CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De haberse respetado la ley, casos mediáticos y de interés para la 4T como la Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, entre otros, ya tendrían sentencias definitivas o estarían en vías de resolución.

Así lo afirmó el magistrado de Circuito, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien consideró que las “marrullerías” que fueron utilizadas en esos procesos, los convirtieron en los causantes de la reforma judicial que hoy mantiene al Poder Judicial de la Federación (PJF) al borde del más grande cambio estructural que ha sufrido en los últimos 30 años.

“Me parece que la reforma judicial no depende de esos casos, fueron los que la desataron, porque si esos asuntos se resolvieran atendiendo a la ley ya estarían resueltos o, por lo menos, ya estaríamos en vías de tener una resolución definitiva. Lo cierto es que se utilizaron marrullerías, por decirlo de alguna forma, y se ha acusado a personajes de alto nivel de litigar para retrasarlos, eso lo desconozco porque a mí no me consta”, precisó en entrevista para Proceso.

“No necesitaríamos una reforma si estos casos hubieran seguido un curso legal, como está la ley ahorita, ni siquiera necesitaríamos un cambio de ley”.

Sobre la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, reforma impulsada por Morena, el juzgador indicó que otro error que se ha cometido es mal entender las medidas cautelares, como la prisión preventiva, mismas que buscan garantizar que el proceso culmine.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada federal por Morena, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien en 2004 -cuando era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del DF- fue exhibido en un video recibiendo dinero en efectivo del empresario argentino, Carlos Ahumada quien tenía una relación amorosa con Rosario Robles.

El 12 de agosto de 2019, Delgadillo Padierna vinculó a proceso a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, por ejercicio indebido en el servicio público derivado del caso de la Estafa Maestra.

Debido a su relación con Dolores Padierna, la exsecretaria de Estado acusó al entonces juez de control de tener un conflicto de interés y, por tanto, haberla vinculado a proceso de manera ilegal.

“El procedimiento penal prevé reglas muy específicas para excusarse del conocimiento de un asunto y, a pesar del parentesco, yo no estaba dentro de los supuestos que establece la ley pues el grado de parentesco no alcanzaba a Dolores Padierna ni a René Bejarano (…) tendría que ser un familiar directo en primer o segundo grado, o sea, papás, mamás, abuelos, hijos o incluso nietos”, refirió.

“Solicitaron que me excusara en dos ocasiones y en ambas, órganos jurisdiccionales distintos y ajenos a mí, desecharon las solicitudes. Además solicitaron a la UGIRA (Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas) que me investigara, lo cual se hizo pero no hubo lugar ni siquiera a iniciar un procedimiento en mi contra”.

El magistrado detalló que el escrito que presentó la defensa de Robles ante la UGIRA refirió el caso de los videoescándalos en el que estaría implicada la exfuncionaria, quien fue señalada de orquestar, junto con Ahumada, la jugada política contra Bejarano.

Por ello, en su informe rendido ante dicha unidad refirió que esos hechos le eran completamente ajenos, pues en ese entonces él tenía 25 años y llevaba poco tiempo de haber ingresado al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Rosario Robles permaneció sujeta a prisión preventiva durante tres años y para el 24 de febrero de 2023 el juez de control, Roberto Paredes la absolvió, pues consideró que el caso debía ser resuelto por la vía administrativa y no por la penal. La resolución fue confirmada el 30 de octubre de 2024 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, todo este tiempo la exfuncionaria ha culpado a Delgadillo Padierna de haberla mantenido ilegalmente en prisión.

“La respuesta que ella da es netamente de carácter político. Es una defensa política pero alejada de la realidad jurídica (…) la fiscalía pide la prisión preventiva porque consideró que estaba justificado un riesgo de fuga y así sucedió”, indicó.

“Cuando cambio de funciones esa determinación la revisa otro juez e incluso en amparo también fue analizada por otro juez diferente y todos ellos concluyen que hay riesgo de fuga, con independencia de que la licencia falsa ya no era valorada por los jueces para la medida cautelar. Fuimos varios juzgados los que consideramos que había un alto riesgo de fuga. No fue una cuestión mía ni fue un capricho personal”.

