Chile
“Giro conservador” en Chile: De la movilización social a la propuesta de un estado de excepción
El asesinato del cabo Daniel Palma hizo que cobrara fuerza la propuesta al gobierno del presidente Gabriel Boric de impulsar un estado de excepción que permita a las fuerzas armadas salir a las calles.
El asesinato del cabo Daniel Palma impulsó la propuesta de establecer un estado de excepción en la Región Metropolitana de Santiago que permita a las fuerzas armadas salir a las calles para combatir la delincuencia. En aras de la seguridad, el gobierno de Boric endurece las medidas antiinmigrantes y otorga atenuantes a los cuerpos policiacos en la aplicación del uso de la fuerza. La sociedad que protagonizó masivas movilizaciones para cambiar a su país, hoy –acicateada por el “miedo”– sufre un “un giro conservador” que se consolidó con el rechazo a una nueva Constitución, señala el analista Juan Pablo Luna.
SANTIAGO DE CHILE(Proceso).– Anita, de 82 años, tiene gas lacrimógeno, insecticida y una poderosa alarma en su casa para enfrentar a la delincuencia organizada. Vive sola en el centro de Santiago, a menos de tres kilómetros del Palacio de La Moneda, la sede del gobierno nacional.
En la madrugada del 15 de marzo último retumbaron las protecciones de fierro de las ventanas y de la puerta de su casa. Dormía. Eran las 00:15 horas. Pensó que alguien estaba entrando a robar y tomó lo botella de gas y el control de su alarma para enfrentarse al delincuente.
No era lo que pensaba. El ataque no era contra ella. “¿Qué pasa?, ¡casi me botan la reja!”. Abrió la puerta, giró levemente la mirada hacia la izquierda y vio una persona tirada en la banqueta de enfrente que hace menos de un minuto estaba viva. “Con el ruido de las balas se estremeció todo. De cuatro balazos lo mataron”, contó Anita.
Unos metros a la izquierda está una casa blanca y antigua, propiedad de la Cruz Roja que servía de albergue para personas en situación de calle o cargadores de La Vega (el mercado mayorista más grande de Santiago) que venían a la capital desde el interior. Ahora esa casa fue tomada por personas que distribuyen droga, principalmente pasta base.
Amaneció y, como es habitual, Anita salió a tirar la basura a la esquina con su potente alarma de fabricación casera que le sirve para asustar a los consumidores de pasta base que se quedan tirados en su banqueta. Iba a caminar hacia la derecha, pero se detuvo. “¡Había otro con dos balazos en la pierna!”, contó.
Si Anita alzaba la mirada sobre el herido y la fijaba a 80 metros de distancia, alcanzaba a ver otra casa tomada que servía en ese momento como centro de distribución.
Los vecinos del Barrio Mata, en la comuna de Santiago Centro de la capital chilena ubicaron 85 casas tomadas en su demarcación y cuatro en las que se distribuye droga que están “ubicadas de manera estratégica” a lo largo y ancho de 20 cuadras con personas que han utilizado niñas y niños migrantes, poniéndolos a vivir ahí, lo cual les da respaldo legal para evitar el desalojo.
“No hay por dónde. No sé cómo el gobierno va a cortar esta cuestión”, dijo Anita desde su casa, con la alarma en la mano.
En 2022 los homicidios aumentaron 33.4% con respecto a 2021 en todo el país. En 2012 se registraron 483 homicidios, y 10 años después el número llegó a 934. Cerca del doble de casos.
Son cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que hace un informe sobre los “delitos de mayor connotación social”.
Todos los delitos de esa lista aumentaron significativamente. Violación, robos con fuerza y robos con violencia e intimidación son algunos de ellos, además de los homicidios.
En el caso de estos últimos hay una variable que no se había registrado antes: la tasa de homicidios creció 33.4%, pero las denuncias por homicidios aumentaron 49.9% durante 2022. Eso significa, según organizaciones e instituciones chilenas, que hay más casos de “imputado desconocido” en que no se sabe a quién y dónde buscar culpables.
Anita es la “encargada de seguridad” de un grupo vecinal del Barrio Matta que sale a manifestarse a las calles cada miércoles contra “el narcotráfico” y ella misma se ha apersonado en distintas querellas.
