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Perú: Manifestaciones, represión… y una presidenta acusada de genocidio
Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio.
Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio. La situación en Perú, desde la destitución del exmandatario Pedro Castillo, es de caos por las revueltas populares donde algunos sectores piden elecciones presidenciales ya y la mediación de las iglesias católica y evangélica o de una autoridad extranjera para hallar una solución pacífica.
LIMA (Proceso).– Yamileth Nataly, adolescente voluntaria rescatista de animales; Marco Antonio Samillan Sanga, joven estudiante de medicina que ayudaba a heridos; y José Luis Soncco Quispe, policía de 29 años, son tres de los 46 fallecidos en violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en el estado sureño de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y uno en Cusco. Perú así recibe el 2023.
Tras las muertes, la fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra la recién juramentada presidenta de transición, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, mientras el país andino parece hundido en una espiral de revueltas –sin interlocutores visibles del lado de las protestas– en un ambiente de desconfianza generalizada.
Todos, hasta el más ecuánime de los protagonistas de peso, parece a veces perder la paciencia en esta crisis a la que nadie le ve un final fácil, mucho menos cercano. Nadie cree en la palabra de nadie. Hay quienes hablan de mediación de las iglesias católica y evangélica, un enviado papal, una autoridad extranjera, del ahora gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, pero sobre todo está el reclamo de nuevas elecciones.
Los representantes del fujimorismo en el Congreso y los militares apoyan la gestión de Boluarte, mientras el gobierno de Puno la declara persona non grata y los opositores en Lima –en general vinculados a la izquierda– aseguran que su gobierno transitorio se ha convertido en “rehén de la derecha más cavernaria” y proponen terminar “la estrategia represiva” oficial que sólo ha logrado “atizar las protestas y aumentar las víctimas mortales”.
En respuesta a los informes de que más de 70 comunicadores han sido hostigados y atacados en medio de protestas antigubernamentales, el Comité para la Protección de los Periodistas se dijo “alarmado” y solicitó a las autoridades investigar los ataques a la prensa y “asegurarse de que los reporteros estén protegidos y puedan cubrir de manera segura temas de interés público”.
“Hay que declarar estado de sitio y restituir el orden democrático” por la vía militar en Puno, declarado en toque de queda tres días desde el pasado martes 10, para que la gente pueda regresar a trabajar, dice a Proceso el congresista José Cueto, del fujimorista partido Renovación Popular.
“No hay con quién dialogar”, insiste el legislador, quien asegura que las protestas son azuzadas por “actores nacionales e internacionales” sin rostro que buscan “dividir” al país andino, de por sí ya fracturado desde hace décadas.
“Entiendo que mi propuesta no le va a gustar a la izquierda”, en especial a quienes proponen la restitución del destituido presidente Pedro Castillo y buscan instalar la llamada “patria socialista planteada por el ideario de Perú Libre y el extremismo marxista”, agrega el exalmirante, ahora miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso.
Muchos, como el analista político Manuel Gago, van incluso un poco más allá, acusando a la exvicepresidenta de Castillo, ahora al frente del Poder Ejecutivo, de ser por lo menos débil, si no es que cómplice.
“Boluarte sabía lo que vendría. También los exministros de Castillo y asesores. Tendrían que ser bastante lerdos para no entender hacia dónde iba el gobierno anterior. La asamblea constituyente siempre estuvo y estará en la agenda marxista. Se sabía que Castillo no dejaría el poder dócilmente.”
Acusaciones cruzadas
Mientras del otro lado del espectro político la mayoría asegura que el gobierno de Boluarte se sostiene por el apoyo que tiene de la derecha, del Congreso y de los militares, Gago –y otros como él– lo ven al revés.
La presidenta “no decide enfrentar con la ley y la Constitución el levantamiento, saqueo y vandalismo que ocurren en el sur. Por eso el marxismo extremista está en sus garbanzales y hace lo anunciado años atrás. La nula previsión –con tanto desgobierno, infiltración y servicios de inteligencia (al servicio del Estado y no de los gobiernos) desmantelados– abona a las tentativas comunistas”, escribe Gago.
