Los turistas y escaladores que viajan al Pico de Orizaba, al Nevado de Toluca o al Iztaccíhuatl, además de pagar la cuota de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se encuentran con retenes instalados por grupos de la delincuencia organizada que, aduciendo que son ejidatarios, les cobran derecho de paso y los intimidan para que contraten sus servicios. Ante las denuncias de extorsión, robo y acoso, la Conanp, los gobiernos estatales, la Sedena y la Guardia Nacional niegan que les corresponda solucionar ese problema.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La emoción de escalar o visitar las montañas más altas de México se ha convertido en temor. El Pico de Orizaba, el Paso de Cortés, el Nevado de Toluca y las faldas del volcán Iztaccíhuatl suelen ser visitados los fines de semana por cientos de turistas, quienes ponen a prueba capacidades como la agilidad y resistencia en estos lugares. Pero estas “reservas ejemplo” –así catalogadas por lo espectacular de sus paisajes– son peligrosas por el abandono y olvido de las autoridades federales y locales.

Los alpinistas y visitantes que acuden a esos puntos son extorsionados por grupos de la delincuencia organizada que se hacen pasar por ejidatarios y los obligan a pagar “derecho de vía”. Esas bandas aprovechan el auge de las actividades deportivas en las montañas después del encierro por la pandemia y que las áreas naturales siguen sin vigilancia.

Desde 2022, montañistas profesionales, negocios de la localidad así como empresarios del ramo han denunciado ante las autoridades de los gobiernos de Estado de México, Puebla, Veracruz y Morelos –a los que les competen las zonas montañosas– los abusos de quienes en principio se decían “ejidatarios”, pero en realidad son grupos criminales que se han apoderado de dichos espacios.

A fin de exigir un pago para ingresar, los delincuentes instalan retenes ilegales a las orillas de las únicas entradas de las tres reservas mencionadas, y mienten a los cientos de visitantes que se les debe pagar a ellos el precio por el acceso, que oscila entre 300 y 500 pesos por persona. Además, los conminan a usar únicamente sus servicios de recorridos, renta de caballos, cuatrimotos o vehículos especiales 4x4 para llegar al punto más alto, de lo contrario “algo les podría pasar” y ellos “no se hacen responsables de nada”.

Lo que no explican esos “ejidatarios” es que, además de pagarles a ellos, se debe comprar el boleto para ingresar a las mismas reservas, pero este último pago se hace a los administradores de esos espacios, empleados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencia del gobierno federal. Ahí es donde comienza el conflicto entre visitantes, funcionarios y extorsionadores.

“Es un robo de manera descarada. Gastamos ya como mil pesos y ni siquiera hemos entrado a ningún lugar. Abajo nos dijeron que a ellos había que pagarles, aquí nos dicen que sin boleto no entramos. ¿Entonces qué hacemos, a quién le creemos, a quién le hacemos caso? Luego no hay policías, no hay señal de celular: ¿a quién le pedimos ayuda? Está muy cabrón salir así. Uno viene a distraerse un rato, a salir de la rutina y termina con más miedo; aquí nos pueden robar, violar o matar y ni para dónde correr o a quién pedirle ayuda, es increíble”, protesta Violeta, quien junto con Emiliano, su pareja, pasó por una difícil experiencia al ir por primera vez al Pico de Orizaba.

Por las mañanas, debido a los retenes ilegales de presuntos ejidatarios, la fila para ingresar al Pico de Orizaba puede alcanzar hasta un kilómetro; todo porque se debe pagar el derecho de piso,

“Esa gente prácticamente nos tiene secuestrados aquí –advierte Moisés Pineda, alpinista profesional y víctima de los presuntos ejidatarios–. Hay mujeres o personas de la tercera edad que sólo busca un poco de distracción; otros somos profesionales y queremos escalar; hay también empresas que armas tours y tienen el tiempo contado. Sin embargo, no podemos pasar, no hay diálogo con ellos, sólo es: paga y pasas; no pagas, no pasas. Increíble”.

“Ejidatarios” con armas 

Los retenes se instalan los fines de semana, cuando en promedio hasta 3 mil personas visitan las montañas. Desde el viernes los presuntos comuneros se ubican en los caminos de terracería que conducen a los picos, en un intento de llegar a las partes más altas, que en invierno están nevadas.

Según las cifras de la Conanp, de viernes a domingo los falsos ejidatarios recaudan hasta medio millón de pesos. Algunos colectivos de alpinistas profesionales les han intentado hacer frente, pero en los retenes los presuntos comuneros ostentan palos, piedras y armas de fuego para intimidar a quienes se oponen a pagarles.

Además, los visitantes tienen que hacer frente a la corrupción de los empleados de la Conanp, quienes deciden cuándo abrir las puertas de las áreas naturales. Montañistas y turistas prefieren llegar desde las seis o las siete de la mañana para realizar todo el recorrido y bajar a buena hora y evitar ser víctimas de algún delito. Sin embargo, los denunciantes aseguran que los empleados abren el acceso a las nueve o incluso a las 10 de la mañana, cuando ya es demasiado tarde. A pesar de las quejas presentadas, la situación sigue igual.

“El problema más grave está en el Parque Nacional Pico de Orizaba – dice a Proceso Fernando Veytia, fundador del colectivo Montañistas Unidos–. Ahí recientemente apareció un grupo de extorsionadores profesionales, a veces armados. Pusieron un retén falso en el acceso a una de las rutas más ascendidas, que es la cara norte del Pico de Orizaba. Es un grupo de 30 a 40 personas, liderado por un personaje que se identifica como El Padrino. Los mismos pobladores dicen que es una combinación de crimen organizado, de talamontes y narcotraficantes.

