El cambio en la política de seguridad de Donald Trump frente a su vecino del sur fue evidente desde el día que tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Ese 20 de enero último el republicano firmó una avalancha de órdenes ejecutivas entre las cuales destacaba la que declaró un estado “de emergencia nacional” en la frontera con México. Eso implicó el envío masivo de tropas a la franja limítrofe.

En los cinco meses que han pasado desde entonces el Pentágono cuadruplicó el número de militares emplazados para custodiar la línea divisoria binacional, que hoy llegan a 10 mil y cuentan con equipo de combate y vigilancia transfronteriza como helicópteros Black Hawk, drones espía Predator B y unos 100 vehículos Stryker todoterreno que fueron usados en las guerras en Irak y Afganistán.

Todo esto, según Trump, para detener la “desastrosa invasión” de migrantes, de cárteles que trafican drogas ilícitas, de contrabandistas, traficantes de personas y “terroristas reconocidos”.

Pero en los hechos, estas maniobras militares desarrolladas por la administración Trump han ido mucho más allá de la frontera común e incluyen, también, la presencia de buques de guerra cerca de costas mexicanas en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, y sobrevuelos furtivos.

El jefe del Comando Norte estadunidense, el general Gregory Guillot, ha dicho de esos sobrevuelos que son “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento” que tienen el propósito de obtener información sobre los cárteles mexicanos y los traficantes de indocumentados.

Además, ante el Senado estadunidense ha reconocido que esos vuelos se han realizado sin la autorización del gobierno mexicano.

Académicos expertos en seguridad e inteligencia consultados por Proceso señalan que esas operaciones militares, que coinciden con la llegada de Trump por segunda vez a la Casa Blanca, son...

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0025 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.