Así de complicado, para decirlo de manera suave, está el país andino en esta crisis que para muchos tiene raíces milenarias que volvieron a salir a la luz tras el fallido golpe de Estado de Castillo, un sindicalista de Cajamarca cuya inepta gestión como mandatario sólo parece haber logrado exacerbar el racismo arraigado en el país andino.
No sorprende entonces que las posiciones de los que opinan como Cueto y Gago sean rechazadas de manera enfática por sectores vinculados con la izquierda, quienes coinciden en que “las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida”, y que los choques violentos en Juliaca evidencian “un desprecio que oculta el odio y el racismo (…) porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena”, en palabras de la consultora Viola Traeder.
Para estos últimos, la crisis de legitimidad del actual gobierno “cívico-militar” no es un tema de derecha o de izquierda. Se trata de un “reclamo de quienes cuestionan cómo se maneja el poder en Perú y piden nuevas elecciones; ¡no hay nada más democrático que una elección!”, exclama en declaraciones a Proceso Javier Torres, director de Noticias Ser, un portal que difunde información regional.
La idea es “acelerar el proceso de transición (que ya es un hecho) y modificar la posición del Congreso” que pide la intervención del ejército, agrega el también antropólogo, quien considera el adelanto de elecciones como una condición sine qua non para iniciar un diálogo nacional.
“No es cierto que la gente esté pidiendo la separación del sur para convertirse en un Estado independiente ni en la instalación del marxismo del siglo XXI. Si ves los carteles, nadie está pensando en eso. Como no hay figura visible en las protestas, (la derecha) construye a un monstruo (como Evo Morales, a quien acusan de instigar la violencia).”
Torres se refiere a los llamados supuestos “intentos separatistas” en las regiones del sur, como Ayacucho, Puno, Cusco y Arequipa, que otros politicólogos, como Gago, aseguran son “parte de los vendavales anunciados por el chavismo” e instigados por el expresidente boliviano y ahora líder indigenista Morales.
Muchos consideran la posición de Torres un “pedido maximalista inviable”, mientras unos coinciden con Cueto que la crisis carece de caras visibles con quienes dialogar y otros piden el cese de la represión contra civiles indefensos.
El pasado miércoles 11 la movilización por las calles principales de Ayacucho y de Puno continuaban, sumándose a la exigencia de renuncia al gobierno de Boluarte. En Ayacucho se realizó una vigilia por los fallecidos.
Reclamos al gobierno
“La responsabilidad del gobierno es mantener el orden público respetando los derechos y cuidando la vida. Nada justifica la represión indiscriminada. Los daños materiales se pueden recuperar, pero no las vidas humanas. Las autoridades gubernamentales deben asumir su responsabilidad política por las decenas de fallecidos que han dejado las protestas recientes”, escribió por su parte el expresidente Francisco Sagasti.
“El gobierno de transición tiene que parar las matanzas y mantenerse firme para contener las protestas, lo que pasa por afinar su estrategia represiva que sólo ha logrado atizar la ola de violencia”, afirma a Proceso Juan Carlos Tafur, periodista y psicólogo quien en 2010 acuñó el término “derecha bruta y achorada”.
“Es que hay una rabia acumulada respecto de Lima y (del poder de) ‘los blancos’. Esto no se va a resolver pronto. Se requiere una mayor inyección del presupuesto en el sur a largo plazo”, agrega el también analista político, quien acepta que parte de la responsabilidad de la crisis actual está también del lado de los manifestantes.
“Debemos entender que estamos en una rebelión, una insurrección de un grupo de peruanos que se sienten abandonados por (el poder de) Lima y sus políticos; que son desconfiados de todos, que se sienten marginados y con demasiadas promesas incumplidas”, en palabras del diplomático en retiro Guillermo Russo Checa.
“Un muerto más, una vida segada y una familia enlutada por un conflicto social que no tiene más salida que la renuncia” del gobierno de Boluarte, escribió el analista político Ed Villantoy en su cuenta de Twitter.
Y el diálogo nacional es difícil pero indispensable, en opinión de la mayoría.
“Hay que insistir en activar los mecanismos de diálogo con los que protestan. Hay movimientos sociales organizados, federaciones regionales en la macro región del sur, que si bien no representan (a los que protestan) sí tienen vínculos con ellos”, asegura Tafur a Proceso. “La presidenta debe iniciar (el diálogo) pero no puede ser el mediador final.”
