Constituyentes, especialistas y líderes partidistas alertan sobre algunos riesgos de que la gestión de Sheinbaum termine o ella se separe del cargo en busca de la Presidencia de la República, sin tener la guía básica para el desarrollo de la capital: se dejaría la puerta abierta a la corrupción inmobiliaria, a la invasión de asentamientos irregulares en Zonas de Conservación, al agravamiento de la escasez de agua y los problemas de movilidad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La inacción del gobierno de Claudia Sheinbaum y del Congreso de la Ciudad de México, de mayoría morenista, prácticamente sepultan la posibilidad de que la aspirante presidencial cumpla con la obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la capital, cuyo propósito es servir como ejes rectores de su crecimiento, sin caos y con menos riesgos para los próximos 20 años.

Desde principios de diciembre de 2022 la administración de la morenista quedó inmóvil respecto a iniciativas de ley que ella anunció para tener ambos documentos. A ello se suma la anulación de los proyectos ya trabajados, aunque con múltiples deficiencias; la renuncia de Pablo Tomás Benlliure Bilbao a la dirección del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y el silencio del Comité de Selección –electo a propuesta de Sheinbaum–, que ya dejó pasar casi dos meses sin enviar a los diputados locales la terna para elegir a la nueva directora, con lo que se podría retomar el proceso.

En manifiestos y entrevistas por separado, constituyentes, especialistas y líderes partidistas alertan sobre algunos riesgos de que la gestión de Sheinbaum Pardo termine o que ella se separe del cargo en busca de la Presidencia de la República sin tener la guía básica para el desarrollo de la capital: se dejaría la puerta abierta a la corrupción inmobiliaria, a la invasión de asentamientos irregulares en Zonas de Conservación, al agravamiento de la escasez de agua y los problemas de movilidad, entre otros fenómenos urbanos sin control que padece la CDMX.

En su edición 2408 –del 25 de diciembre de 2022–, Proceso publicó el reportaje Omisiones de Sheinbaum. Una capital sin rumbo y sin reglas, donde se denunció que, por tercera vez en lo que va de su gestión, la morenista incumplía su obligación constitucional de elaborar y publicar el PGD y el PGOT. Detrás de ese incumplimiento ya arrastraba fallas y omisiones en el proceso, un desastre de consulta ciudadana y el reclamo de pueblos originarios ignorados que terminó en conflictos violentos en Milpa Alta y Xochimilco.

Anulaciones, renuncias, retrasos

Hace dos meses –el 17 de febrero–, el secretario de Gobierno, Martí Batres, anunció que por las “muchas observaciones y críticas” hechas a los proyectos de PGD y PGOT elaborados en 2022 por el IPDP, éstos no se enviarían al Congreso local sino que “se van a elaborar nuevos documentos tomando en cuenta todas las críticas y observaciones realizadas y con nuevos procesos de participación ciudadana y comunitaria”.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, agregó que los nuevos documentos “serán otros y serán muy claros en cuanto a los anhelos y propuestas, derechos y principios de la ciudadanía, claridad para que el suelo de conservación no sea afectado en un solo milímetro y para defender la propiedad social de la tierra”.

Minutos antes de ese anuncio público, Batres se reunió 15 minutos a puerta cerrada en el salón Heberto Castillo del Congreso local con el presidente de la Mesa Directiva, el priista Fausto Zamorano, y la coordinadora de Morena, Martha Ávila, según fuentes del recinto legislativo.

Cinco días después –el miércoles 22–, Benlliure Bilbao envió a los diputados su renuncia irrevocable a la dirección del IPDP por “motivos de salud”. El exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda fue propuesto por Sheinbaum y designado por los diputados el 14 de diciembre de 2020 por cinco años. No duró ni la mitad.

Fuentes cercanas al caso comentaron que la renuncia se debió a que el instituto no tenía ni el personal ni el presupuesto suficientes para seguir con sus trabajos, además de que faltó voluntad política para respetar su labor y, peor, le hicieron pagar un costo que no le correspondía: la difusión y elaboración de la consulta ciudadana de ambos documentos. El artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la CDMX dice que esa función le corresponde a la Jefatura de Gobierno.

A principios de febrero, Roberto Eibenschutz, uno de los grandes urbanistas de izquierda de la CDMX, también renunció como integrante del Directorio Técnico del IPDP. Por si fuera poco, el Congreso local no ha discutido la iniciativa que la morenista le envió el 6 de diciembre de 2022 para hacer modificaciones constitucionales por tercera vez en lo que va de su gestión y atrasar los plazos para publicar el plan y el programa. Según su propuesta, ello debería ocurrir el 1 de octubre de 2023. El plazo es de 10 meses, de los cuales ya pasaron más de cuatro.

Retroceso para la planeación

El pasado 2 de marzo, urbanistas y arquitectos de la CDMX advirtieron que esas renuncias y anuncios son “un retroceso serio para la planeación del desarrollo de la ciudad y para la construcción de una visión de futuro de ésta, basado en garantizar los derechos y anhelos de su pueblo”.

En un pronunciamiento, recordaron que los instrumentos y normas de ordenamiento del territorio urbano y ambiental vigentes ya cumplieron 20 años “y su aplicación no reconoce los cambios y transformaciones de nuestra ciudad”. Por ello, llamaron a Sheinbaum a “brindar certidumbre” a sus habitantes con el fortalecimiento del IPDP, “garantizando un proceso, abierto y transparente” de su nueva titular, así como de los integrantes del directorio y consejo ciudadano.

