Un Estado que interviene comunicaciones sin orden judicial pierde legitimidad y erosiona la democracia. La confianza pública se desvanece cuando los ciudadanos se sienten vigilados.

Los datos biométricos requieren un resguardo riguroso. Son únicos, irrepetibles y representan parte fundamental de nuestra identidad. Si no se protegen, no sólo se arriesga la seguridad de una persona, sino la de miles de mexicanas y mexicanos.

La libertad de expresión y de prensa no sólo deben concebirse como derecho individual, sino como parte integrante del engranaje de nuestro sistema democrático, en donde la esfera político-electoral ocupa un lugar fundamental.

Lo paradójico es que aun cuando la ética fue salvada al reescribirse, no ha servido para detener ni la barbarie ni la oscuridad. Nuestro mundo es su ejemplo más inmediato.

La espiral de violencia que afecta a la sociedad no para, al contrario, sigue con una creciente constante ante la cual ninguna estrategia de seguridad pública da resultado.