Antes de buscar a los protagonistas de una posible reconciliación nacional “debe encontrarse el espacio político donde podría ser posible dialogar entre delegados del gobierno y de los frentes regionales”, afirma a este semanario por su parte Hugo Otero Lanzarotti. “¿Son interlocutores válidos para dialogar el primer ministro o la presidenta con más de 40 muertos encima?”, se pregunta de manera retórica el exasesor del presidente Alan García.
El pasado martes 10 el gabinete presidido por Otárola obtuvo la confianza en el Congreso: 43 congresistas votaron en contra. Poco después, el premier anunció un toque de queda de tres días en el departamento de Puno, donde hasta el pasado 13 de enero habían fallecido 18 personas a causa de los enfrentamientos entre militares y civiles.
Fuentes consultadas por Proceso aseguran que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, recién elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, podría ser un protagonista nacional idóneo como mediador del diálogo. “Son las regiones las que van a determinar el futuro del país después de todo, y Sánchez es una autoridad regional”, asegura a Proceso el exembajador Russo Checa.
Otros, como Otero, opinan que las iglesias católica y evangélica peruanas podrían jugar un papel importante “para tender puentes” entre las partes en conflicto. “Hasta el momento no se han pronunciado como instituciones”, recuerda.
O quizás, opina, “una autoridad extranjera” podría ser quien inicie un diálogo nacional, porque “entre los peruanos existe mucha desconfianza”. En su opinión, tampoco es posible que intervenga la ONU y menos la OEA. “Podríamos pensar en un delegado papal si las iglesias lo proponen y si lo aceptan el Estado y sus instituciones, así como la sociedad civil en rebeldía”, agrega.
“Como el problema es complejo, necesita una salida compleja”, afirma a Proceso el congresista independiente Edward Málaga-Trillo, quien elaboró la moción de vacancia (una forma de impeachment o destitución) de Castillo y se ha puesto al frente de una serie de reformas constitucionales que, en su opinión, atacarían el conflicto de fondo y cambiarían el tablero político-electoral.
El gran error del sistema electoral peruano es que alguien con tan bajo porcentaje de votos pueda convertirse en presidente, como fue el caso de la segunda vuelta en junio de 2021, cuando Castillo, de Perú Libre, superó a Fujimori, de Fuerza Popular, por apenas 44 mil 58 votos, alega el también científico, quien exhortó al gobierno de Boluarte a concertar mesas de diálogo para que vuelva la paz social.
“He propuesto que la segunda vuelta sea de tres candidatos, no de dos”, por ejemplo, explica a este semanario, una de varias propuestas que el también biólogo elabora ante el Congreso, entidad que en su opinión es la indicada para resolver los obstáculos de fondo en esta crisis.
“Estamos ante una asonada violenta. Debemos generar una capacidad de comunicación que le haga contrapeso a la propaganda negativa que se distribuye en el sur. Mucha de la indignación de la gente nace de falsas premisas. (Boluarte) debe ir a las regiones ella misma y poner orden”, dice con la voz calma y fría de un científico, no la de un político.
“Claro que el diálogo es muy necesario, en el Acuerdo Nacional, con las iglesias, pero muy difícil en estas condiciones”, añade el ahora legislador sin partido quien confiesa haber votado por Castillo, rechaza la injerencia “retórica” de López Obrador y hace unos días otorgó la confianza al gabinete de Boluarte.
“Nadie cree en la palabra de nadie”, sentenció el pasado lunes 9 el también ponderado psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, al verse rebasado por las noticias sobre el número creciente de muertos en Puno. “Si al final de la palabra no sobrevive la palabra, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos”, dijo Hernández parafraseando a César Vallejo a todas luces frustrado en ese momento ante la gravedad de la crisis.
Urge un diálogo nacional, pero desde el enfrentamiento con un discurso polarizado en lo que parece ser un escenario de ajedrez, es todo menos simple. “Debería nacer un Emiliano Zapata en Perú. Nos hemos demorado ya casi 100 años”, decretó Russo Checa.
