SALTILLO, Coah. (apro).- La Fiscalía General de Coahuila modificó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la dependencia que fue elaborado con la participación de los colectivos de familias de personas desaparecidas y que tuvo un costo de un millón 869 mil 650 pesos para el pago de especialistas consultores. La propuesta fue frenada por los colectivos, quienes denuncian que no se tomó en cuenta el trabajo de casi dos años. 

En el proyecto denominado “Una fiscalía que sirva” se trabajó desde el 2022 y contó con el apoyo financiero de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo que el presidente Donald Trump desmanteló al iniciar su gobierno. 

“Las familias decidimos tomarnos unas semanas más para terminar de analizar la propuesta que ellos nos enviaron y que es bastante distinta a la que teníamos con el ex fiscal (Gerardo) Márquez Guevara. Aunque ya se terminó el contrato con los consultores estamos trabajando con ellos, quienes de forma solidaria están ayudando a traducir la iniciativa presentada por el nuevo fiscal”, señaló Grace Mahogany Fernández Morán, hermana de Dan Jeremeel, quien desapreció en la ciudad de Torreón el 19 de diciembre del 2018 y quien representa al colectivo Búscame. 

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez consideraban presentar el proyecto en el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo local que inició en septiembre, antes de que se destine la agenda relacionada al paquete financiero que consta de los Presupuestos de Ingresos de la administración estatal, municipios, órganos autónomos y desconcentrados. 

Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, tras la audiencia trimestral que fue diferida en varias ocasiones y que los colectivos realizan en autoridades del estado y Fiscalía, se presentó el proyecto y las familias se percataron que había diferencias al construido con el grupo de consultores, entre los que se encuentran Miguel Ángel Urbina Martínez, Susana Camacho e inicialmente estuvo el exdirector de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, quien posteriormente dejó el espacio. 

La integrante del colectivo Búscame, quien han sido una de las que estuvo trabajando directamente con los consultores, señaló que esperan que sí se presente en el actual periodo de sesiones para no perjudicar los otros procesos de procuración de delitos, pero también que se presupuesten los recursos necesarios para las modificaciones que se requieren y se atiendan las observaciones en las que trabajaron las familias. 

Fernández Montañez está por cumplir un año al frente de la Fiscalía General y, desde que asumió el cargo, aunque ya estaba terminada la reforma a la Ley Orgánica, no se abordó el tema hasta hace 15 días, cuando presentó un proyecto diferente de acuerdo con la visión que tienen las nuevas autoridades en la dependencia. 

“Las visiones son diferentes y por eso necesitábamos del diálogo. Le dijimos al fiscal que nos íbamos a dar un par de semanas más para analizarlo. Les habíamos mandado un primer acercamiento y de los puntos más importantes es la flexibilidad de las investigaciones, que significa que si se siguen persiguiendo como un solo delito y no se vincula a otros hechos delictivos que pueden estar relacionados, incluso con los mismos perpetradores, entonces estaríamos perdiendo la oportunidad de una verdadera persecución penal”, dijo. 

Para las familias es importante que las autoridades no dejen de investigar las desapariciones cuando están relacionados otros delitos como el robo o el homicidio. Este tema ha sido una de las principales preocupaciones de los colectivos y fue quitada del proyecto, pero cuando lo externaron se prometió que lo agregarían. 

“Esto ya lo entendió el fiscal y de hecho nos dijo: ‘Sí, va’, pero nosotros respondimos: ‘Bueno no queremos nada más el ‘sí va’: trabajemos en la visión que de la mano de los consultores habíamos pensado y propuesto para la Fiscalía, ¿no?, y es esta flexibilidad de que haya más ministerios públicos involucrados en las carpetas de investigación con los delitos vinculados”, explicó. 

Sin precisar casos específicos ni cifras, las familias consultadas comentaron que cuando se localiza a la persona sin vida, la Fiscalía invisibiliza el delito de la desaparición para armar la carpeta como homicidio. 

La activista dijo que no sólo ven por el caso de las desapariciones en Coahuila, sino que es necesario que se recoja el punto de vista de otros grupos y se promueva la participación ciudadana a través del Consejo Ciudadano, porque las visión de la Fiscalía General es fortalecer la persecución de muchos de los delitos y están trabajando en la reconstrucción de la paz y es lo que busca la población. 

“Estamos justo en esa etapa final de cómo empatar los puntos nodales, porque lo importante para que haya un verdadero cambio en la Fiscalía, al menos para los delitos de alto impacto y de graves violaciones a derechos humanos, debemos ver cómo se construye el plan de investigación, cómo se comparte y cómo se fortalece”, puntualizó. 

Fernández Morán asegura que el actual fiscal y su equipo se tomaron el tiempo para construir un nuevo proyecto y no someterse “como camisa de fuerza” al que se elaboró con las familias y el apoyo de los especialistas que diseñaron una “propuesta que está sustentada y no es como de un capricho”. 

La activista señaló que, al explicarle a Fernández Montañez los cambios que notaron, ofreció apertura para sentarse y analizarla de nuevo y no presentarla a los legisladores con prisas, por lo que confía que se retomen las aportaciones de las familias. 

En una entrevista a finales del mes de agosto, el fiscal de Coahuila rechazó que la iniciativa vaya a ser sometida a consulta. 

“No. La consulta es con los colectivos. Nosotros no vamos a hacer foros de consulta, vamos a presentar la iniciativa al Congreso y es un tema que no salió de un escritorio, pero sí lo hemos venido comparando con otras legislaciones y otros ejercicios”, dijo al rechazar que se pida la opinión de defensores de derechos humanos de otras áreas diferentes al caso de las desapariciones.