CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Organizaciones de defensa del medio ambiente exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum revocar permisos otorgados a megaproyectos de gas fósil en el Golfo de California, y atender las observaciones que hicieron nueve relatores de Naciones Unidas sobre dichas instalaciones, a fin de “alinearse al compromiso global de transición energética justa”. 

En un pronunciamiento 27 organizaciones sociales dieron a conocer la comunicación que enviaron las presidencias de nueve relatorías de Naciones Unidas en la que se “cuestiona la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el Golfo de California”.  

Los megaproyectos que pretenden operar en el Golfo de California, considerado el “acuario del mundo, mismos que cuentan con permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son la Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LGN, GNL Cosalá, y los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte.  

Esos proyectos “podrían convertir a México en el cuarto exportador de GFL del mundo a costa de la salud, los ecosistemas y los compromisos climáticos del país”, apuntaron los firmantes. 

En la carta enviada a México el 2 de septiembre pasado, los relatores advirtieron que “el país está en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución, si permite que las terminales de gas fósil proyectadas para Sonora y Sinaloa avancen sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin participación de comunidades afectadas”.  

En el pronunciamiento, las organizaciones firmantes retomaron extractos del documento enviado a México en septiembre pasado, en el que los expertos de la ONU expresaban su “profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales que pueden estar relacionados con la industria del GNL/GFL) en el territorio del Golfo de California, así como los impactos negativos que estas operaciones pueden tener sobre los derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, la salud y a un ambiente limpio, saludable y sostenible al desarrollo y los derechos culturales de quienes viven la región”. 

En su comunicación, las organizaciones resaltaron que los relatores señalaron a México que “la quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima en la Tierra”. 

Los firmantes destacaron que en diciembre del año pasado, 25 personas integrantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas solicitaron a las relatorías especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto el cambio climático y sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, para que intercedieran ante México y Estados Unidos “para frenar los proyectos de expansión fósil que ponen en riesgo a las comunidades del ‘Acuario del mundo’, llamado así por su alto valor natural”.  

En la alerta, los firmantes de la petición de intervención llamaron a las relatoras especiales a solicitar a México y a Estados Unidos “información completa, que escuchen a las comunidades antes de tomar decisiones y que garanticen el derecho a un medio ambiente sano”, así como abrir una investigación “seria e independiente para saber cómo las terminales podrían afectar la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias de la región del Golfo de California”.  

A las dos relatorías originalmente convocadas, se sumaron otras siete que hicieron cuestionamientos a México, a las empresas que pretenden instalarse en el Golfo de California y a los países de origen de las mismas, Estados Unidos y Singapur. 

Las otras siete relatorías que se sumaron fueron sobre la esfera de los derechos culturales; sobre el derecho al desarrollo; sobre el derecho el derecho de toda persona al  disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; sobre los derechos de los pueblos indígenas; sobre los derechos humanos de agua potable y saneamiento, y los presidentes de los grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. 

“Con esta comunicación oficial, la ONU confirma que México se encuentra bajo un escrutinio internacional formal”, señalaron las organizaciones al advertir que, “cualquier decisión que autorice o facilite el avance de los megaproyectos de combustibles fósiles en el Golfo de California será entendida como una responsabilidad directa del Estado mexicano”, que no podrá “alegar desconocimiento de los impactos de la industria fósil”.  

Las organizaciones resaltaron que las terminales de gas fósil en esa zona del país “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho, y erosiona la credibilidad del país y su compromiso en el combate al cambio climático”.  

Llamaron al gobierno de Claudia Sheinbaum “atender con seriedad las preocupaciones expresadas por las relatorías de la ONU, tomar decisiones respetando los derechos humanos de las comunidades del Golfo de California e iniciar inmediatamente la transición energética justa en la que alejarse de los combustibles sólidos es el primer paso”. 

Los firmantes del pronunciamiento urgieron a Sheinbaum, a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y al director de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Armando Campos, “revocar todas las autorizaciones otorgadas irregularmente a megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California”.  

Pidieron “suspender inmediatamente los procesos de evaluación ambiental en curso hasta garantizar información pública completa y metodologías científicas adecuadas”, así como “detener la expansión fósil y alinearse al compromiso global de transición energética justa”.  

Los activistas pidieron a los servidores públicos “garantizar el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas y comunidades rurales” y también “asegurar que la política energética y ambiental de México honre la Constitución y los tratados internacionales”.  

Los firmantes advirtieron que “México tiene hoy la oportunidad de romper el guión fósil, liderar con coherencia y demostrarle al mundo que su compromiso climático”, de lo contrario “sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”.  

Entre los firmantes del comunicado destacan el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, GeoComunes, Nosotras y el Mar, Caminantes del Desierto, Consejo Civil Mexicano parala Silvicultura Sostenible, Nuestro Futuro, Nosotras y el Mar, entre otras.