CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el propósito de supervisar la correcta aplicación del presupuesto asignado para 2018 a la Secretaría de Cultura (SC) en el rubro “Donativos a instituciones sin fines de lucro”, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo un análisis que revela irregularidades en un monto de 167 millones de pesos (mdp). Se trata del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y de gestión de la entonces titular de la SC, María Cristina García Cepeda. De un monto de 742 millones 748 mil pesos (el total de los recursos asignados a Cultura para el rubro 48101, referente a donativos), la Auditoría eligió una muestra de 561 millones 882 mil pesos, es decir, el 75.6% para ser analizados. Para explicar el origen de estos recursos y su propósito se indica que, desde diciembre de 2015, cuando se creó la SC, se dispuso que la Cámara de Diputados aprobará recursos adicionales al presupuesto de dicha dependencia, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de “fortalecer los objetivos de las políticas culturales, educativas, de desarrollo social y de salud, entre otras, en beneficio de los diversos sectores de la sociedad”. Los recursos (llamados coloquialmente “etiquetados” porque van directamente a proyectos específicos) fueron aprobados por la Cámara, y para su entrega, la Comisión de Cultura y Cinematografía, emite una convocatoria en todo el país. Una vez seleccionados los proyectos culturales “susceptibles de obtener recursos”, notifica a la SC para que sea ésta la responsable de la entrega, bajo las normativas marcadas por la comisión, entre ellas la transparencia del ejercicio de ese presupuesto adicional. Sin embargo, la ASF señala, en este documento, irregularidades desde 2017. Menciona: “…eventos culturales no realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; cotizaciones presumiblemente falsas o alteradas; bienes no adquiridos o adquiridos en menor cantidad que la autorizada; precios de bienes y servicios superiores a los del mercado; un proyecto inconcluso; pagos en exceso; firmas aparentemente apócrifas estampadas en documentos oficiales; dos beneficiarios realizaron actividades de autobeneficio; transferencias de recursos a cuentas bancarias de tres asociados de dos beneficiarios provenientes de sus propios proveedores; evidencia fotográfica que no se corresponde con los proyectos apoyados de dos beneficiarios; proveedores no localizados, uno de los cuales con domicilio inexistente y clasificado por el Servicio de Administración Tributaria como empresa que factura operaciones simuladas”. Y destaca que todo ello dio pie a una recomendación, tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 14 pliegos de observación.

Etiquetados y discrecionales

Los recursos que la Cámara de Diputados ha entregado a través de la SCo en su tiempo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) han sido objeto de controversia, críticas y señalamientos. El 3 de octubre de 2012, por mencionar un caso, la reportera Rosalía Vergara de la agencia Apro dio a conocer que la entonces presidenta del Conaculta, Consuelo Sáizar, se negaba a entregar ese apoyo económico bajo el supuesto de que “en Oaxaca no hay cultura”, según declaraciones del presidente municipal de Xoxocotlán. En noviembre de 2015, la misma agencia publicó información del portal Zonafranca.mx que aseguró que el entonces senador Gerardo Sánchez García “gestionó y obtuvo recursos públicos superiores a los 90 millones de pesos entre 2009 y 2014, etiquetados por la Cámara de Diputados federal supuestamente destinados a actividades artísticas”. Como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la actual Legislatura, el diputado Sergio Mayer anunció en noviembre de 2018 la creación del Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019, en sustitución de los “etiquetados” para entregarlos de manera directa, y aseguró que con ello se evitarían los “moches”, denunciados tiempo atrás, pues los diputados no dispondrían directamente de los recursos. La discusión del presupuesto para 2019 que se daba en aquellos momentos se exacerbó justo cuando se anunciaron 500 millones de pesos adicionales para el sector Cultura, para proyectos culturales de las comunidades, la sociedad y la infraestructura del país. Al comentar el hecho, la crítica de arte del semanario Proceso, Blanca González Rosas, destacó: “Emparentados con los cuestionables recursos conocidos como ‘etiquetados’ que, bajo la gestión de los gobiernos panistas y priistas se caracterizaron por la opacidad y arbitrariedad de su asignación, los proyectos no gubernamentales destacan negativamente en el presupuesto 2019 por su número, la ausencia de indicadores de selección y la falta de nombres de los beneficiarios”. El periodista Eduardo Cruz Vázquez, fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), explica a esta agencia vía telefónica que existían dos vías para la entrega de donativos a las asociaciones civiles con proyectos culturales: 1.- Los que etiquetaba la Comisión de Cultura y Cinematografía, de los recursos que aprobaba adicionalmente al presupuesto autorizado para el Sector Cultura, y entregados a través de ésta. 2.- Los que la propia SC, de su presupuesto, otorgaba de manera discrecional a las asociaciones civiles (donatarias y facultadas para entregar recibos deducibles de impuestos)- Finalmente, cualquier pretensión de entregar recursos por parte de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Cultura a organizaciones de la sociedad civil fue cancelada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de la política de austeridad, desde inicios del 2019.    Según datos de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, publicados en mayo pasado por El Universal, la Secretaría de Cultura ocupó en 2018 el tercer lugar en la entrega de donativos (después de la Secretaría de Educación Pública y de la de Bienestar) con un monto de 739 millones de pesos 221 mil 185 pesos.

