CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como era de esperarse, el bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde a los servidores públicos para promocionar las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, tal como se lo pidieron la presidenta Claudia Sheinbaum, cinco gobernadores de Morena, el propio partido en el poder, así como Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas candidatas a permanecer en sus cargos de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Durante la sesión de hoy, la Sala Superior se dividió sobre la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir a los servidores públicos, las instituciones públicas y los entes gubernamentales la promoción del proceso electoral, un acuerdo que provocó indignación en la llamada Cuarta Transformación y desató una lluvia de impugnaciones. 

Sin sorpresa, los tres magistrados afines a Morena, encabezados por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso –cuyo padre ha sido asesor de la ministra Esquivel–, derrumbaron el acuerdo del INE, mientras que los dos magistrados disidentes, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, lo defendieron en bloque, pero su resolución fue rechazada por sus colegas. 

El Consejo General del INE basó su decisión en el texto de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena, el cual establece que “los partidos políticos y las personas servidores públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna” y que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial”. 

El bloque mayoritario presentó una resolución común, elaborada por Felipe de la Mata Pizaña, en la cual planteó que, aunque la ley parece dar razón al INE, “la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza distinta a las elecciones tradicionales de partidos políticos y reglas, por cierto, bastante diferentes”. 

Para justificar su proyecto, De La Maya que, “como los poderes de la unión fueron quienes postularon a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Poder Judicial Federal, por lo que, sí forman parte de este proceso electoral”, razón por la cual “la participación de los Poderes de la Unión puede incluso habilitarlos a promover el voto y educar en la participación ciudadana”. 

La magistrada Soto prefirió recurrir a la ironía para criticar a la decisión del INE. “Les voy a decir un secreto: va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie (…) nadie puede decirlo, solo el INE”, dijo, antes de defenderse contra las acusaciones que señalan al grupo mayoritario como favorable a Morena. 

“Por ahí escuchaba que decían: ‘¿Cómo le va a hacer el Tribunal para darle la vuelta a la Constitución?’ No, no le estamos dando la vuelta a la constitución”, sostuvo, y agregó: “No es opción democrática hacer una campaña en contra de la participación ciudadana y de acudir a las urnas”. 

Los magistrados disidentes, por su parte, retomaron los argumentos del INE. “Es la misma ley electoral que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos tantos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abarca en una misma prohibición”, aseveró Otálora, y agregó: “La prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas, como para fines de difusión institucional”. 

“La prohibición que acordó el INE tiene una fuente legal y constitucional”, abundó Rodríguez, quien refutó el argumento principal del bloque mayoritario, pues aseveró que “el modelo aprobado para la elección de personas juzgadoras consideró la participación de los tres Poderes de la Unión en la etapa, y exclusivamente en esa etapa, de postulación de candidaturas”. 

Con la resolución de hoy, todos los servidores públicos, incluyendo la presidenta Sheinbaum, podrán promocionar la elección judicial, aunque con ciertos candados: no podrán llamar a votar a favor o en contra de una candidatura. 

“Solo se puede hacer la promoción con fines didácticos o educativos para esclarecer la forma en la que se podrá emitir el sufragio para cada uno de los cargos, tratándose de spots o propaganda en internet no se puede señalar el poder u órgano que emite la comunicación”, recalcó De La Mata.