Colombia
El desafío de Petro: Enfrentar a militares empoderados… y con ambición política
Protagonistas en la vida pública colombiana y empoderados por gobiernos de derecha, militares en retiro realizaron el 10 de mayo último una inédita protesta contra el presidente Gustavo Petro, a quien denuncian de abrirle la puerta a reformas “chavistas”.
Protagonistas en la vida pública colombiana y empoderados por gobiernos de derecha, militares en retiro realizaron el 10 de mayo último una inédita protesta contra el presidente Gustavo Petro, a quien denuncian de abrirle la puerta a reformas “chavistas”. El discurso antiPetro ocurre justo cuando el mandatario pretende cambios a leyes en materia de salud, trabajo y pensiones, así como su polémica paz total –que da concesiones a cárteles de la droga–. Para este semanario, analistas y expertos en el conflicto colombiano explican el impacto del movimiento político de estos militares que, pese a estar en retiro, “recogen el sentir” de un sector de las fuerzas armadas activas.
BOGOTÁ (Proceso).– Una inédita y multitudinaria manifestación de militares retirados contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y las consignas de varios de sus participantes exigiendo la salida del mandatario del poder han llevado a muchos sectores de Colombia a cuestionarse si el Ejecutivo cuenta con la lealtad del Ejército.
El mismo Petro, exguerrillero del M-19 y primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, planteó en su cuenta de Twitter al referirse a la protesta militar: “¿Por qué conspiran para un golpe de Estado?”.
Y es que después de la manifestación castrense, realizada el 10 de mayo último en la Plaza Bolívar de Bogotá, epicentro del poder en Colombia, el coronel retirado John Marulanda, quien fue presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), dijo en un programa de radio que, así como fue “defenestrado” el exmandatario peruano Pedro Castillo, “aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”.
El “tipo que fue guerrillero” es, desde luego, Petro.
Las afirmaciones de Marulanda, quien ha sido candidato al Senado por el ultraderechista Centro Democrático, y las arengas de los manifestantes en la Plaza Bolívar de Bogotá contra el gobierno, parten del supuesto de que Colombia, con el nuevo gobernante de izquierda, está tomando el rumbo de Venezuela, donde el chavismo suprimió la independencia de los poderes públicos y concentró en el Ejecutivo todas las decisiones.
Según la convocatoria a la protesta, que incluyó a expolicías y exefectivos de la Armada, Colombia “transita por proyectos de reformas e intentos de transformaciones que pueden impactar la libertad y orden”.
Lo cierto es que Petro impulsa en el Congreso tres reformas –a la salud, a la ley del trabajo y las pensiones–, que han generado un profundo debate nacional porque varios sectores las consideran una “mala señal” para los inversionistas y “nocivas” para el sector privado. El presidente, sin embargo, deberá negociar con varios partidos políticos y tendrá que ceder en varios puntos para sacarlas adelante, pues carece de mayoría en el Legislativo.
Las iniciativas buscan fortalecer el papel del Estado en el semiprivatizado servicio de salud, reducir la informalidad laboral y universalizar las pensiones para adultos mayores.
La realidad es que Petro es un gobernante acotado por el sistema institucional de contrapesos. Colombia tiene un Poder Judicial que ha mostrado independencia del Ejecutivo. La Corte Constitucional impidió en 2010 una segunda reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.
A Petro también le ha tocado acatar llamados de los altos tribunales. A principios de este mes, por ejemplo, el presidente dijo que, como jefe de Estado, es “el jefe” del fiscal general, Francisco Barbosa, un controvertido funcionario que, de acuerdo con el senador Iván Cepeda, debe el cargo al anterior mandatario, el ultraderechista Iván Duque. La Corte Suprema le indicó a Petro en un comunicado que el fiscal no tiene superior jerárquico y que es autónomo. El gobernante aceptó el regaño y corrigió.
Esas controversias están presentes en las críticas de los militares al gobernante. Los oficiales retirados que organizaron la protesta señalaron en un documento que, con Petro, “peligra la independencia económica de Colombia”, y durante los discursos en la Plaza Bolívar varios oradores insistieron en que también está en riesgo la separación de poderes.
Llama la atención que entre los “aliados” de los militares figuren congresistas del ultraderechista Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Jaime Uzcátegui, y que uno de los convocantes fuera el excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, un militar de línea dura que pidió su retiro cuando Petro ganó las elecciones presidenciales en junio del año pasado, y a quien varios analistas atribuyen ambiciones políticas.
De hecho, las agendas políticas de varios oficiales retirados han quedado expuestas luego de la protesta. El excoronel Marulanda anunció la conformación del partido Fuerza Púrpura, que conducirían exmilitares.
Presupuesto y poder
La profesora de ciencia política de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, descarta que la inédita protesta de los militares en retiro –que, a diferencia de los activos, no tienen impedimento legal para participar en política– tenga una dimensión golpista.
“Ese acto no me da para dudar de la vocación civilista y leal a las instituciones democráticas de las Fuerzas Armadas de Colombia”, dice a Proceso la directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz.
Lo que sí advierte la doctora en ciencia política de la Universidad de Boston es que hay un “interés político” de algunos de los organizadores de la marcha y de congresistas del Centro Democrático que apoyaron la protesta.
Señala que, además, ha quedado de manifiesto que al interior de las Fuerzas Armadas “hay perplejidad y cierta incertidumbre” por la llegada al poder de un presidente de izquierda y, además, exguerrillero.
Las fuerzas militares colombianas, dice Rettberg, adquirieron un enorme poder desde principios de este siglo, cuando en medio del conflicto armado interno el sector defensa era el que mayor presupuesto recibía, por encima de la educación y la salud.
