CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin sorpresa, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante del bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) planea autorizar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los demás servidores públicos a promocionar la elección judicial del próximo 1º de junio, aunque con la obligación de que “no influyan en la contienda”, que la comunicación tenga “carácter institucional” y que no realicen actos de proselitismo.  

“Las autoridades e instituciones públicas podrán participar en la promoción del voto y participación ciudadana (…) con fines informativos y educativos, siempre que se respeten los principios de imparcialidad y neutralidad y no se promuevan a personas servidoras públicas, y menos aún, que beneficien o perjudiquen a alguna candidatura”, plantea un proyecto de resolución elaborado por De La Mata. 

En este documento, el magistrado, que forma parte del grupo de Mónica Aralí Soto Fregoso en la Sala Superior –identificado por su cercanía con Morena--, pretende revertir un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibió a los “ministros de culto y otras instituciones públicas o entes gubernamentales” a realizar “actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana”. 

En su escrito, De La Mata bateó varios argumentos de los quejosos, pero consideró fundado el planteamiento según el cual “indebidamente se determinó que, para los procesos electorales relacionados con el PJF, el INE es la única autoridad que cuenta con las atribuciones exclusivas” para promocionar el proceso electoral y el voto. 

En su resolución del pasado 29 de marzo, el bloque mayoritario del Consejo General del INE sostuvo que el texto de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en las cámaras, estipulaba que la promoción del voto es una atribución exclusiva del INE. Con base en ello, aprobaron un acuerdo que prohibía a los servidores públicos externos al INE a promocionar la participación a las elecciones judiciales. 

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y dos consejeros afines –cercanos a Morena--, votaron en contra de la resolución. Acto seguido, 39 figuras de la llamada Cuarta Transformación presentaron impugnaciones ante el TEPJF para revertir el acuerdo. 

Entre ellas destacaron la propia presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, cinco gobernadores morenistas, el partido Morena, varios diputados a título individual así como las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas candidatas a las elecciones para permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La lluvia de impugnaciones, sumada a la iniciativa de Morena en el Senado para aprobar una nueva ley que autoriza la promoción de las elecciones, reflejan el temor del oficialismo hacia una escasa participación en las elecciones judiciales del próximo 1º de junio, un ejercicio en el que el partido y el gobierno han invertido un gran capital político. 

Todas las impugnaciones fueron turnadas a las ponencias de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, los tres magistrados que integran el bloque mayoritario en la Sala Superior del TEPJF. Los casos fueron acumulados y terminaron en manos de De La Maya, que elaboró el proyecto, el cual será discutido –y muy probablemente aprobado-- durante la próxima sesión de la Sala Superior.