De músicas y museos

El escrutinio de la ASF abarca varios proyectos sin especificar si se trata de los etiquetados por la Cámara o los otorgados por la SC. Sus observaciones hablan de discrecionalidad, falta de pruebas sobre la ejecución de los recursos en eventos culturales, y de manera reiterada ausencia de supervisión en la realización de dichos eventos, por lo cual consideran daños o perjuicios a la SHCP. Además, demanda que la SC aclare el destino de 167 millones 111 mil 702 pesos. Uno de los casos mencionados en la auditoria, que corresponde a la entrega de recursos del presupuesto de la SC, es Puerto Cultura, A. C., que tiene como asociado al etnólogo y exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo, que según otro documento de la ASP recibió 59.3 millones de pesos a través de la SC para la creación del llamado Museo de Museos, entre 2013 y 2018, y otros proyectos como la Exposición Conmemorativa del Centenario de la Constitución, consignó en su portal Eme Equis.  El informe de la ASF destaca: “Es importante señalar que el proyecto fue autorizado directamente por la C. Secretaria de Cultura sin que se evidenciara el método de selección utilizado para determinarlo como elegible, así como la forma en qué se determinó el monto del apoyo, en incumplimiento de los arts. 1 párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y cláusulas tercera y sexta, del Contrato de Donación número. SC/DGA/CD/02756/18”, del 31 de julio de 2018.” El documento indica que en 2018 la SC le otorgó 9 millones 313 mil pesos para la segunda etapa del Museo de Museos, en el edificio del antiguo Marqués del Apartado, ubicado en el Centro Histórico, mediante dicho contrato. Otro de los casos mencionados en el informe es la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A. C., a la cual la SC le otorgaron donativos por 118 mil 300 pesos, para 35 proyectos cuyo fin es la formación musical de niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 17 años para formar parte de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca existentes en varios estados del país. Según la ASF, la asociación entregó la documentación que acredita la ejecución de los 35 proyectos. Sin embargo, la agencia Apro publicó el 22 de enero pasado un reportaje de Carmen García Bermejo, reportera de Quinto Elemento Lab, en el cual se da cuenta de cómo justo una semana antes de tomar posesión como presidente, López Obrador firmó un convenio con Salinas Pliego para “poner en marcha un programa de 300 orquestas y coros con al menos 80,000 participantes”. Explica el reportaje: “A dos meses de iniciado su sexenio el presidente dio la orden de suspender donaciones a las asociaciones civiles que recibían recursos públicos; la SEP anunció en julio la creación de la Dirección de Educación Musical y Orquestas Escolares con el ‘método de las orquestas Azteca’ y, en agosto, la Fundación Azteca transfirió sus 83 orquestas a la estructura de la SEP”. La SC podrá ya no estar autorizada para darle recursos a ese proyecto, pero ahora lo hace la SEP, encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, quien era director de la Fundación Azteca antes de incorporarse al gabinete de López Obrador. Los proyectos observados por la ASF son varios, proyectos de cine, de lectura, musicales, festivales, artesanales, a la asociación Patronato Pro Biblioteca Vasconcelos, A. C., para la rehabilitación de espacios interiores y exteriores de la Biblioteca Vasconcelos, siendo que ésta es una entidad pública con presupuesto público. Te recomendamos: “Recortes no son síntoma de falta de interés” de Peña en la cultura: García Cepeda