CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Detrás de la crisis política que devino en el desafuero de un alcalde y un diputado en Sinaloa, está la acusación por un contrato de renta de vehículos que implica, una vez más, a la arrendadora Casonava Vallejo, empresa que acumula procedimientos por corrupción desde hace años. 

El pasado 1 de mayo, Proceso dio a conocer que el alcalde de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, así como el diputado local Genaro García Castro, se sometían a un juicio de desafuero que el congreso local materializó ese mismo día, designando un sustituto, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, a la mañana siguiente. 

Tratándose de dos morenistas, en la de por sí convulsa administración de Rubén Rocha Moya, los desfueros han concentrado una importante atención, en especial porque los cargos en contra de los dos políticos fueron presentados al legislativo por la fiscal general de justicia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y el desafuero tuvo una votación unánime. 

Detrás del escándalo político, hay un contrato por más de 171 millones de pesos, triangulado entre Grinleasing y la empresa inhabilitada Casanova Vallejo, un proceso anticorrupción que derivó en el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y de su exsecretario de Gobierno, el mencionado diputado, Genaro García Castro, quienes ahora enfrentan la justicia sin protección constitucional. 

El mismo esquema fue replicado en Culiacán por el entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Los tres funcionarios enfrentan procesos penales por una red de corrupción, que operó en dos administraciones municipales y burló los controles públicos, mientras Casanova sigue operando con impunidad. 

Grinleasing SAPI de CV subarrendó a la polémica Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos de Carlos y Joaquín Echenique Casanova, el contrato de los 171 millones de pesos. 

El esquema de triangulación fue exhibido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, que forma parte de la solicitud de desafuero del alcalde, quien está acusado de los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. 

El contrato DA-Arrendamiento-018-2021 fue adjudicado el 9 de diciembre de 2021 y firmado un día después, con una vigencia de 35 meses por un monto exacto de 171 millones 451 mil 932 pesos.  

Sin embargo, el 11 de diciembre de ese mismo año, Grinleasing concretó un acuerdo de subarrendamiento con Casanova Vallejo, empresa inhabilitada en 2022 y que ha impugnado su sanción ante tribunales. 

Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, Vargas Landeros avaló una modificación al contrato para aumentar el número de patrullas de 126 a 135. 

La investigación de la Fiscalía señala que la participación simultánea de Casanova Vallejo evidenció que Grinleasing no contaba con la capacidad operativa ni financiera para cumplir con el objeto del contrato, por lo que recurrió a un tercero, en perjuicio del patrimonio municipal. 

Añade que este escenario se habría evitado con un análisis de mercado adecuado, así como con una debida diligencia sobre Grinleasing, una empresa de reciente creación sin historial que justificara su solvencia o experiencia. 

No obstante, este mecanismo fue replicado en Culiacán, bajo la administración del entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro. 

Tanto Grinleasing como Casanova Vallejo fueron señaladas por su participación en otro contrato de arrendamiento, igualmente irregular, de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos, firmado en 2022 por Estrada Ferreiro. Contrato que dio pie a un proceso penal aún en curso contra el exalcalde. 

Estrada Ferreiro fue objeto también de desafuero el 10 de junio de 2022 y sigue enfrentando los cargos por la operación de arrendamiento de vehículos. 

Durante la investigación, la Fiscalía encontró que Grinleasing no contaba con camiones ni capacidad económica para prestar el servicio de arrendamiento de las 40 unidades recolectoras de basura, y que estos eran propiedad de Casanova Vallejo, cuyo domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México. 

Proceso ha documentado que, desde que fue sancionada en 2022 por incumplir un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la empresa Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Echenique Casanova, ha promovido una serie de amparos para continuar participando en contrataciones públicas. 

El 27 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que se dio aviso de que quedó sin efectos la sanción de inhabilitación impuesta por 45 meses a Casanova Vallejo, para que por sí misma o interpósita persona pueda participar en contrataciones públicas. 

La circular especifica que la sentencia definitiva, del 18 de abril de 2024, fue dictada en el recurso de revisión en amparo 221/2023 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo indirecto 1707/2022, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por la empresa. 

A pesar de las sanciones y cuestionamientos, los registros de Compranet indican que Casanova Vallejo no ha dejado de contratar con el gobierno. Entre 2022 y 2025, la empresa ha firmado 84 contratos con el gobierno federal por un monto superior a los 519 millones de pesos.