Adelanto de Libros
Abusos, violaciones y trata: crímenes contra la niñez
María Antonieta Flores Astorga ofrece en "La bestia que devora a los niños" un estudio sobre las principales modalidades de esos ilícitos y sus devastadores efectos en las víctimas, revelando nombres, estadísticas y testimonios.
México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en abuso infantil. María Antonieta Flores Astorga –autora también de Carriolas vacías: tráfico de niños en México (2012) y Niños a la carta (2017)– ofrece en "La bestia que devora a los niños. Abuso sexual infantil: pornografía, delitos sexuales por internet, empresarios y miembros de la Iglesia violadores, y autoridades cómplices" un estudio sobre las principales modalidades de esos ilícitos y sus devastadores efectos en las víctimas, revelando nombres, estadísticas y testimonios. Con autorización de la editorial Penguin Random House Grupo Editorial se publica un adelanto de este libro.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Silencio, complicidad, negación, vergüenza y falsedad se tejen alrededor de los delitos sexuales. Una realidad que revela los caminos resbaladizos que, luego de un acto de esa naturaleza, toma el silencio. Los niños callan y los padres ensanchan el silencio.
Es la razón por la que existe una cifra negra en los índices de este penoso y lacerante drama para la sociedad: los silencios no cuentan ni traducen cifras reales. Números que harían perder la esperanza de un mundo mejor, más justo, más amable. La razón más poderosa para ocultar esos hechos es que la mayoría sucede entre las sombras de una habitación, en la que un niño se siente seguro. Es ahí donde papá, hermano, abuelo, primo, amigos y hasta la propia madre se atreven a entrar rompiendo el cauce de una vida.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2021 de Inegi, en relación con la cifra negra, en 93.3% de los delitos no hubo denuncia o bien la autoridad nunca abrió una carpeta de investigación. “Los mexicanos denunciaron solo 10.1%, o sea, quedaron registrados 2 millones 788 mil delitos, de los cuales el MP inició una carpeta de investigación en el 66.9% de los casos”.
Estas cifras no incluyen delitos contra menores; los niños, niñas y adolescentes no existen en esas estadísticas, que solamente contemplan a la población de 18 años y más. En 2021 se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas de 18 años y más.
Sin embargo, hay organismos, instituciones nacionales e internacionales, que se han ocupado en investigar más de esos delitos cuyas víctimas nunca pudieron defenderse. Y así sabemos, gracias a poderosas instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que México se sitúa en el primer lugar mundial en abuso sexual contra niñas y niños, con 5.4 millones de casos por año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó en 2019 que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños fueron sujetos al abuso antes de convertirse en adultos, que equivale justamente a 5 millones de menores, como dice la OCDE. La Secretaría de Gobernación informó que durante la pandemia 60% de los casos contra niños de entre 6 y 12 años ocurrió en su casa.
El Colectivo Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) da cuenta que la tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil habitantes, y la de tocamientos no deseados corresponde a 5 mil por cada 100 mil habitantes.
Si bien son muy importantes las estadísticas y siempre sirven de referentes, el número de ceros que se agregan o se quitan sólo nos hablan de la dificultad para llegar a las cifras reales.
Datos publicados por Alumbra en su reporte “Violencia sexual infantil en México: análisis de indicadores de incidencia delictiva 2021” revelaron que durante el enclaustramiento obligado por el covid-19 aumentó considerablemente el número de abusos sexuales contra las infancias.
La Comunidad de Conocimiento Alumbra, integrada por 50 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, señala que el abuso sexual infantil “es un fenómeno persistente e invisibilizado”. Este organismo registró en el año 2020 un total de 54 mil 314 delitos de carácter sexual contra menores, de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La dificultad para salir de ese incierto número es el reiterado argumento que habla de que en los registros administrativos están anotados sólo los delitos denunciados y por ende son los que quedan como víctimas. Y en esos laberintos de la burocracia, los de la Comunidad de Conocimiento Alumbra encontraron otras vigorosas razones: no existe una sistematización ni categorización del sexo y la edad de las víctimas, sino que se basan en las encuestas nacionales y en diversas fuentes de información pública, de las que se desprende que en los últimos cinco años se incrementó el delito de abuso sexual en México 87%.
Los estados que tienen las tasas más altas de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes son Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua y la Ciudad de México, donde 41% de los casos fue por abuso sexual, 23 % por violación simple, 15 % otros delitos sexuales, 10 % violación equiparada, 8% hostigamiento sexual y 3% por incesto. El estado de Colima en 2020 registró 40.63 casos de abuso sexual por cada 100 mil habitantes, y tanto Aguascalientes como Nayarit no marcaron un solo caso, tal vez –explica Alumbra– porque no se cometieron o, lo más probable, porque no hubo denuncias.
Es importante tomar en cuenta que son números que corresponden a la incidencia delictiva que, según leemos en la página oficial del SESNSP, se refiere “a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas…”. Que, por cierto, aseguran que cuentan con una nueva metodología que permite actualizar la información mes a mes, desagregada y específica.
Por tanto, estos números reflejan sólo una parte de un frondoso árbol con muchas ramificaciones, ya que la gama de delitos contra los niños, niñas y adolescentes incluye corrupción de menores, extorsión, homicidio, lesiones dolosas, tráfico de menores, trata de personas y feminicidios, entre otros.
