Las dirigentes de los máximos organismos del deporte nacional, Ana Guevara (Conade) y María José Alcalá (COM), acordaron el presupuesto para que México participe con equipo completo en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, que comienzan esta semana. El cese de la confrontación entre ambas entidades se logró tras semanas de negociaciones que se dieron en el contexto del chantaje de Guevara contra los deportistas acuáticos y que derivó en la escasez de recursos, hecho que Proceso reveló en enero último.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de San Salvador 2023 viajará con la esperanza de terminar entre el primero y segundo lugar del medallero, para lo cual los alrededor de 649 deportistas que la integran necesitan obtener entre 90 y 120 preseas de oro.

Los JCC se realizarán entre el 23 de junio y el 8 de julio, y México participará en 37 de los 38 deportes del programa, gracias a que, finalmente, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) liberó 51.8 millones de pesos para costear los boletos de avión, hospedaje y alimentación en la Villa Centromericana de deportistas y sus equipos multidisciplinarios —médicos, fisiatras, etc—, el traslado de los caballos para la disciplina de ecuestre y las embarcaciones que se necesitan en remo y canotaje, inscripciones y uniformes.

“La Conade depositará todo al COM porque logramos cumplir con los requerimientos de las Reglas de Operación. Debo ser muy honesta: me siento tranquila, pero creo que todavía tenemos que seguir concretando más acuerdos para los atletas, para que esto se siga superando (las diferencias entre el Comité Olímpico Mexicano y la Conade) y que a los Juegos Panamericanos lleguen mejor preparados”, dice María José Alcalá, presidenta del organismo olímpico.

El lunes 12, la Conade despachó un boletín en el que informó que el monto mencionado ya había sido transferido al COM para cubrir los gastos de las delegación mexicana que está conformada por 950 personas, es decir, unas 300 de pantalón largo acompañarán a los deportistas.

—¿Cuál era la expectativa de medallas si la Conade no hubiera liberado ese dinero que tardó mucho en entregar?— se le pregunta a María José Alcalá.

—Hubieran asistido los deportes que estaban obligados a ir para clasificar a los Juegos Panamericanos y no romper el ciclo olímpico. Sólo había dinero para llevar a los deportistas que estábamos claros que pueden pelear los pases olímpicos, y pues íbamos a estar muy atrás en el medallero.

Además, el COM hubiera tenido que haber pagado una multa de casi 40 mil dólares por haber inscrito a los deportistas mexicanos en todas las competencias y no haber participado.

Requisito inédito

Al organismo que dirige Alcalá nunca se le había exigido que contara con el Registro Único del Deporte, el RUD, para certificar que es una asociación civil y que está avalado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Alcalá explica que ella pensaba que como el COM es un ente que está en la Ley General de Cultura Física y Deporte y que eso era más que suficiente para recibir recursos del gobierno federal. Sin embargo, añade, es un trámite que ahora exige la Auditoría Superior de la Federación.

Así, la presidenta debió entregar el acta constitutiva del COM, el reconocimiento que le otorga el COI, sus estatutos donde hubo algunas diferencias porque tuvo que “cuidar el nombre de mis agremiados, tuve que testarlos porque son datos personales” y presentó todas las actas notariadas que le pidieron.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2433 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 18 de junio de 2023.