDH contrarrestó, lo que llevó al defensor a  llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que remitió el caso a un tribunal colegiado.  

El defensor contó que entre sus alegatos, la CNDH argumentó que las revelaciones que hizo Martínez Cruz, las hizo por obtener un beneficio económico, y después por ganar fama y reconocimiento, sin que los abogados de Piedra Ibarra pudieran demostrar sus dichos.

“La CNDH estuvo publicando diversos cuestionamientos en contra de las resoluciones judiciales en las páginas de la propia Comisión, por lo que fui incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, por estar siendo sujeto a persecución; la CNDH que es parte de la Junta de gobierno se inconformó pero se decidió incorporarme, situación que sigue vigente, tengo medidas de protección”, conto Martínez Cruz. 

María de Vecchi resaltó que “resulta indignante que la CNDH destine parte de su presupuesto para perseguir o para denostar a personas defensoras de derechos humanos, para implementar campañas”.

La defensora apuntó que el respaldo de las organizaciones a Martínez Cruz, es no sólo para que se de por terminada la campaña de difamación contra Martínez Cruz “sino que además se haga una disculpa pública y se repare el daño de estos cinco años de acoso que ha sufrido José Martínez”.

Es así como las organizaciones sociales Artículos 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron una serie de exigencias a la CNDH, una vez que el tribunal colegiado confirmó la absolución de Martínez Cruz de los delitos que le imputaba el organismo. 

En un comunicado, las organizaciones exigieron el “cese inmediato de la persecución contra José Martínez Cruz y el uso indebido de recursos públicos para criminalizar a defensores de derechos humanos”;  el acatamiento de las resoluciones judiciales que reconocen la inocencia del defensor, así como “la emisión de una disculpa pública y la reparación integral del daño causado por casi cinco años de hostigamiento, difamación y vulneración de sus derechos”. 

Las organizaciones firmantes llamaron “a la sociedad y a las autoridades a vigilar el actuar de la CNDH, que lejos de cumplir su mandato constitucional de proteger los derechos humanos, ha incurrido en prácticas que los violentan”.