CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para la magistrada Natalia Téllez Orozco el Poder Judicial de la Federación (PJF) tuvo en sus manos la posibilidad de frenar la reforma judicial tal como fue aprobada y negociar los cambios en la institución.

Téllez Orozco es magistrada anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero pidió licencia al cargo para participar como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al recordar sus inicios profesionales en el PJF, en entrevista con Proceso, afirmó que durante ese tiempo constató que los casos de corrupción dentro de la institución eran conocidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y no se hacía nada contra los responsables.

Por ello centra sus propuestas para la Corte en el combate a la corrupción sin simulaciones para terminar con los amiguismos y el nepotismo del que dijo haber sido testigo.

“Tendremos que trabajar muy de la mano del Tribunal de Disciplina, que se encargará de investigar y sancionar, en su caso, a los servidores públicos que cometan estos actos de corrupción. Desde la Corte tendremos que alzar la voz y denunciar cuando nos encontremos con una situación de esta naturaleza”, dijo.

“Yo desde muy joven entré a laborar al Poder Judicial de la Federación y aunque tuve buenos titulares también tuve la experiencia de un par de titulares que se corrompían de manera hasta burda y que todo mundo lo sabía y el Consejo de la Judicatura no hacía nada. De hecho, a uno de los jueces que tuve en el Consejo de la Judicatura lo denominaban ‘el juez cafetero’, porque a media mañana se salía a la explanada del Palacio de Justicia de San Lázaro y se ponía a tomar café con los abogados, platicaban y luego ya regresaba y curiosamente los asuntos que llegaban al juzgado de estos abogados, pues tenían que salir favoreciéndoles en las resoluciones”.

Para Téllez Orozco la carrera judicial tenía el problema de que los concursos ya estaban definidos antes de la realización de los exámenes gracias al tráfico de influencias de algunos consejeros, magistrados o jueces de Distrito.

“Tal vez otros hubiéramos propuesto una reforma judicial más conservadora, pero lo cierto es que el propio Poder Judicial —yo ya no estaba dentro— tuvo mucha falta de apertura, de comunicación, de objetividad y, sobre todo, de hacer una autocrítica como juzgadores, como institución de que se estaba fallando”, consideró.

La Corte rechazó invitación

Recordó que en el año 2023, previo a la presentación de la iniciativa de reforma judicial en febrero de 2024, el Poder Legislativo y el Ejecutivo realizaron foros abiertos a los que fueron invitados los ministros de la Corte y demás integrantes del PJF para reformar a la institución, pero ellos rechazaron asistir.

“Hubo muchas áreas de oportunidad para poder mediar y negociar esta reforma que no fuera quizás tan radical, pero más bien la cerrazón, este cierre al diálogo fue por parte del propio Poder Judicial, no por parte del Ejecutivo ni del Legislativo”, afirmó.

Consideró que este cierre al diálogo, los casos de corrupción dentro del PJF y las resoluciones de la Corte ocasionaron que la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador implique un cambio total en la forma de designación de juzgadores, la salida anticipada de ellos y la sustitución de todo el Pleno de la Corte.

“Fue muy claro que la Suprema Corte de Justicia actuó de una manera pues muy soberbia al atribuirse de facultades de poder, de creer que podían dirigir la política pública del país y esa facultad es exclusiva del Ejecutivo y en consecuencia del Legislativo para poder normar estas políticas públicas, sin embargo, actuaron de una manera muy arbitraria, invadieron esferas competenciales y de formas también muy burdas”, explicó.

“En las resoluciones que dictaron sin fundamentos, sin motivación para poder declarar inconstitucionalidad de leyes que eran importantes y trascendentes para para nuestro país, pues fue muy evidente este declarar inconstitucional normas solamente porque a juicio de 11 personas o 10 no se discutió lo suficiente un artículo, pues me parece muy burdo, muy falto de estudio de fondo de este tipo de controversias, este tipo de de de situaciones”.

Para Téllez Orozco la elección de juzgadores por voto popular puede disminuir los casos de corrupción en el PJF sólo si la ciudadanía elige a los mejores perfiles. Y refiere:

Es superimportante que contemos con los conocimientos, la capacidad, lo académico, lo laboral, pero también debemos tener buena reputación y fama pública, y me parece que va a ser indispensable que la gente elija estos perfiles que cumplan con todos estos requisitos para evitar que se corrompan.

Guerra sucia en su contra

En diciembre del año 2022, la magistrada Téllez Orozco se convirtió en pieza clave del intento del expresidente López Obrador por controlar al TFJA, que se preparaba para resolver los casos de corrupción de su administración ocurridos en Segalmex, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, la reforma a la ley orgánica del TFJA, aprobada por Morena y aliados en la Cámara de Diputados, para quitar la prohibición para que los magistrados anticorrupción presidan el órgano fue congelada en el Senado en la primera quincena de diciembre, lo que dejó a Téllez fuera de la contienda.

Al recordar el episodio, la magistrada afirmó que se orquestó una guerra sucia en su contra porque públicamente fue acusada de tener vínculos con el expresidente.

“La relación que yo tuve con el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue meramente laboral y ni siquiera fue directamente con él, porque yo estaba adscrita a la Procuraduría Fiscal de la Federación entre 2020 y 2021, y claro que por mi trayectoria, por mi experiencia, se me invitó a participar en este grupo multidisciplinario para poder trazar la estrategia para el cobro de impuestos de las grandes empresas que venían durante décadas evadiendo impuestos, y ésa es mi única relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca hubo un apoyo directo, o que yo tenga algún compromiso con el expresidente, jamás”, enfatizó.

Abundó en que el trabajo que hizo en la Procuraduría Fiscal fue de asesoría externa, por lo que nunca tuvo contacto directo con casos como el de Grupo Elektra u otras empresas contra las que el gobierno de López Obrador emprendió estrategias jurídicas para cobrar los créditos fiscales vencidos.