Es una de las caras visibles de las manifestaciones de cada miércoles en que decenas de vecinos que salen a la calle y son apoyados desde las ventanas de los edificios con cacerolazos de mujeres de diferentes nacionalidades: haitianas, venezolanas, peruanas, ecuatorianas.
Anita cuenta que un carabinero le recomendó usar el gas y el insecticida. “Écheselos nomás en la cara, no les tenga piedad”, le dijo.
Códigos “no escritos”
Veintiún días después de los dos ataques a balazos afuera de la casa de Anita la opinión pública del país se convulsionó cuando, a 13 cuadras de ahí, el cabo Daniel Palma Yáñez, de 33 años, recibió un disparo en la cara durante un procedimiento de fiscalización en la calle y se convirtió en el tercer elemento de Carabineros de Chile asesinado en menos de un mes.
El cientista político y profesor de la Universidad de Chile, especializado en temas de seguridad, Juan Pablo Luna, dice en entrevista con Proceso que se han roto códigos “no escritos” en Chile donde no está normalizada la violencia que se está viviendo.
“Esas bandas operan con niveles de violencia que no son tradicionales para Chile. Acá había un código no escrito, y esto te lo dicen los policías, que el criminal chileno no le dispara a un policía. Cuando hacían allanamientos, te decían que el criminal chileno se entrega y ahora se encuentran con otras culturas de bandas que vienen con más poder de fuego y les disparan”, dijo.
Por un lado, está una señora de 82 años que recibe la recomendación de un carabinero de tirar gas a elementos de la delincuencia organizada. Por el otro, un elemento de la delincuencia organizada que dispara en la cara a un carabinero.
Es una comparación que, en opinión de los vecinos del Barrio Matta, hace una analogía de la capacidad de respuesta del Estado chileno contra la delincuencia organizada, un fenómeno que “tomó por sorpresa a todo mundo”, dijo Leonardo Núñez, el vocero del grupo ciudadano al que pertenece Anita.
“En Chile siempre ha habido consumo de drogas como en todos los países, pero nunca habíamos visto el descaro con el que empezaron a actuar. Mi interpretación es que las bandas chilenas y extranjeras se dieron cuenta de la debilidad institucional que tenemos”, dijo Núñez durante un recorrido por las calles de su barrio en el que pasó junto a varios grupos de personas fumando pasta base en banquetas y jardines, y señaló con el dedo algunas de las casas tomadas en su barrio.
Núñez dijo que es recomendable tener siempre un poco de dinero en la bolsa al salir a la calle porque son frecuentes los casos en que personas piden dinero y acuchillan brazos y manos a quienes no quieren o no pueden darles algo.
El asesinato del cabo Daniel Palma hizo que cobrara fuerza la propuesta al gobierno del presidente Gabriel Boric de impulsar un estado de excepción que permita a las fuerzas armadas salir a las calles.
Nueve días antes del crimen del cabo Daniel Palma, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, ya había sugerido al gobierno convocar al Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas y los representantes de los poderes del Estado, para implementar un estado de excepción en la Región Metropolitana de Santiago.
El día del funeral del cabo Daniel –al cual acudió el presidente Boric para dar el pésame a la madre y la viuda embarazada– el legislador insistió en su propuesta en una entrevista a la cadena CNN.
“Hay una sensación de pérdida del control del territorio”, dijo Castro, y se refirió al estado de excepción que, “a la luz de los hechos”, es el “instrumento que permite enfrentar decididamente esta situación”.
Y puso como “botón de muestra” a Santiago Centro, la comuna de Anita y Leonardo Núñez que colinda con La Alameda, la avenida principal de la ciudad donde se ubica La Moneda. El legislador hizo referencia al hecho de que los autores de los homicidios de carabineros fueron identificados como personas procedentes de Venezuela.
“(Santiago Centro) está tomado por un problema de migración desbordado y de delitos (...) si tenemos fuerzas armadas en la calle para controlar el orden, tenemos un contingente que le sale al paso en fuerza de fuego a delincuentes que andan armados”.
Ese mismo día Carabineros repelieron un ataque armado en La Florida, una comuna de la Región Metropolitana que ha sido noticia en los últimos meses por la demolición de “casas narco” impulsadas por Rodolfo Carter, uno de los cuatro alcaldes de Chile que han recibido amenazas de muerte, quien además ha sido una de las principales voces en favor del estado de excepción.
