Tras la tragedia en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, la 4T lanza señales contradictorias: si la FGR imputa a los altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, el presidente López Obrador se resiste a removerlos y expresa su apoyo a su titular, Francisco Garduño; si Alejandro Solalinde –sacerdote cercano al mandatario– afirma que pronto desaparecería el Instituto y será reemplazado por una Coordinación con un enfoque “humanista”, desde el gobierno se mantiene la política de contención de migrantes acordada con Washington y apoyada en las Fuerzas Armadas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–A tres semanas del incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que fallecieron 40 migrantes, el caos impera en torno al Instituto Nacional de Migración (INM): mientras la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a sus altos funcionarios, e incluso pide órdenes de aprehensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a removerlos, e incluso ha expresado su apoyo al titular, Francisco Garduño Yáñez.

El pasado jueves 13, la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez envió una convocatoria para que Garduño y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, comparezcan ante el juez de control el siguiente viernes 21, donde responderán a las imputaciones por “ejercicio ilícito del servicio público” que la FGR tiene en su contra. El delito no amerita prisión preventiva de oficio.

Acto seguido, un grupo de organizaciones de la sociedad civil señaló que las imputaciones contra Garduño deberían abarcar los delitos de homicidios y lesiones. Y tras advertir que no aceptaría una “investigación superficial”, el grupo recalcó que la FGR no permitió a los activistas acceder a la carpeta, pese a que se trata de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

La FGR también pidió la detención del contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua. González es uno de los militares retirados que Garduño colocó al frente de las delegaciones del INM en el verano de 2019, cuando el gobierno de López Obrador dio un giro de 180 grados a su política migratoria y estableció una estrategia de contención masiva, coordinada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y operada por 26 mil soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el marco de la investigación de la FGR, que implicó las detenciones de tres agentes del INM en Chihuahua –Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del departamento de Recursos Materiales; Juan Carlos Meza Cumplido, subdirector del Grupo Beta, y Cecilia Rivera Tena, subrepresentante local–, el instituto, de por sí poco transparente, se volvió totalmente hermético.

El 28 de marzo, horas después del incendio –que tuvo lugar en la noche del 27–, el Consejo Ciudadano del INM (CCINM), órgano de consulta y monitoreo de esa institución, integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, pidió información a la dependencia, pero ésta se encerró en un hermetismo total. En la sesión ordinaria del organismo, el pasado 31 de marzo, Garduño no se presentó, por primera vez en dos años.

“Se ha complejizado la comunicación, no han respondido nuestras solicitudes de información; antes siempre respondían. Yo espero ir la semana que entra a ver qué está pasando, porque no entendemos y tenemos muchos temas que resolver con ellos. Nos urge sentarnos a dialogar, pero hemos visto muy acotado nuestro trabajo”, comenta en entrevista con Proceso Mauro Pérez Bravo, presidente del CCINM.

Decenas de organizaciones de la sociedad civil exigieron la renuncia de Garduño. El CCINM lo hizo por su lado, pidiendo además la remoción de Salvador González Guerrero, ya sea por “ética”, por “vergüenza” o por “mínimo respeto a las víctimas”, recalca el activista.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.