MORELOS (apro).- América Berenice Jiménez Molina, quien se desempeñó como secretaria de la Contraloría durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, tramitó un juicio de amparo para evitar una posible orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos la investiga por presuntos actos de corrupción. 

El recurso fue promovido el 30 de julio de 2025 ante un juzgado de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, en la vía penal, con el objetivo de frenar la ejecución de una orden de aprehensión emitida el 23 de julio. Esto consta en los estrados judiciales. En su demanda, Jiménez Molina señaló como autoridad responsable al Juzgado de Control del Único Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Xochitepec, y argumentó la presunta violación de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Morelos tiene abiertas tres carpetas de investigación en su contra por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones —este último conlleva prisión preventiva oficiosa—, de acuerdo con información corroborada por esta periodista. 

El juzgado admitió el recurso al no encontrar causa notoria de improcedencia y concedió una suspensión provisional, en tanto se resuelve el incidente de suspensión, cuya audiencia fue programada para el 6 de agosto. La audiencia constitucional se fijó para el 11 de septiembre, cuando se determinará si se concede la protección definitiva de la justicia federal. 

Jiménez Molina fue una funcionaria clave durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. Como titular de la Contraloría, encabezó el proceso de entrega-recepción hacia la administración de Margarita González Saravia, procedimiento en el que, según la actual gestión, se detectaron múltiples irregularidades en al menos una decena de dependencias estatales. 

Este medio localizó un contrato oficial que confirma que América Berenice Jiménez Molina mantiene una relación contractual con la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. El documento fue firmado por el maestro Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos de la Cámara, y por la propia exfuncionaria como prestadora del servicio. 

Según el contrato, Jiménez Molina fue contratada para brindar servicios especializados, aplicando su experiencia, conocimientos y capacidades técnicas. El acuerdo tiene vigencia del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, sin posibilidad de prórroga automática. El monto mensual bruto acordado es de 28 mil 410 pesos, cantidad sujeta a las deducciones fiscales correspondientes. 

Ambas partes se comprometieron a respetar la confidencialidad de la información derivada de la relación contractual, y establecieron que cualquier incumplimiento será causa de rescisión. En caso de controversia, acordaron que el conflicto se resolverá en tribunales federales civiles con sede en la Ciudad de México. Aunque la información pública correspondiente a 2025 no ha sido actualizada, fuentes confiables confirmaron que Jiménez Molina continúa prestando servicios bajo ese esquema. 

Hasta ahora, ni la Cámara de Diputados ni la propia exfuncionaria han emitido algún posicionamiento público sobre la situación jurídica que enfrenta ni sobre el contenido del contrato vigente.