CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A unas horas de que culminar el 29 periodo de sesiones el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), colectivos de familiares de personas desaparecidas y de buscadores, organizaciones sociales, activistas y académicos  dieron a conocer el informe sombra “Desapariciones Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México”, con la petición al comité de someter la crisis de desapariciones en México “a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, a través del secretario General, Antonio Guterres.  

El 12 de agosto pasado, los colectivos, organizaciones, activistas y académicos enviaron al CED el informe, previo a que se llevara a cabo el 29 Periodo de Sesiones en Ginebra, Suiza, llevado a cabo del 22 de septiembre al 2 de octubre en Ginebra, en el que se discutió la información que México envió a partir de la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al Comité a analizar la pertinencia someter a consideración de la Asamblea General de la ONU la situación desapariciones en un país miembro. 

Los firmantes del documento, pidieron al CED que en un posible reporte sobre México ante la Asamblea General  “recomiende la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique los patrones que permitan determinar la existencia de situaciones generalizadas y sistemáticas más allá de toda duda, y recomiende las acciones pertinentes para encarar el fenómeno, detener las desapariciones en el país, identificar los cuerpos y fragmentos humanos para devolverlos dignamente a sus familiares, conocer la verdad y llevar a los responsables a la justicia”. 

Asimismo, urgieron a “comunicar a la Corte Penal Internacional la información recabada por el Comité y los indicios fundados para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso mexicano, a fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma”. 

Con más de 133 mil personas desaparecidas, México ha sido observado por organismos internacionales ante la violencia desatada después de la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico”, lanzada por Felipe Calderón en 2006, por lo que se han emitido sendos informes con recomendaciones puntuales para enfrentar la grave crisis de derechos humanos.  

Los firmantes recordaron reportes de organismos como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, el informe del Comité Contra la Tortura (CAT) de 2014, los informes de país el CED, de 2015 y 2018, así como la visita in situ de 2021, y el subsecuente informe de seguimiento, de 2023, hasta llegar al reciente pronunciamiento de abril pasado en el que el CED decidió instrumentar el artículo 34 de la Convención, ante un contexto preocupante de desapariciones. 

La decisión del CED de aplicar el artículo 34 en el caso de México, en su momento generó airadas condenas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que promovió una “nota diplomática” y del entonces presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña que habló de solicitar la destitución del presidente del órgano de tratado colegiado, Olivier de Frouville.  

“Es importante mencionar que esa cifra total de personas desaparecidas excede a la cifra oficial de personas desaparecidas derivada de cualquier situación de violencia política, régimen dictatorial o conflicto armado de la región de América Latina, incluido el conflicto armado colombiano que duró más de cincuenta años, el cual arrojó un número de 82,988 personas desaparecidas entre 1958 y 2017”, resaltan los firmantes del documento tras recordar que no hay estado del país que se libre de casos de desapariciones, lo que confirma que es un delito generalizado. 

El informe sombra advierte que a pesar de que el discurso oficial considera que las desapariciones forzadas ejecutadas por agentes del Estado, ocurren “al margen de las políticas oficiales de seguridad, que se trata de hechos aislados y que las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos —tanto a nivel estatal como federal— cuentan con la capacidad y disposición para hacerlo”, hay elementos que contradicen esa narrativa, entre ellos la impunidad que persisten en torno a las desapariciones.  

Para sostener que las desapariciones forzadas en México también son sistemáticas, se citó un análisis de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH) sobre 255 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones graves cometidas durante los primeros 12 años de la “guerra contra el narcotráfico”, resoluciones en las que 198 se relacionaban con desapariciones forzadas. 

“Son de las mismas autoridades las que participan en la desaparición de 198 personas, y sin duda se perpetran como una acción estatal significativa en el marco de la política transexenal para combatir organizaciones criminales, en varios estados de la República. De hacerse los análisis correspondientes, sería factible discernir los canales de mando al interior de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal mexicano involucradas en las atrocidades”, se indica. 

Al retomar información de los poderes judiciales estatales y federal, entregada vía Transparencia al medio “Animal Político”, se indica que entre 2017 y enero de 2025 se dictaron 373 condenas por desaparición forzada y cometida por particulares, dato que comparado una revisión del número personas desaparecidas al 21 de marzo de 2025, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sumó 66 mil 389, de ahí que ”la cantidad de sentencias equivale al 0.56% de ese total” de presuntas víctimas. 

El informe de la sociedad civil recuerda la serie de informes y documentación por parte de organizaciones internacionales y nacionales sobre casos de desapariciones en las que “los perpetradores de dichos crímenes han sido agentes del Estado -de los tres niveles de gobierno: federales, como el Ejército, Marina, Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), Guardia Nacional (antes Policía Federal), así como policías municipales y estatales- en el contexto de una o varias políticas o estrategias de seguridad para combatir al narcotráfico o la delincuencia organizada”. 

