Las carreteras en San Luis Potosí, en especial la federal 57, figuran entre las más riesgosas en el país debido a una creciente cifra de asaltos y robos a transportistas que ninguna corporación de seguridad pública logra contener, incluida la Guardia Nacional. Las pérdidas mensuales en productos y en equipos de transporte promedian 100 millones de pesos “que ya no recuperaremos, y todo eso tiene una consecuencia económica para el país”, advierte José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (Proceso).–Al tiempo que es una de las rutas que más aporta a la conectividad del país, pues comunica a la Ciudad de México con la frontera norte a través de ocho entidades federativas, la carretera federal 57 también concentra una elevada y diversa incidencia delictiva, en la que el tráfico y el secuestro de migrantes, motivo de foco nacional durante la Semana Santa, son sólo una parte del todo.

“Hablamos de una situación crítica en San Luis Potosí” en el caso del autotransporte de carga, lamenta José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), quien considera que, a partir de la disolución de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, se vieron menguadas las capacidades de las corporaciones para vigilar, sobre todo en carreteras como la federal 57, específicamente en el tramo que atraviesa San Luis Potosí.

La Conatram calcula que los robos a transporte de carga en territorio potosino significan pérdidas que rondan los 100 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con el delegado de esa organización, ni la militarización de las corporaciones federales de seguridad ni el cambio de modelo policial que llegó con el arribo de Ricardo Gallardo Cardona al gobierno del estado han surtido efecto sobre un fenómeno cuyas consecuencias recaen lo mismo sobre turistas que sobre trabajadores, transportistas de carga y pasajeros, así como sobre ciudadanos comunes que habitan en alguno de los seis municipios que atraviesa la vía.

“El turista tiene mucho miedo de viajar, lo cual causa que no lo haga, y eso nos afecta a todos los que nos dedicamos a esto”, relata una microempresaria dedicada a organizar viajes turísticos en el municipio de Matehuala, en el Altiplano potosino, donde a principios de abril se efectuó el rescate de 59 migrantes. La mujer pidió no publicar su nombre por motivos de seguridad.

Desde entonces, como otras veces en que han ocurrido hechos similares, el miedo de los turistas a viajar por carretera se suma al de quienes transitan por ahí de manera regular, pero ya no se detienen a realizar compras o a consumir alimentos en el municipio por temor a ser víctimas de algún delito.

En manos del crimen organizado

En el verano de 2022, cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, en la capital del estado, sucedieron diversos hechos delictivos que alteraron el orden público e incluso cobraron vidas.

El 20 de junio un ataque armado directo contra las instalaciones del Cereso centró la atención en el área y en la disputa entre grupos de crimen organizado que operan en la entidad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el grupo armado que perpetró el ataque colocó sobre la carretera artefactos conocidos como “ponchallantas”, que causaron daños a vehículos particulares que transitaban por la zona, entre éstos algunas unidades de transporte de carga, uno de los giros comerciales más afectados por la criminalidad que prevalece en las carreteras de San Luis Potosí, como es el caso de la 57.

Como ejemplo, de acuerdo con el Boletín Jurídico de Seguridad y Normatividad, elaborado por la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar) en febrero de 2023, San Luis Potosí se ubicó entre los 10 estados del país que concentraron 93.12% de la incidencia delictiva contra transporte de carga durante enero de 2023.

Los robos son la principal causa de las denuncias.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2426 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.