CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno de México alista modificaciones a leyes para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen, sin un juicio de fondo, cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero; corrupción o delincuencia organizada que sean incorporados a la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan. Y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.  

Señaló que “cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción (…) Tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, no una primera suspensión para liberar los recursos”.  

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que, desde hace años, el Senado discute un proyecto que el gobierno espera pueda concluirse en este periodo de sesiones. 

“Es básicamente la Ley ORPI la que se está discutiendo, y una parte del Código Penal, un aspecto, para darle al gobierno la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero, justamente porque eso no está con claridad establecido y los jueces se niegan a esto. Entonces, ahí ya se superará”, afirmó.  

El funcionario también presentó la lista de personas bloqueadas en la que, del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se incluyeron a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales. En total, 7 mil 815 sujetos. Se han desincorporado de la lista a 910 personas físicas, 360 morales. 

“Actualmente, se encuentra en la lista casi 5 mil personas físicas y mil 551 morales. Total, 6 mil 545. Derivado de la incorporación de sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado: 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros”. 

Gómez expuso que derivado de resoluciones judiciales, del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos y una persona que es incorporada a la lista tiene dos posibilidades de objetar esa incorporación: Se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, o se va a una audiencia en la UIF.  

En el caso del amparo, pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, mientras que, por la vía administrativa, se exponen en la UIF y si se considera que tiene razón, se le elimina de la lista; si no es así, la persona tiene derecho a objetar la resolución del titular de la UIF, en el Tribunal de Contencioso Administrativo y puede terminar con un amparo. 

Por lo tanto, de 32 mil 531 millones inicialmente bloqueados, por resolución judicial, 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueados; 82 mil 470 por infracción; por resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y por resoluciones del órgano administrativo, que es la UIF, más de 5 mil millones. 

La lista, afirmó Pablo Gómez, es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita para evitar que sean integrados a la economía nacional. 

Esta información se dio a partir de una resolución judicial que permite el desbloqueo de cuentas de Víctor Manuel Álvarez Puga y de Inés Gómez Mont, por lo que podrán usar el sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el ministerio público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.  

México aún espera que se espera que sean extraditados de Estados Unidos a México para que enfrenten la justicia en tribunales mexicanos. 

En diciembre de 2024, Proceso publicó un reportaje que apunta a “una red de relaciones familiares dedicada a la facturación, con transferencias de miles de millones de pesos que conecta a los parientes de dos personajes ampliamente conocidos en la vida pública: el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el exfuncionario peñanietista Víctor Manuel Álvarez Puga, hoy prófugo de la justicia”. 

“Esa red y sus operaciones intersecan con los escándalos de corrupción más sonados de la última década: el del propio Álvarez Puga y su pareja, Inés Gómez Mont; el de los García Pons, relacionados con el caso de Emilio Lozoya Austin, e inclusive con Genaro García Luna y su colaborador estelar, Luis Cárdenas Palomino”. 

Del planteamiento de dicho reportaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, hace tres meses, respondió: “Es un asunto de la Fiscalía (de Nuevo León) si tiene pruebas y tiene información suficiente las fiscalías tienen su autonomía. Si hay información que se proceda. Que no se haga de esto un asunto político si es un asunto administrativo, jurídico o penal, pues que se quede en ese ámbito”. 

El gobierno federal, por ese tema relacionado con el hoy referido Álvarez Puga y el gobierno de Samuel García en Nuevo León, no hizo más pronunciamiento.