Violencia

Exmilitares colombianos asisten al narco en ataques con drones

Cárteles mexicanos suman a sus filas a especialistas en vuelo de drones y explosivos, quienes dan “apoyo técnico” en el ataque con estas armas a grupos rivales, sobre todo en Baja California, Guerrero y Michoacán.
lunes, 22 de abril de 2024 · 05:00

BOGOTÁ.– Los ataques con drones que realizan organizaciones criminales de México contra el Ejército y grupos rivales han tenido el “apoyo técnico” de exmilitares colombianos que trabajan para los cárteles del narcotráfico de ese país, aseguran oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Las fuentes, que hablaron con Proceso con la condición de permanecer en el anonimato, afirman que entre los exsoldados profesionales colombianos que han sido reclutados por los cárteles mexicanos de la droga hay especialistas en la operación de drones y en el manejo de explosivos.

“Lo que sabemos es que los (exmilitares) colombianos han transferido conocimiento a los (cárteles) mexicanos para ‘armar’ drones con artefactos explosivos de alto poder destructivo”, señala un exoficial del Ejército de Colombia.

Afirma que él mismo ha servido de enlace para enviar a México a explosivistas y a operadores de drones capacitados en la Escuela Básica de Aeronaves Remotamente Tripuladas de la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

“Un explosivista y un piloto de drones son una mancuerna mortífera que puede inclinar la balanza en una guerra irregular como la que se pelea (por parte de las organizaciones del crimen organizado) en México”, señala.

Otra de las fuentes consultadas afirma que los operadores colombianos de drones forman parte, por lo regular, de unidades de inteligencia que realizan reconocimiento de terreno para ubicar posiciones de organizaciones criminales y obtener información de sus movimientos, pero “fácilmente pueden usar ese conocimiento para desarrollar operaciones ofensivas” con esos aparatos.  

Armas cada vez más letales. Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.

Los ataques con drones ocurridos en México se concentran en los estados de la costa del Pacífico, como Baja California, Guerrero y Michoacán, precisamente donde se ubican las operaciones de los cárteles mexicanos que más exmilitares colombianos han reclutado: el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Un teniente retirado del Ejército de Colombia afirma que esas organizaciones del narcotráfico adquieren drones comerciales chinos que son adaptados como armas del aire con explosivos como C4, TNT y Amonal, y con granadas de mano y morteros que estallan al hacer impacto con un objetivo.

“Son drones kamikaze que pueden funcionar como una fuerza aérea híbrida. Eso les da a los cárteles una ventaja táctica”, señala el exteniente.

De acuerdo con un exsoldado profesional, en un grupo de WhatsApp de sus antiguos compañeros de armas se ha llegado a comentar que en México “hay colombianos armando esos artefactos”, los cuales son cada vez más utilizados por las organizaciones criminales mexicanas.

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, los ataques de drones de la delincuencia cargados con explosivos pasaron de cinco en 2020 a 260 en el primer semestre de 2023.

El pasado 13 de marzo, un cártel de las drogas —presuntamente La Familia Michoacana— atacó con drones cargados de explosivos un poblado de la Sierra de Tecpan de Galeana, en el suroccidental estado de Guerrero.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha realizado ataques con esos artefactos en varios estados, incluso en el occidental Michoacán, donde el pasado 29 de febrero murieron cuatro soldados en una emboscada que incluyó el uso de drones.

“Ahí hay mano colombiana”, asegura uno de los exoficiales colombianos que habló con esta revista.

El secretario mexicano de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, anunció el pasado 8 de marzo que el Ejército adquirirá tecnología para “contrarrestar la acción de los drones” y para ubicarlos y destruirlos antes de que causen daño.

El Congreso mexicano debate una iniciativa de ley para sancionar con penas de entre 20 y 53 años de prisión a quienes utilicen drones para atacar a la población o a las fuerzas militares. 

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Este texto fue publicado en la edición 0010 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

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