De acuerdo con la información de Alumbra, en México matan a una niña cada cuatro días. En 2020 hubo 115 niñas asesinadas. La trata de personas y todas las formas de explotación sexual, como el material de abuso sexual en línea, el turismo sexual y delitos de privación de la libertad con fines sexuales, ha estado creciendo, y las principales víctimas son niñas. Cada día 33 menores son lesionados y siete niños, niñas y adolescentes son asesinados, de los cuales 78% son del sexo masculino. Guanajuato tiene la tasa más alta, con 18.04%, y la más baja Yucatán, con 1.06%.
Son datos oficiales, no necesariamente definitivos, porque –repito– se desgajan sólo a partir de las denuncias presentadas.
El Programa Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México de UNICEF, en su edición del 2019, de entrada advierte: “En México, los casos de violencia contra [niños, niñas y adolescentes] NNA son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos, o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar o pedir ayuda”, concluyendo que “los datos sobre violencia contra NNA son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos”. De ahí “que resulte complejo diseñar o implementar políticas públicas de prevención y protección integrales y coherentes para ponerles fin”.
A esto se reduce la realidad. Un entramado donde se pierde la verdadera cara porque no se cuenta con información detallada de lo que está ocurriendo, también por falta de interés o de recursos suficientes destinados a compilar proyectos estadísticos con una cobertura nacional. Una aproximación es lo que hay, nada más, como afirma UNICEF.
Otra deficiencia es la falta de periodicidad de las fuentes de información y la falta de datos sobre las experiencias de violencia sexual y denuncias por parte de niños y adolescentes del sexo masculino. Tal vez por esta razón el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantea en torno a la violencia contra menores en México que existe “una cobertura parcial, ya que la información estadística no ahonda cabalmente en la situación de todos y todas de las NNA, especialmente de quienes tienen de cinco a 12 años”.
Los dígitos pueden desmoralizar a cualquiera, sin embargo, en el siglo XXI al menos se puede hablar del asunto. Notoriamente, las mujeres han sido la punta de lanza en la lucha contra este delito, desde los movimientos digitales como #MeToo, las feministas, hasta las masivas marchas y denuncias en todos los foros posibles tratando de que nadie se quede callado, que se denuncie, que no quede impune.
Según datos del Consejo Mexicano de la Familia e indicadores de la OCDE, publicados en el 2017 en una compilación de académicos, juristas y defensores de derechos humanos denominada “La violencia infantil en México”, el país “ocupa el primer lugar mundial en ASI, en difusión de material de ASI por internet, y en tráfico sexual de niños. Y un segundo lugar en producción de pornografía infantil en internet (MASI), de entre 192 países, también como exportador de víctimas de trata de personas (después de Tailandia)”.
Esas categorías que describen a México parecen permanentes, se han mantenido vigentes en los últimos años. La otra constante también ha sido durante años: no hay estadísticas puntuales de los delitos contra menores en nuestro país. Y uno se pregunta ¿cómo deducen que somos un país con tantas lacras si los informes accesibles al público hablan siempre de pobreza en el monitoreo y de un trabajo muy fragmentado? Por ello, es mejor tomar cierta información con reservas.
Las metas son más claras e impostergables, como las que enuncia UNICEF: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de accesos a la justicia para todos. De aquí al 2030, se debe proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular el registro de nacimientos. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear en todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
Cierto es que la información varía de un vocero a otro, de un organismo a otro. La de fuentes oficiales se basa en datos que llegan a las fiscalías, que siempre parecen curarse en salud al machacar lo que parece estribillo, que de cada mil delitos de naturaleza sexual, sólo se denuncian 100, y de esos únicamente 10 alcanzan a llegar a los tribunales, y sólo uno obtiene condena. Coincide la mayoría de los investigadores que la causa es el miedo, la vergüenza, la desconfianza, “al cabo no sirve de nada”.
Y además ¿cómo van a denunciar si el padre proveedor es el culpable? Madres cuya dependencia económica con el marido las obliga a callar, convirtiéndose en cómplices. La fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil (PAS) informa que en México actualmente existen 22 millones de personas que han sido víctimas de ASI y que están viviendo las consecuencias.
De cada 10 de esas víctimas, sólo una lo ha podido platicar en su momento, nueve andan por ahí invisibilizados. Porque nunca hubo denuncia. Afirma que 75% de los agresores son familiares y 95% son personas que conoce el menor –un vecino, maestro, amigo– y solo en 5% de los casos es un tipo totalmente desconocido. No se ha podido establecer qué población es más vulnerable. Se da en todos los estratos sociales.
La definición de ASI que nos proporciona la Fundación PAS nos dice que se trata de cualquier forma de maltrato infantil basado en una relación asimétrica de poder, donde quien lo ejerce busca algún tipo de gratificación sexual. La edad y el conocimiento juegan mucho en esas asimetrías.
Pueden darse entre seres de la misma edad, donde uno sí tenga información psicosexual no adecuada a la edad y el otro no, y ahí se dan juegos sexuales que pueden terminar en ASI. ¡Ojo! Los primeros están replicando los juegos sexuales que han practicado o están ejerciendo con una persona adulta, es decir, ese menor también está siendo sometido a un ASI. Siempre que haya tres años de diferencia entre los menores se cuenta como una conducta sexual abusiva. En esos escarceos entre niños de 14 y 17 años hay una conducta abusiva, entre los de tres y seis años, lo mismo, ya que el nivel de maduración es distinto.
La ausencia de capacidad para decidir es factor importante. No es un fenómeno único que se ubica en una edad determinada, sucede en los niños desde cero a 17 años en sus diferentes etapas de desarrollo: infancia, niñez, pubertad y adolescencia.
