Nicaragua
El terror en manos del matrimonio Ortega-Murillo
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas confirmaron las atrocidades que han cometido el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, contra la población, específicamente contra opositores y críticos.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas confirmaron las atrocidades que han cometido el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, contra la población, específicamente contra opositores y críticos. Se trata de crímenes de lesa humanidad por razones políticas con los cuales la pareja presidencial busca perpetuarse en el poder, alerta el reciente informe del organismo internacional.
GINEBRA (Proceso).– El pueblo nicaragüense “está secuestrado” por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, denunciaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al presentar un informe sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en ese país desde las manifestaciones de 2018, en la cual denuncian a la pareja presidencial de cometer crímenes de lesa humanidad por razones políticas.
Después de un año de investigaciones, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (“GHREN”, por sus siglas en inglés) afirma que “tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el contexto de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra una parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución’’.
Los abusos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático, dice el informe dado a conocer en rueda de prensa en Ginebra con los expertos Jan Simon (Alemania) y Ángela María Buitrago (Colombia).
Los Ortega-–Murillo “han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, agregó Simón. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas ocurridas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
El GHREN es un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene la tarea de realizar investigaciones exhaustivas sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
Represión armada
El grupo de la ONU confirmó “el uso consistente de armas de fuego por la Policía y grupos armados progobierno para reprimir las protestas desde el 19 de abril de 2018, incluyendo armas cortas, escopetas, fusiles de asalto y ametralladoras’’. Múltiples fuentes refirieron la presencia de francotiradores en tejados de casas y edificios. Esto denota la intención de emplear tácticas de combate y producir la muerte de manifestantes, en lugar de utilizar técnicas de control de multitudes.
“El GHREN tiene motivos razonables para creer que los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio nacional’’.
Después de los operativos violentos
y detenciones masivas, los actos de protesta social se redujeron, la última marcha multitudinaria se realizó el 23 de septiembre y para el 28 de ese mes la policía declaró ilegales las manifestaciones.
El GHREN también afirma que, siguiendo órdenes de la ministra de Salud, se dio la instrucción a centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención a manifestantes, y ordenó reportar a la policía las personas que llegaran a los centros de salud.
Algunos heridos y sus familias fueron objeto de malas prácticas médicas intencionales, incluyendo denegación de asistencia y falta de atención especializada y de tratamiento acorde a la gravedad de las heridas que presentaban. Los profesionales de la salud que desafiaron la instrucción sufrieron represalias, incluyendo detenciones, amenazas, acoso y despido’’.
El GHREN solicitó información al gobierno sobre las investigaciones de los asesinatos cometidos por policías o grupos armados, pero no recibieron respuesta. Además, no hubo ninguna condena contra los policías; al contrario, “los involucrados fueron ascendidos’’.
Las autoridades obstruyeron el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes en casos de ejecuciones extrajudiciales. Personal médico y policial exigió a familiares de víctimas que firmaran “actas de desistimiento”, renunciando a denunciar los hechos y solicitar una autopsia. Las autoridades también intentaron manipular certificados de defunción para ocultar que la causa de la muerte fue por arma de fuego.
Violación sistemática
A partir de las protestas de abril de 2018, las autoridades “provocaron el cierre total del espacio cívico y democrático, a través de la persecución de las personas y organizaciones que expresaron o sostuvieron posturas diferentes a la línea del Gobierno’’.
Dichos actos “fueron cometidos como parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso’’, causando un clima persecutorio basado en la supresión de la crítica en todas las esferas de la vida social y política.
Miles defensores de derechos humanos, trabajadores de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país. “Prácticamente la totalidad de medios de comunicación independientes y ONG ahora operan desde el exterior. Aquellos que permanecen en Nicaragua se han visto obligados a practicar la autocensura’’.
El cierre del espacio democrático se agudizó en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, con la cancelación de tres partidos de oposición y la persecución penal de las principales figuras políticas de oposición, periodistas, y líderes sociales, empresariales, y locales. A partir de 2022 “se observó la victimización de un grupo cada vez más extenso de personas por expresar posiciones críticas, incluyendo en redes sociales, o por ser activas en organizaciones y movimientos sociales, incluyendo religiosos y miembros de la Iglesia Católica’’
Detenciones
Los opositores detenidos fueron interrogados, torturados y entregadas después a la policía.
