En medio de una aparente reconfiguración de la disputa entre cárteles del narco por Guanajuato y la persistencia de los asesinatos múltiples y la desaparición de personas, que hacen del estado uno de los más violentos del país, el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, siguen sin revertir la incidencia de esos delitos. Sin embargo, cobijados por la mayoría de legisladores del PAN en el Congreso del estado, presumen que la procuración de justicia rinde resultados y que su policía es, “si no la mejor, una de las mejores del país”.

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- Entre multihomicidios, la incesante desaparición de personas, los constantes hallazgos de fosas clandestinas, la presencia de grupos criminales que se suman a la disputa territorial, la impunidad y las fallidas estrategias en materia de seguridad, Guanajuato está convertido en una fosa clandestina.

Frente a la realidad, las autoridades responsables de la seguridad intentan ocultar y matizar la información, como lo hicieron en sus respectivas comparecencias ante el Congreso el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, en su cuarto informe como titular de la institución, y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en la glosa del cuarto informe del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La entidad acumula 32 años gobernada por Acción Nacional. Zamarripa cumplió 14 años al frente de la procuración de justicia e, inamovible y sin que lo alcancen las exigencias del presidente de destituirlo o responsabilizarlo por “proteger intereses”, ha visto pasar a cuatro gobernadores panistas: Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (interino), Miguel Márquez Márquez y el actual, Rodríguez Vallejo, que terminará su mandato antes que el fiscal, sin que ninguno de los dos cumpla la promesa de devolver la seguridad a la población.

Sin embargo, Cabeza de Vaca aseguró el 26 de marzo pasado, frente a policías estatales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, en su discurso por el 190 aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado: “No, no hemos fracasado. Tenemos áreas de oportunidad, podemos hacer mejor las cosas, pero hoy por hoy seguimos siendo, si no la mejor, una de las mejores (corporaciones de seguridad) del país”.

Los hechos dicen otra cosa. La privación ilegal de la libertad de seis mujeres y posterior asesinato de al menos cinco de ellas en Celaya no fue el único, pero sí el más grave crimen en lo que va del año. Puso en evidencia, una vez más, que la Fiscalía General del Estado (FGE) presume detenciones de presuntos delincuentes ante la opinión pública, pero después salen libres por falta de pruebas o se les imputan otros delitos.

Sandra Daniela Paredes, Paulina Berenice Reséndiz, Yoselin Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez, Rosa María Ramírez y Gabriela Barbosa fueron vistas por última vez el 7 de marzo, en la víspera de las movilizaciones de miles de guanajuatenses para exigir que cese la violencia de género y se reconozcan todos los derechos.

Convocadas para trabajar en un evento, las seis mujeres de entre 19 y 48 años llegaron al desarrollo residencial Álamo Country Club, en el camino a San José en el municipio de Celaya. Sus familias no volvieron a tener contacto con ellas. Entre el 9 y el 10 de marzo comenzaron a circular las fichas de protocolo Alba con los datos de las seis mujeres.

Circularon las fichas de búsqueda, pero no se hizo público que las seis mujeres estaban juntas cuando se les vio por última vez. Se conoció que estaban acompañadas porque las familias coincidieron en que fueron convocadas para el mismo evento. La confirmación oficial de que se trató de un solo hecho llegó seis días después.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.