Por este caso, el equipo del entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar ofreció medidas de protección al entonces juez de control por considerar que, al ser un asunto mediático podía quedar expuesto y su seguridad comprometida, pero él decidió rechazarlas.

Actualmente, Delgadillo Padierna es magistrado en un tribunal de Circuito de Apelación en el Estado de México, donde el cuerpo colegiado revisa las resoluciones emitidas por jueces de control adscritos al Centro de Justicia Penal Federal del Cefereso 1 “Altiplano”, mismos que son de alta seguridad.

Busca conservar su cargo a través del voto popular en junio próximo aunque reconoció que aún es difícil saber cómo impactará en la impartición de justicia esta nueva forma de designación de juzgadores.

Reprochó que la reforma judicial fue producto del distanciamiento que hay entre el PJF y los otros dos poderes de la Unión provocado por la gestión de la ministra presidenta Norma Piña.

“Creo que aquí hay un tema más político que jurídico, Zaldívar hizo algo que al día de hoy no se hace. Entabló coordinación y comunicación con los poderes de la Unión, el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial tenían una comunicación, que no sometimiento”, enfatizó.

“El día de hoy con Norma Piña no tenemos comunicación, no tenemos diálogo y estamos donde estamos. Lo que está a la vista, los datos objetivos del último año y medio, es que la gestión de Norma Piña y la gente que la ha acompañado ha sido un desastre. No la conozco en lo personal, para mí es solo una ministra más, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no tengo con ella ningún trato personal, nunca lo tuve”.

Delgadillo Padierna fue señalado en la denuncia presentada contra Arturo Zaldívar y sus excolaboradores, como uno de los jueces que cedió a presiones para resolver casos “a modo”, pues en la administración pasada conoció de casos polémicos como el de Jesús Murillo Karam, el operativo Tepito, entre otros, por ello, consideró que esto lo convirtió en un perseguido de la ministra Piña.

 “Si ella y Zaldívar tienen problemas, es algo personal, eso no tiene por qué cobrarlo a la institución, a cambio de ello, me convertí en un perseguido de Norma Piña. Hay más (perseguidos), pero sí fui el que sobrevivió a algunas de sus medidas”, acusó.

“En cuanto cambia la administración, históricamente el Poder Judicial hace reacomodos. A mí se me intentó readscribir a un lugar de castigo y más que de castigo a un lugar donde corría riesgo mi integridad personal. Al estado de Guanajuato que, por el tipo de asuntos que tenía, mi vida sí estaba en riesgo”.

Contó que esto fue evitado gracias a la intervención del consejero Bernardo Bátiz, apoyado por el bloque mayoritario dentro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afín a la 4T.

Otra represalia que el magistrado identificó fue el retraso de su proceso de ratificación que, por la pandemia ya llevaba una dilación de cerca de 9 meses, pero afirmó que Piña personalmente aplazó en tres ocasiones su ratificación y, por último, la retiró sin explicación alguna.

Apuntó que él nunca cedió a presiones en la administración de Zaldívar e incluso consideró que la investigación iniciada por el CJF contra los excolaboradores del ministro en retiro, fue parte de las estrategias de la ministra Piña para perseguirlo.

Reconoció que durante la administración de Zaldívar acudió al piso 14 del edificio del CJF, donde estaba la oficina de Carlos Alpízar en la que supuestamente los juzgadores eran amedrentados.

“Nunca fui a tratar asuntos jurisdiccionales fui, por ejemplo, a ver el tema de la segudidad que me querían imponer, les pedí que investigaran bien si realmente era necesaria la protección ofrecida y que me lo hicieran saber porque la verdad es que la seguridad es más una desventaja que un beneficio, o sea, lo que uno necesita es tiempo para trabajar y despuyés tiempo para ir a pasear al perro o para ir a comprar 5 pesos de cilantro, o sea, no necesito un equipo de seguridad para eso”, relató.

“Entonces, fueron temas específicos que fui a ver, también se dijo que fuimos a pedir asuntos, y la verdad es que no tenía necesidad, ya tenía suficientes casos”.