Ese, agregaron, debe ser un primer paso para la elaboración “urgente, de manera colectiva y democrática” de los nuevos PGD y el PGOT. Los firmantes de ese pronunciamiento son El Colegio de Urbanistas de México, los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y la Asociación Mexicana de Urbanistas de la Ciudad de México.

Llamado urgente

Dos días después de la renuncia de Benlliure, el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad alertó: “El próximo año estará centrado en las campañas políticas, por lo que estamos frente a la última oportunidad de que esta ciudad tenga planeación en este sexenio y sus habitantes podamos aspirar a que exista un orden en el territorio”.

De no ser así, “tendremos que esperar a que el nuevo gobierno tome posesión en diciembre de 2024, y durante 2025, la jefa o jefe de gobierno elabore su Programa de Gobierno y, a partir de ello, podría comenzar un nuevo proceso de planeación desde cero para 2026”.

El frente aseguró que las leyes que no se han modificado como lo marcó la Constitución Política local de 2017 por falta de los lineamientos que deben dar el PGD y PGOT, “hoy permiten que existan regulaciones y decretos contrarios a los ciudadanos, pero son legales”.

Y puso ejemplos: “No hay suficiencia de agua y se trae de estados como Michoacán, y los acomodos del subsuelo hacen que haya temblores por colonias. Las inmobiliarias son las más beneficiadas ante la falta de nuevos marcos jurídicos y de planeación y ordenamiento territorial”.

Integrado por académicos y asociaciones civiles, el frente consideró que aún es posible hacer las modificaciones y adecuaciones necesarias para un proceso de planeación con “participación plural, suficiente y expedita”. Por ello llamó a Sheinbaum para pedir al Congreso aprobar las reformas a la Constitución y a la Ley del Sistema de Planeación local para modificar los plazos incumplidos de entrega de los documentos; así como a la Ley Orgánica del Sistema de Planeación para facilitar la integración del Consejo Ciudadano –el cual sigue sin existir– y permitir que sea el Comité Técnico de Selección el que emita la convocatoria y designe a los integrantes.

El frente también pidió que en el instituto se nombre a los integrantes ciudadanos faltantes en el Directorio Técnico –faltan cinco de 15– y de la Junta de Gobierno –faltan cuatro de siete consejeros ciudadanos–. Eso, dijo, “ha eliminado el equilibrio” fijado en la Constitución dentro del IPDP, pues hay ocho representantes de gobierno –entre ellos, Sheinbaum– y sólo tres ciudadanos. Además, faltan dos de 11 integrantes en el Comité Técnico de Selección.

Sin voluntad política

Mayela Delgadillo, representante del frente ciudadano y diputada constituyente, lamenta en entrevista la “falta de voluntad política” de Sheinbaum y del Congreso de la CDMX para sacar adelante el PGD y el PGOT: “No han hecho nada, estamos enojados de que todo esté parado… Ya no hay tiempo para aprobar el plan y el programa antes de que se vaya la jefa de gobierno”.

Y resalta: “lo más importante que tenía que hacer Claudia Sheinbaum en su gobierno era el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, lo que no ha sucedido hasta ahora”. Peor, advierte, el desacato constitucional provocó la caducidad de su programa de gobierno que, por ley, era temporal por tres años, mientras se elaboraban el plan y el programa. “Como no lo hizo, lleva al menos un año y fracción sin programa de gobierno, porque el suyo ya caducó”.

De paso, advierte los riesgos de la inexistencia de ambos documentos:

Si Morena pierde la ciudad y la gana el PAN, ya nos llevó el carajo… Se corre el riesgo de que la ciudad dé un viraje a quién sabe dónde… olvídate del aborto legal y de otros derechos ganados… Pueden no echarlos para atrás –porque ya son ley–, pero sí quitar presupuesto por que no están vinculados con nada, con ningún programa general. ¿Cómo haces que un derecho no se cumpla? No le des presupuesto y se acabó”.

La activista prácticamente descarta que ambos documentos sean elaborados en este gobierno. “Claudia se va a ir sin haber hecho nada del plan y el programa, pero debe haber costos para alguien que no cumplió a los ciudadanos. Ella llegó para cumplir con la ley, no es un compromiso ciudadano, es una obligación de gobierno y no lo hizo”.

Delgadillo asevera que al actual gobierno “lo último que le importa es la planeación”, pero adelanta que “vamos a empezar a cambiar leyes, no mediante el Congreso, sino como demandas ciudadanas”. Como muestra de lo que necesita regulación, menciona la construcción de plazas comerciales sin consultas a los habitantes, la privatización del espacio público de restaurantes, el auge sin control de la plataforma Airbnb, y el Reglamento de Construcciones. “¡No puede ser que permitan edificios con alberca cuando la ciudad ya no tiene agua!”.

Un fracaso anunciado

Días antes de la renuncia de Benlliure, personal del IPDP se reunió con diputados locales y les dijo que trabajaban en integrar 14 mil observaciones hechas por organizaciones sociales al PGD y “que lo iban a entregar en tiempo y forma a finales de marzo”, asegura el diputado local Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.