BOGOTÁ (Proceso).– Luego de su reelección el domingo 13 de abril último en un proceso cuestionado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), el joven multimillonario y presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece decidido a cobrarse, como suele hacerlo, todas las afrentas reales o imaginarias que lo acompañaron durante su campaña electoral.

Heredero de un imperio bananero valuado en más de mil millones de dólares y beneficiario político de un país polarizado entre los simpatizantes y los detractores del expresidente Rafael Correa, Noboa está habituado desde niño a salirse con la suya. Como mandatario ha demostrado que para ello no le importa mentir, saltarse la ley y cooptar a la justicia y a las autoridades electorales.

Él mismo ha dicho: “Soy un pésimo, pero pésimo, enemigo para tener”. 

De eso pueden dar fe su exesposa, Gabriela Goldbaum, a quien ha demandado 42 veces para quitarle la custodia de la hija de ambos, “usando todo el aparataje y el poder del Estado” –ha dicho ella–, hasta la vicepresidenta Verónica Abad, a quien destituyó de su cargo sin tener facultades legales para ello, pues es una funcionaria electa por el voto popular. 

El excandidato presidencial indígena Leonidas Iza, ha dicho que “el autoritarismo de Noboa (…) raya en lo dictatorial”.

Iza ha sido enfático en que el asalto armado que Noboa ordenó el 5 de abril de 2024 contra la Embajada de México en Quito, para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, fue la primera muestra de que el joven y multimillonario presidente “estaba dispuesto a violentar cualquier norma”.

Esa acción, condenada a escala global y por la cual Ecuador enfrenta una demanda en la Corte Internacional de La Haya, se produjo luego de que el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugiriera que Noboa había llegado al poder en los comicios presidenciales de 2023 porque el asesinato del candidato opositor, Fernando Villavicencio, lo hizo subir en las preferencias y causó la caída de la candidata correísta Luisa González.

Desde entonces viene la enemistad e inquina del presidente derechista –cuyo referente, para todos los efectos, es Donald Trump– con la Cuarta Transformación (4T), particularmente con López Obrador, quien nunca fue ni diplomático ni respetuoso de la Doctrina Estrada, la cual aludía como una joya de la política exterior mexicana, pero igual transgredía con frecuencia.

Y es en ese contexto, en el del enfrentamiento de un presidente multimillonario, caprichoso y autoritario con el proyecto lopezobradorista –cuyo líder también fue un presidente acusado de caprichoso y autoritario–, en el que hay que ver el nuevo desencuentro entre los gobiernos de México y Ecuador.

De acuerdo con un documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, filtrado a los medios de ese país, grupos criminales planean atentados contra el presidente y sus colaboradores, para lo cual se han registrado traslados de sicarios desde México y otros países hacia territorio ecuatoriano.

Asunto político

El abogado Santiago Machuca dice a Proceso que ese señalamiento tiene “un tinte político” y carece “de toda seriedad” desde el momento en que el Ministerio de Gobierno, al confirmar ese supuesto reporte de inteligencia, afirma sin ninguna prueba que “estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretenden imponer el caso mediante la violencia, el miedo y el terror”.

Aquí, dice el doctor en derecho constitucional, ciencias políticas y criminología de la Universidad de Valencia, en España, “no hay una investigación seria, sino que se le está dando un tinte político a esta situación”.

No es la primera vez que el gobierno de Noboa hace señalamientos temerarios sin prueba alguna. En la primera vuelta electoral de febrero último, cuando empató frente a la candidata correísta Luisa González, acusó a seguidores de ésta de haber cometido fraude electoral en algunas regiones. Observadores de la OEA y la UE lo desmintieron enseguida.

Y hace unos días, Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial asesinado en agosto de 2023, Fernando Villavicencio, reveló que una semana antes de la primera vuelta electoral de ese año, la fiscal general, Diana Salazar, coludida con Noboa, la presionó para que acusara al expresidente Correa de ser el responsable del crimen de su esposo.

Esto, desde luego, con el propósito de favorecer a Noboa en esa contienda, que el millonario de 35 años, en ese entonces, acabó ganando.

El sábado último, la Cancillería mexicana respondió en duros términos al supuesto reporte de inteligencia militar que hablaba del traslado de sicarios mexicanos a Ecuador para realizar atentados.

La Cancillería señaló en un comunicado que “rechaza tajantemente la creación de narrativas en comunicados oficiales y filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en el país”.

No es gratuito que la afirmación de que sicarios mexicanos había viajado a Ecuador se produjera luego de que el miércoles pasado la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que su gobierno no tiene por qué reconocer o no a Noboa como presidente del país sudamericano, ya que ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas en abril de 2024, tras el asalto armado a la sede diplomática de México en Quito.

Sheinbaum también puso en duda el triunfo de Noboa frente a Luis González en los comicios del domingo 13 de abril de 2025 y señala que los observadores de la OEA reportaron irregularidades e inequidad en el proceso electoral en favor del presidente y candidato derechista.

González ha denunciado un fraude electoral, pero observadores de la OEA y la UE han avalado los resultados de Consejo Nacional Electoral (CNE) en favor de Noboa, aunque han insistido en el “desigual” proceso electoral, en el que el presidente candidato se negó a pedir licencia en el cargo para hacer campaña, tal como marca la ley.

En febrero pasado, en una medida considerada “ridícula” en Ecuador, Noboa impuso un arancel de 27% a los productos mexicanos importados por su país. Las exportaciones de México a Ecuador apenas representan 0.079% del total.

México, santuario del correísmo

De acuerdo con la maestra en estudios latinoamericanos María Zuluaga, la obsesión anti4T de Noboa puede tener que ver, también, con el hecho de que durante el sexenio de López Obrador varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se refugiaron en México y fueron acogidos por la 4T.

Correa -asegura- es un referente de política ecuatoriana, y si Noboa ha ganado las dos últimas elecciones presidenciales, es porque hay un voto anticorreísta que es mayor que el voto correísta y él se ha convertido en el nuevo abanderado del anticorreísmo en Ecuador.

El mismo Correa, sentenciado a ocho años de cárcel en su país por un polémico caso de corrupción y está refugiado en Bélgica, viaja con frecuencia a México para reunirse con sus excolaboradores.

Entre los correístas exiliados en México figuran el excanciller Ricardo Patiño, los exlegisladores Gabriela Rivadeneira, Sofía Espín, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa.

Algunos de ellos tienen procesos judiciales abiertos que atribuyen a la persecución política desatada contra ese sector por el sucesor de Correa en la presidencia, Lenin Moreno, quien reside desde 2022 en Paraguay por un caso por corrupción que le abrió la justicia de su país y hoy alega ser, como su antecesor, un perseguido político.

Rivadeneira ha dicho que México protege a los ecuatorianos que “hemos sufrido lawfare (persecución política a través de instancias judiciales instrumentalizadas)”.

Otros correístas radicados en México son el exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís y la exlegisladora Viviana Bonilla, quienes han sido condenados por la justicia ecuatoriana por casos de sobornos; y Daniel Tovar, quien –de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción– fue coordinador de contenido digitales del expresidente López Obrador.