CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casanova Vallejo, proveedora de una flotilla de vehículos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, se encuentra involucrada en un nuevo escándalo por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 42 unidades.  

La compañía, sancionada en 2022 por la Secretaría de la Función Pública, obtuvo un contrato de 27.6 millones de pesos, con presuntos sobrecostos que habrían generado un daño patrimonial de 15 millones de pesos. 

Desde que fue castigada en 2022 por incumplir un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la empresa propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, ha promovido una serie de amparos para continuar participando en contrataciones públicas, aunque la inhabilitación inicial se lo prohibía hasta 2026. 

El 27 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que se dio aviso que quedó sin efectos la sanción de inhabilitación impuesta por 45 meses a Casanova Vallejo para que por sí misma o interpósita persona pueda participar en contrataciones públicas. 

La circular especifica que la sentencia definitiva del 18 de abril de 2024, fue dictada en el recurso de revisión en amparo 221/2023 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo indirecto 1707/2022, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por la empresa. 

Según los registros de Compranet, la firma no ha dejado de firmar contratos con dependencias gubernamentales en los últimos cuatro años: entre 2022 y 2025, solo con el gobierno federal sumó 72 asignaciones por más de 466 millones de pesos. 

El escándalo potosino 

Apenas unos días antes de su inhabilitación en septiembre de 2022, Casanova Vallejo participó en la licitación MSLP-37-2022 convocada por el Municipio de San Luis Potosí para suministrar en renta 42 vehículos durante dos años.  

En el procedimiento, la firma de los Echenique fue la única participante, de acuerdo las actas de la licitación en poder de Proceso. Su oferta, cuyo monto por arrendamiento se fijó en 27.6 millones de pesos y de opción a compra al término del contrato, en 6.7 millones de pesos, fue aceptada y el fallo a su favor emitido el 1 de septiembre de 2022. 

No obstante, una investigación de la organización Ciudadanos Observando dio a conocer una serie de anomalías en la contratación y posterior adquisición de las unidades. El caso salió a luz luego del accidente automovilístico en el que estuvo involucrado el secretario del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, quien conducía una camioneta con placas sobrepuestas. 

El mencionado vehículo forma parte de la flotilla de 42 unidades arrendadas a Casanova Vallejo. La organización detectó que la camioneta accidentada fue registrada con posibles documentos falsos y que diversos trámites irregulares se realizaron en oficinas recaudadoras para presuntamente encubrir su situación legal, incluida la manipulación de placas. 

Además, Ciudadanos Observando denunció que el contrato de arrendamiento de 27.6 millones de pesos incluyó sobrecostos de hasta el 57%, lo que habría generado un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.  

En respuesta a estos señalamientos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí dijo que el arrendamiento de los vehículos se llevó a cabo mediante licitación pública conforme a la Ley, que la administración municipal adjudicó el contrato cuando la empresa cumplía con los requisitos legales y que el costo contratado correspondía a valores de mercado e incluía coberturas de seguro, mantenimiento, placas vigentes y otros servicios asociados. 

Asimismo, sostuvo que al concluir el contrato el gobierno municipal optó por adquirir la flotilla de 42 vehículos y se deslindó de la baja administrativa. El Ayuntamiento afirmó no haber llevado a cabo dicho trámite ni tener conocimiento del mismo.  

Además refirió que, a principios de 2025, al intentar realizar el control vehicular anual detectó irregularidades, por lo que solicitó a la Secretaría de Finanzas un informe detallado sobre el procedimiento y las personas involucradas en la gestión de esa baja. 

Ciudadanos Observando solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el caso y ha exigido la destitución del oficial mayor Salvador Moreno, a quien señala como implicado en la presunta red de corrupción.  

Alerta ASF red de colusión en el municipio de SLP 

El tema del mal manejo de recursos durante la administración de Enrique Galindo Ceballos en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, capital del estado, ha sido recurrente.  

La más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación expone un esquema de colusión entre contratistas y funcionarios, así como sobrecostos, subcontrataciones indebidas y documentos falsificados en una trama que involucra una docena de contratos de obra pública que suman casi 370 millones de pesos. 

Entre las anomalías destacan contratos otorgados sin licitación, pagos a empresas vinculadas y conflicto de interés de exfuncionarios que luego ocuparon cargos clave en la Dirección de Obras Públicas.  

La Auditoría de Cumplimiento Forense 2023-D-24028-23-1796-2024 mantiene la observación sobre 125 millones de pesos que todavía están pendientes de aclarar.