SALTILLO, Coah., (apro) .- Una oportunidad para que el Estado Mexicano defina su plan concreto, con recursos económicos, humanos y materiales que impidan la continuación de las desapariciones y atender la grave problemática que se vive en el país, es como debe considerarse la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, consideró de Diana Iris García, madre de Daniel Cantú desaparecido en el 2007 en Coahuila. 

La integrante fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUUNDEC, y quien forma parte de la comitiva que estará en Ginebra –donde se desarrollan las actividades del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU–, para la evaluación del caso de México, al que, el pasado mes de abril, se le inició el procedimiento de la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

“El anuncio de iniciar el procedimiento obtuvo como respuesta del Estado mexicano una reacción muy agresiva y por lo tanto diversas organizaciones civiles y colectivas de víctimas señalamos que la aplicación de este artículo no debe ser visto como un ataque al gobierno sino como una oportunidad extraordinaria para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas" señaló.  

El Estado mexicano debió de haber enviado el pasado 18 de septiembre el informe solicitado por el Comité y en los próximos días se analizará la respuesta en la audiencia, donde estarán presentes las familias de personas desaparecidas. Por parte de las familias de personas desaparecidas se envió un informe paralelo sobre la problemática. 

Como integrante del Movimiento Nacional de Familias Desaparecidos y fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Iris García es acompañada en su lucha por el centro de Derechos Humanos fray Juan de Larios y la Consultora Solidaria, el director de ésta última, Michael W. Chamberlin, también estará presente en las audiencias, al igual que María Luisa Lazarín Sierra, madre de Israel Torres, desaparecido en el 2009 en el municipio lagunero de Matamoros. 

“Nos sabemos sí México hizo o no el informe solicitado, pero para eso vamos a Ginebra en esta comisión para tener una audiencia y explicar de viva voz que México no ha cumplido con las recomendaciones que le hicieron. Esto es una gran oportunidad para resolver la grave crisis que estamos viviendo las familias”, apuntó. 

Para la madre de Daniel Cantú es importante señalar que el Comité de la ONU no pretende agredir al país, sino apoyar las acciones que lleven a la localización de más de 133 mil personas desaparecidas y que este delito no se siga cometiendo de manera generalizada y sistemática. 

“El Comité ha dado seguimiento desde 2012 a las desapariciones en México y solo declaró que en el país existe una situación de impunidad absoluta. Tenemos la cifra de horror de 133 mil desaparecidos existen más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en instalaciones de gobierno y cientos de miles de fragmentos. Esto significa que se cometen desapariciones generalizadas o sistemáticas y por el contrario tenemos una cifra contrastante de 373 condenas por desapariciones forzadas entre 2017 a enero del 2025. Realmente son cifras de horror", afirmó.  

También dijo que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas ha emitido 773 acciones urgentes de casos donde las autoridades no han hecho un trabajo de investigación y búsqueda efectiva. 

Entre ellos se encuentra el caso de la niña de origen hondureño Sofía Caballero, quien desapareció en Piedras Negras, además del caso de Pablo Jared Vallejo Adame, ocurrido en Torreón, al igual que el de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, entre otros. 

La integrante de la comitiva por parte de las familias señaló que, si bien en el país se han creado leyes e instituciones, también hacen falta recursos humanos y financieros con los cuales se enfrente la impunidad que caracteriza la actuación de las autoridades por atender la problemática.  

“Simplemente los resultados son insuficientes. Estas cifras de horror dan cuenta de una falta de políticas de Estado en nuestro país para atender la grave crisis de desapariciones. El Estado Mexicano debe responder al Comité con una propuesta para erradicar de fondo las causas de las desapariciones”, exigió.