En el año 2000 el gasto militar de Colombia equivalía a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y era el más alto de la región en términos proporcionales. Para 2009 saltó a 3.9% del PIB y en 2021 se ubicó en 3.4%, unos diez mil 200 millones de dólares.
El conflicto con las guerrillas de las FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) convirtió a los militares en protagonistas centrales de la vida pública colombiana y les dio un gran poder por la cantidad de recursos a su disposición.
De acuerdo con la especialista venezolana en temas de seguridad y defensa, Rocío San Miguel, cuando los militares adquieren poder “es extremadamente difícil quitárselo”, en especial cuando las Fuerzas Armadas se convierten en megaestructuras con enormes presupuestos, con las armas del Estado y con los servicios de inteligencia funcionando en su favor.
Para el abogado y maestro en administración pública de la Universidad de Harvard, Gabriel Cifuentes, nunca se había visto en Colombia una protesta como la del 10 de mayo pasado, en la que había miles de militares en retiro congregados en la principal plaza del país y, aunque están en condición de retiro, “de alguna manera recogen lo que sienten los militares activos”.
Rechazo al exguerrillero
La maestra en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, María Fernanda Zuluaga, sostiene que “el gran problema” de las fuerzas militares y la policía de Colombia es que quedaron en medio de una disputa política, derivada del acuerdo de paz con las FARC, que polarizó al país.
“Muchos oficiales apoyaron ese proceso de paz y participaron activamente en la mesa de negociaciones, pero la férrea oposición del expresidente (Álvaro) Uribe a esos acuerdos acabó por dividir no sólo a la sociedad colombiana, sino a la Fuerza Pública que, además, se politizó”, explica.
Destaca que, pese a que los acuerdos de paz con las FARC se aproximan a su séptimo aniversario, y de que el conflicto armado interno se transformó en un fenómeno de violencia criminal que está marcado por el narcotráfico, muchos de los altos mandos militares se resisten a revisar la doctrina que han tenido durante décadas, que se basa en el concepto del “enemigo interno”, es decir, la guerrilla y la disidencia.
Zuluaga sostiene que la relación con los militares “es uno de los grandes desafíos del gobierno de Petro porque muchos sectores al interior de la Fuerza Pública no acaban de aceptar que un exguerrillero que los combatió sea hoy, por mandato constitucional, su comandante en jefe”.
La profesora Angelika Rettberg, experta en resolución de conflictos, considera que desde que se firmó la paz con las FARC, en 2016, los militares colombianos “han estado evadiendo la pregunta sobre qué tipo de modelo de seguridad necesita Colombia ahora que los retos son distintos” a los que había cuando esa guerrilla estaba alzada en armas.
“Probablemente se necesita un pie de fuerza menor al que tenemos hoy”, asegura.
De acuerdo con la politóloga, tampoco ayuda la indefinición de Petro en temas fundamentales para las Fuerzas Armadas y de Policía, como la estrategia de seguridad y la política de paz total, que busca acuerdos y el sometimiento a la justicia de bandas criminales involucradas en delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Los militares y policías colombianos, asegura, “siguen siendo muy anticomunistas, y Petro les pide dar seguridad en ciertas regiones, pero sin atacar a grupos con los que está negociando el gobierno, y al mismo tiempo respetando los derechos humanos”.
Esto lleva “a mensajes encontrados que explican una buena parte del descontento en las fuerzas activas”.
En marzo último un ataque de la guerrilla del ELN a un destacamento militar en el nororiente de Colombia dejó siete soldados y dos suboficiales muertos. El hecho desconcertó al país porque ese grupo rebelde mantiene un diálogo de paz con el gobierno de Petro.
Muchos de los oradores en la protesta de militares en retiro el miércoles 10 de mayo acusaron al gobierno de no proteger a los policías y soldados que enfrentan a los grupos armados.
Zuluaga asegura que al gobierno le falta explicar con claridad cuál es la hoja de ruta de la paz total y qué papel jugará la Fuerza Pública en ese proceso, que incluye negociaciones políticas con el ELN y las disidencias de las FARC que se mantienen en armas, y el sometimiento judicial de las estructuras armadas a cambio de una rebaja de penas para sus integrantes.
“Pero a pesar de esta falencia de Petro, me parece muy riesgoso el discurso antiPetro de los militares en retiro y es muy irresponsable que sectores de la extrema derecha lo utilicen de manera oportunista para hacer política con un tema tan delicado, como son las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder civil”, sostiene.
Para el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, es “muy irresponsable” por parte de la “derecha extremista hacer política con las agencias de seguridad del Estado, presentándose como su única defensora”.
Llamado a la prudencia
Luego del enérgico rechazo de Petro a las declaraciones golpistas del coronel John Marulanda –las cuales rectificó después él mismo– la respuesta del gobierno a la inconformidad militar ha sido prudente y conciliadora.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, invitó a los militares retirados que exigen mejores servicios sociales “a un diálogo franco y constructivo”, y dijo comprender “el inconformismo producto de décadas de olvido”. Queremos la paz, aseguró, “pero no seremos conniventes ni indiferentes con los actos de guerra de los violentos”.
Dos días después de la protesta en la Plaza de Bolívar, Petro se reunió con los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas para “clarificar” su política de seguridad y evitar que se produzca “confusión sobre lo que queremos”.
El mandatario les dijo a los altos oficiales que la estrategia de seguridad pasa por la política social, pues hay que llevar servicios públicos, educación y salud a los territorios afectados por la violencia.
La perspectiva, dijo, es la paz, “pero necesitamos un accionar militar alrededor de esa estrategia”.
