QUINTANA ROO (apro) .- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de Calica con la que buscó que el máximo tribunal resolviera el pleito por las clausuras que le impuso el gobierno federal en 2022, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.  

El 21 de mayo, la Sala notificó de improcedente la reasunción de competencia promovida por la filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, con relación a dos amparos en revisión que juzgados federales de Quintana Roo han sentenciado en contra de la empresa, que busca le retiren las clausuras impuestas en mayo de 2022, que pusieron freno a la extracción de material pétreo, el uso del puerto de Punta Venado y el permiso de exportación de productos desde esta parte del país.  

En abril pasado, la empresa buscó que, en vez del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de resolver su pleito, que mantiene contra el gobierno mexicano que, a través de diversas dependencias, como Semarnat, Semar y Profepa, frenó la extracción y exportación del material que era sustraído de un predio de alrededor de dos mil hectáreas, situado al sur de Playa del Carmen.  

En mayo de 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la clausura total del predio y frenó con ello el acarreo de roca caliza hacia los Estados Unidos, material utilizado en la industria de la construcción.  

Inmediatamente, Calica respondió con demandas. Dos de ellas, las relativas a los expedientes 676/2022 y 498/2023 de amparo en revisión, fueron tramitadas concretamente para combatir estos actos emanados de la autoridad federal.  

A casi tres años, los juicios han quedado rezagados en cuanto a su resolución en el citado Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior motivó a Calica a solicitar la intervención de la Corte.  

“Se desecha ante la falta de legitimación de la parte que la presentó”, se lee en el documento signado por Juan Carlos Rebollo Ponce, actuario y secretario de acuerdos de la Primera Sala, encabezada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien busca repetir el cargo y participa como candidata en la elección judicial.  

Es decir, la Primera Sala de la Corte determinó que la empresa no reúne los requisitos necesarios para elevar el pleito al tribunal constitucional.   

Ante el rechazo de la Sala, será el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, con sede en Cancún, el que deberá resolver la controversia.  

Aunque la empresa de origen estadunidense se enfrenta a otro freno para volver a retornar a la explotación de sus terrenos: la declaratoria de área natural protegida decretada por Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, que los jueces federales de esta entidad han determinado no puede ser revertida porque se trata de un asunto de interés público relacionado con la protección del derecho al medio ambiente sano.  

Calica inició una demanda en 2019 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones (Ciadi) bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

Reclama al Estado mexicano una compensación de más de mil 500 millones de dólares, además de intereses y gastos procesales por clausuras practicadas desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.  

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asegurado que los terrenos siguen siendo propiedad de la empresa estadunidense, aunque no puede ejecutar labores de impacto ambiental, como la extracción de calizas, actividad que realizó por más de tres décadas, dejando un grave daño al acuífero maya.