Las detenciones “fueron ejecutadas sin presentar una orden de detención. A menudo fueron seguidas de allanamientos sin orden alguna. Se violó también sistemáticamente el derecho de las víctimas a ser presentadas ante un juez en las 48 horas tras su captura. En todos los casos investigados fueron presentadas por primera vez ante un juez e informadas de las razones de su detención varios días, e incluso semanas, después de la misma’’.
“El GHREN constató también un patrón consistente en régimen de incomunicación y la negativa de las autoridades a proporcionar información a sus familiares o representantes legales sobre su paradero’’.
El gobierno instrumentalizó el derecho penal para perseguir a opositores y suprimir toda crítica u oposición. “Se utilizaron acusaciones penales infundadas, desproporcionadas, basadas en leyes violatorias de los derechos humanos o en pruebas falsas, como instrumento de persecución política, y se privó a las personas acusadas de sus derechos al debido proceso y defensa, quedando totalmente indefensas frente a este tipo de acusaciones’’. Los tribunales también impusieron la detención preventiva “de manera generalizada’’
Tortura
La mayoría de los presos políticos permanecieron en un recinto conocido como el “Nuevo Chipote”. “Se constató una evolución en los métodos empleados contra el grupo de personas detenidas, privilegiando prácticas como el aislamiento prolongado e indefinido, incluyendo en algunos casos en régimen de incomunicación, la irritación sensorial, amenazas, insultos y la creación de un “entorno de tortura’’, generando situaciones para infligir dolor y sufrimientos mentales y físicos, como acceso limitado a luz natural, restricciones alimentarias, privación del sueño, prohibición de realizar cualquier actividad de recreo, y de acceso a material de lectura, escritura, televisión, radio, correspondencia o llamadas de familiares.
Además, agentes de la policía perpetraron diferentes formas de violencia sexual contra los detenidos. Muchos de estos actos constituyeron tortura, pues su finalidad fue el castigo y quebrar a los detenidos para obtener información.
El uso de la violación y otras formas de torturas sexuales (como la aplicación de corrientes eléctricas, o patadas o golpes en los genitales) se produjeron en interrogatorios y de custodia policial.
“La violación de hombres fue llevada a cabo en la mayoría de los casos mediante la penetración por objetos (tubos o armas de fuego), mientras que las mujeres fueron generalmente penetradas por el órgano sexual de los perpetradores, en algunos casos de manera repetida durante varios días. La amenaza de violación también fue utilizada frecuentemente, particularmente contra mujeres durante aprehensiones e interrogatorios, y se extendió también a familiares de las personas detenidas. Se reportaron casos de mujeres que sufrieron abortos como consecuencia de los tratos recibidos durante su detención’’.
Mordaza
Como parte de la estrategia de supresión contra la disidencia, el gobierno también canceló organizaciones, partidos políticos y cerró medios de comunicación causando el colapso del espacio político, y afectando gravemente el derecho de la población a obtener información veraz.
El GHREN documentó la cancelación de más de tres mil 144 figuras jurídicas organizaciones no gubernamentales desde diciembre de 2018 a la fecha, casi la mitad de las existentes.
El GHREN concluyó que esa estrategia “está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y a garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social, con el fin de reforzar los vínculos de dependencia y vulnerabilidad de la ciudadanía frente a políticas clientelares”.
Para silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes, las autoridades cancelaron el acceso a material para la impresión de periódicos, por ejemplo.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió sobre el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas, entre ellos presos políticos, activistas, periodistas e intelectuales. “Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre los nicaragüenses tanto en el país como en el exilio.
“Hacemos un llamado a Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas el monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones”.
El ACNUDH habló sobre las restricciones que sufren quienes no poseen la cédula de militante del partido en el poder. “Sin dicho documento, muchos nicaragüenses enfrentan limitadas posibilidades de obtener o mantener un empleo en el sector público, de acceder a la educación superior e, incluso, a servicios de salud. Las mismas restricciones afectan a los críticos al gobierno de los Ortega–Murillo y sus familias”.