A ello se suma que “ciertos grupos de la delincuencia -conforme al derecho internacional aplicable- pueden ser considerados como organizaciones, y que en el marco de sus políticas -económicas y comerciales (ilícitas)- han controlado territorios a través de la violencia y han cometido también crímenes atroces de manera generalizada y/o sistemática, incluyendo desapariciones forzadas, en contra de la población civil”. 

El documento expone la situación de desapariciones en algunas entidades que resultan emblemáticas, como Nuevo León Guanajuato, Tabasco; Morelos, Baja California, Estado de México, Coahuila, Veracruz, Nayarit y Jalisco, destacando que en los últimos cuatro, organizaciones locales promovieron denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI).  

El informe sombra hace un análisis diferenciado por tipo de víctimas, entre ellas la infancia y la adolescencia, población que, de acuerdo al registro oficial, 17 mil 349 se encontraban en situación de desaparecidas o no localizadas al 14 de marzo de 2025.  

En el caso de personas en situación de movilidad, se destaca que mientras en el RNPDNO están registradas 265 personas migrantes como desaparecidas entre 2003 y lo que va del presente año, organizaciones civiles como Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (PMDOIM), ha reconocido que de 2014 a lo que va del 2025, se han contabilizado al menos 4 mil 924 personas migrantes desaparecidas y fallecidas en su tránsito por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. 

En tanto, comités de familiares de Honduras documentaron 887 casos de personas migrantes que fueron desaparecidas durante su tránsito por México, mientras que  la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) ha documentado 40 casos, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) conoce de 300 casos, y, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) documentó 2 mil 351 casos de personas migrantes desaparecidas en México y Estados Unidos entre 2010 y febrero del 2025.  

En cuanto a las mujeres y niñas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) de mayo de 2024 a mayo de 2025 aumentaron los casos de mujeres desaparecidas, en los 32 estados del país, pero en nueve de ellos registraron incrementos de entre el 55% al 21 por ciento, siendo estos Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa, mientras que el rango de edad en el que se encuentra el mayor número de víctimas es entre los 15 y 19 años.  

El informe sombra incluye datos sobre desapariciones de 31 periodistas entre 2000 y lo que va de 2025; de 93 defensores del medio ambiente y el territorio, de las cuales 62 pertenecían a un grupo indígena, desaparecidas entre 2006 a 2023, como 27 personas buscadoras desaparecidas hasta abril de 2025. 

Los colectivos, organizaciones, activistas y académicos que presentaron el informe sobre resalta la crisis forense en que se encuentra el país, al existir más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país, alertando de la falta de claridad de las instituciones para dar a conocer cifras oficiales de hallazgos de fosas clandestinas, y de restos humanos.  

Para acercar a los miembros del CED en este tema, los firmantes el documento dan cuenta de que, a partir de notas de prensa, la sociedad civil ha documentado que, del 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024, 3 mil 516 fosas clandestinas, de las cuales han sido exhumados 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos humanos, mientras que las fiscalías estatales reportan 5 mil 152 fosas, con 5 mil 718 cuerpos y 4 mil 901 restos. 

“Aunque las fiscalías informan un mayor número de hallazgos de fosas —siendo su obligación documentar la totalidad de este fenómeno—, las notas de prensa reportan un número más alto de restos humanos”, se señala.  

Al insistir en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para detener la crisis de desapariciones, los remitentes del documento resaltan que “el número total oficial de personas desaparecidas que se ha registrado en México es enorme, y excede a cualquier otra situación de violencia, conflicto armado o régimen dictatorial por el que haya atravesado cualquier otro país de la región de América Latina”,  mientras que persiste una impunidad que “también se podría entender como una forma de colaboración por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia en la comisión y repetición de las atrocidades”. 

Firman el informe cientos de colectivos de familiares de desaparecidos y de buscadores todo el país, así como de Centro América, organizaciones de la sociedad civil como Consultora Solidaria, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Red de los Derechos de la Infancia en México, Artículo 19, Asamblea de los Pueblos Indígenas de Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Investigaciones de Crímenes Atroces, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Justicia Transicional México, Tejiendo Redes Infancia, Plataforma por la Paz, entre decenas más, así como activistas y académicos como  Aída Hernández (CIESAS), Alejandra Nuño (ITESO), Elena Azaola (CIESAS), Mariclaire Acosta, Michael Chamberlin, Santiago Corcuera y José Antonio Guevara, entre otros más.