“Mano dura”
En opinión de Juan Pablo Luna, Chile está viviendo un “giro conservador” que se consolidó con el triunfo del rechazo a la creación de una nueva Constitución que supliría a la que está vigente desde la dictadura militar. La iniciativa de la nueva carta magna fue promovida desde sectores de izquierda luego de un proceso marcado por un estallido social antes de la pandemia del covid-19.
“Hay un cambio de tono muy fuerte en la opinión pública. Hay miedo. Lo que en algún momento fue una visión de que había que cambiar esta sociedad (estallido social) tiene la contracara en un giro conservador que se consolida con la caída de la constituyente”.
El especialista recordó además que Gabriel Boric (Convergencia Social) llegó a la presidencia después de vencer en segunda ronda al candidato ultraconservador José Antonio Kast (Partido Republicano), quien se mostró como partidario de la “mano dura” contra la migración y otros derechos humanos.
“La gente cuando se ve atemorizada por delitos de alta connotación social empieza a primariamente preocuparse por la seguridad”, dijo Juan Pablo Luna.
Después del asesinato de Daniel Palma, cientos de personas marcharon en la Alameda en apoyo a Carabineros, proyectando imágenes de “los mártires” en un edificio y pidiendo más seguridad al gobierno nacional.
El gobierno chileno respondió promulgado una ley llamada Naim-Retamal (publicada en el Diario Oficial el pasado 10 de abril) que da más garantías a las fuerzas del orden chilenas y regula la legítima defensa para casos en que esté en juego la integridad o la vida de funcionarios. Esa ley contempla atenuantes de responsabilidad para casos en que se aplique el uso de la fuerza.
Además, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva para las personas extranjeras acusadas de un delito y que no tengan su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Otra medida es el plan Calles sin Violencia, que incluye a 46 comunas del país, 22 de las cuales están en la Región Metropolitana de Santiago, incluyendo Santiago Centro, con su Barrio Mata.
Este plan consiste en aumentar las labores preventivas y de castigo a delitos, con más presencia de Carabineros con la implementación de las nuevas leyes, según anunció el presidente Boric.
En ese contexto, el excandidato republicano José Antonio Kast volvió a la escena pública para promover su posición de mano dura y control social bajo el lema “reconstruir y recuperar” Chile.
Juan Pablo Luna, recordando la experiencia mexicana, no cree que los militares en las calles o la “mano dura” sean la solución porque hacen que los países caigan en un “espiral de violencia” y corrupción.
“Es una solución facilista que mucha gente en el contexto de este temor ve como una solución posible. Hay quienes hoy dicen que tienen nostalgia por la dictadura de Pinochet, que empiezan a poner ese tipo de soluciones sobre la mesa cuando sabemos que esa solución no es tal”.
Un domingo dentro de una casa ubicada dentro de un pasaje del Barrio Mata, Leonardo Núñez y su vecino Mauricio Corco hablaban de sus posiciones políticas opuestas. Uno se identifica con la derecha y el otro declara que es “antisistema”. Pero están juntos –dicen– defendiendo la cultura de paz y participando en el pequeño movimiento ciudadano de su barrio.
“No podemos dejar que el narco intercepte nuestras vidas, que tome nuestros espacios. Se está generando una narcocultura, los cabros chicos (jóvenes)”, dijo Corco.
Afuera de la casa, en un patio, hay un adulto mayor que mira a la calle, pero ya no sale a menos que tenga compañía o toque ir a marchar a la calle junto con Anita y los demás. Es cuando los adultos mayores aprovechan para “intimar y platicar” como hacían antes.
–¿Qué opinan sobre la posibilidad de tener un estado de excepción para enfrentar la delincuencia? –preguntó el reportero a ambos.
–Si yo supiera que eso va a resolver el problema, yo estaría en favor. Pero el problema es que aquí se requiere una inteligencia” –respondió Mauricio.
Y agregó, resignado: “Si el plan Calles sin Violencia no funciona o matan a un carabinero más…, la clase política es reactiva, piensa súper poco”.
En eso coincidió Leonardo Núñez: “No queremos un estado policial, queremos un Estado que funcione”.
Cuando Núñez contó al resto de integrantes de su movimiento ciudadano que daría sus opiniones a Proceso, una persona le dijo: “Dile al reportero que no queremos acabar como México”.