“En el Nevado de Toluca supuestos ejidatarios hacen lo mismo. Un día bloquearon el camino desde abajo, es decir, no puedes acceder al camino federal. Entonces ellos, a la mala y por la fuerza porque son muchos, un día pusieron sus camionetas y bloquearon ese camino y le dijeron a todo el turismo que para llegar a las lagunas, o caminas alrededor de 10 kilómetros o les pagas por cada persona 100 pesos. En Paso de Cortés el tema es la corrupción. Ahí quienes tienen el control de todo y también operan como grupos criminales son los empleados de la Conanp; te cobran lo que quieren o no te dejan entrar.”

Para redondear su lucrativo negocio de fin de semana, los presuntos ejidatarios rentan vehículos para hacer las excursiones. Sin embargo, a decir de Montañistas Unidos, esto representa un riesgo, pues los operadores no tienen los conocimientos necesarios para manejar los vehículos ni cuentan con las condiciones mecánicas para esas tareas. Pero ante la ausencia de autoridades, siguen realizando esas actividades.

En septiembre pasado, en el Pico de Orizaba, 15 turistas se vieron obligados a contratar el servicio de los “ejidatarios” para llegar a la zona de Las Lagunas. El chofer perdió el control de la unidad y terminó en un barranco. De acuerdo con el peritaje, el accidente se debió al exceso de velocidad. El saldo fue de 10 turistas lesionados, tres de ellos con secuelas. Nadie se hizo responsable porque no hay un seguro de por medio ni empresa a la cual reclamar.

“Son camionetas viejas con placas de Guerrero, sin permiso… vehículos ilegales y clandestinos –comenta el entrevistado–. Además es un servicio monopólico, impuesto por la fuerza y por el miedo. Nosotros hicimos una estimación y sólo del negocio de las camionetas obtienen ganancias ilegales de más de 30 millones de pesos al año. Un negocio también de extorsión, porque la gente no puede elegir entre proveedores y ellos se lo adueñaron.

“Ahí sí presumimos, porque se sabe y se rumora, que los que se impusieron a la mala sí son los ejidatarios. Pero aunque ellos sean dueños de las tierras de las faldas, no pueden apañarse un camino federal a la mala. Lo consideramos también un tipo de extorsión.”

Veytia advierte que por levantar la voz y hacer esta denuncia pública ha recibido amenazas e intimidaciones de quienes buscan apoderarse de las reservas naturales.

Problema sin atención

Montañistas, comerciantes y pobladores que viven de vender comidas típicas y artesanías en los alrededores de las zona altas han solicitado la intervención de las autoridades para resolver este problema, pero los gobiernos de Puebla, Estado de México y Morelos dicen que no es de su competencia y los remiten a la Conanp. 

Esta dependencia, por su parte, asegura que la seguridad corresponde únicamente a las autoridades militares y la Secretaría de la Defensa Nacional dice desconocer el problema.

De momento la zona más peligrosa sigue siendo el Pico de Orizaba. Cifras de la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportan que de octubre a enero pasados se reportaron 24 denuncias por robo de teléfonos celulares y artículos de alpinismo, cuatro por intimidaciones y tres por acoso sexual en la zona del Nevado de Toluca.

La fiscalía mexiquense tiene registrados 10 robos, dos actos de indimidación y cuatro por acoso en el mismo periodo, además existe una carpeta por el accidente del año pasado que dejo 10 lesionados y hasta el momento no se ha identificado a ningún responsable de las lesiones.

Las tres montañas carecen de vigilancia policiaca. En un recorrido este semanario constató que las patrullas hacían rondines por las tardes, pero solamente en los pueblos vecinos de las reservas. A pesar de tratarse de una zona federal, es notoria la ausencia de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. 

Esto hace que bajar de esos lugares después de las 16:00 horas sea peligroso, sobre todo para las mujeres, pues en el trayecto se observa a los ejidatarios que extorsionaban en la mañana ingiriendo bebidas alcohólicas e intimidando a los paseantes.

“Nosotros –puntualiza el alpinista– hemos notificado a la Conanp, a la Sedena y a la Guardia Nacional de todo este problema, pero nadie lo quiere atender. Hicimos solicitudes de información para saber a qué dependencia le toca garantizar la seguridad de todas las áreas de reserva y aún no nos responden. También hemos hablado con la Secretaría de Turismo y denunciamos la incursión de esas camionetas ilegales; se deslindaron y dicen que no tienen registro de nada ni han otorgado permisos para que vehículos operen y trabajen en esas zonas.

“Nadie quiere asumir su responsabilidad y, mientras eso pasa, el crimen organizado se apodera de todo. No sé qué esperan las autoridades para actuar. ¿A que de verdad pase una tragedia de grandes magnitudes o para cuando ya sea muy tarde? Nosotros estamos alertando a tiempo, vemos que una solución rápida y efectiva es que lo hagan como en las aduanas, en el aeropuerto o en el Metro, donde directamente llegó la Guardia Nacional a tomar el control. Creemos que esa es la única salvación en este momento: que la Guardia Nacional tome el control del Nevado de Toluca y del Pico de Orizaba, pero que lleguen bien armados porque el narco allá tiene con qué”.

Proceso contactó a las dependencias mencionadas para conocer su postura al respecto, pero hasta el cierre de edición no han atendido la solicitud de entrevista ni mostrado interés en el tema.  

Reportaje publicado en el número 2413 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 29 de enero de 2023.