La nefasta relación entre movilidades humanas y la muerte de personas se ha convertido en un mal de nuestro tiempo, que poco se hace por evitar. De suyo, la migración o la búsqueda de asilo en un país ajeno no supone algún riesgo de muerte, incluso en condiciones precarias e irregulares. La probabilidad de morir deriva de la colisión entre la necesidad de movilidad y, enfrente, las políticas de Estado que la excluyen o rechazan abiertamente implementando todo tipo de obstáculos normativos y físicos. Entre más severos los segundos, mayores los riesgos que las personas emprenden, obligadas por factores que les trasciende como son las violencias y crisis sociales, económicas e institucionales. Como es sabido, el crimen organizado se suma como un gran explotador de esa vulnerabilidad humana convirtiéndose también en un riesgo de muerte.

El panorama anterior –que podemos encontrar a lo largo del territorio mexicano, hacia el sur de América y hacia el norte– se añade hoy otro escenario que también constituye un riesgo de muerte para las personas migrantes y refugiadas. Se trata de la detención, de la condición de encierro en espacios hacinados y agresivos, incomunicados, sin intimidad, con mínimas atenciones de salud, con mínimas o nulas posibilidades de defensa jurídica, en un entorno de abandono y pérdida de todo. Me refiero los centros de detención de las autoridades migratorias de Estados Unidos, del ICE en específico (Immigration and Custom Enforcement), que de manera creciente reportan decesos de las personas que tienen detenidas.

Son varios los factores que hacen particularmente letales a esos espacios, como es evidente haciendo un rápido recuento de las muertes ocurridas recientemente. En el año 2022 se reportaron tres decesos bajo custodia del ICE. En 2023 fueron siete y 11 en 2024. Entre enero y el 11 de octubre de 2025 los fallecimientos se elevaron a 22; de continuar la tendencia, es probable que al finalizar el año sean 28 o más los muertos en esas condiciones. Es decir, la extrema agresividad de las políticas antiinmigrantes de Trump tiene costos humanos cada vez más graves.

Los espacios de las detenciones del ICE se han convertido en un horror. ¿Puede asumirse que los modos rudos, paramilitares o militares de las políticas antiinmigrantes, el temor y miedos que difunden, el maltrato y fuerza bruta, cesan una vez detenidas las personas?, ¿en esos lugares practican maneras distintas? De entrada, la respuesta es no. El miedo y los temores se concretan, se materializan en la continuidad de hostilidades en los centros de detención, en el hacinamiento, en el desprecio por las necesidades humanas más elementales. 

Por ese desprecio pudieron muchos terminar en Guantánamo o en una cárcel de El Salvador o ser enviados a un país africano apenas conocido, violando los derechos humanos e incluso los principios de la legislación misma de Estados Unidos. En estos tiempos, el debido proceso parece ser solamente una incomodidad burocrática que puede evitarse sin mayores trámites.

Si antes de su detención una persona migrante ya se encontraba con alguna tensión emocional, en esos espacios todo empeora de inmediato. Los reportes médicos de las personas fallecidas en 2025, prácticamente todos, refieren un cuadro emocional con grave deterioro, que a su vez repercute en la salud física. Sobre todo, de aquellas personas con padecimientos o riesgos cardiovasculares. Deben ser revisados esos reportes médicos, que aunque breves son un claro testimonio sobre las crisis de salud agravadas por la detención y sus desastrosas condiciones (https://www.ice.gov/detain/detainee-death-reporting). 

Prácticamente todas las personas que murieron en 2025 tenían largos antecedentes de haber vivido en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedía en periodos anteriores. El promedio de años vividos en Estados Unidos –considerando la información proporcionada por ICE– es de 21 años; algunas personas incluso tenían más de 40 años de antecedentes. Se comprende así que la detención se traduzca en una pérdida enorme, real y emocional de la vida, de la familia, de la comunidad, de bienes, de futuro. Se abre un súbito abismo para el escenario personal, grave en todos los aspectos. ¿Cuál es el costo para la salud mental y física? El creciente número de muertes ofrece un cruel indicador.

Los mexicanos detenidos mueren antes que otras nacionalidades. Si las personas fallecidas recientemente se agrupan entre mexicanos y otras nacionalidades, el número de días que dura su vida en detención es muy contrastante. Nos va mucho peor, nos sentimos mucho peor. En promedio, fallecemos a los 45 días. Las otras nacionalidades en conjunto pueden perdurar hasta 200 días. No sé que sea más negativo. En todo caso es evidente la crueldad que implica una detención prolongada con esas condiciones de hostilidad y maltrato. 

Si alguna iniciativa debiera tomar el gobierno de México, es evitar a toda costa los tiempos prolongados de detención, especialmente de las personas que se identifiquen con condiciones de salud más vulnerables.

Hace pocos días la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó el fallecimiento de 10 mexicanos en los centros de detención del ICE, que están contabilizados en los datos anotados arriba. Es indignante. Ninguna de esas muertes era inevitable. Debe entenderse el agresivo contexto de la detención que las encamina y acordar correcciones inmediatas ante el gobierno de Estados Unidos. No hay que esperar más reportes sobre muertes. Una nota diplomática puede llegar muy tarde a su destino.

*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM