Brasil
El golpismo: un efecto de la militarización bolsonarista
La intentona golpista de los bolsonaristas era previsible: el gobierno de Lula da Silva sabía del protagonismo que el anterior presidente, Jair Bolsonaro, había dado a los militares, quienes alentaron o dejaron pasar los ataques a los tres poderes de Brasil.
La intentona golpista de los bolsonaristas, el pasado 8 de enero en Brasilia, era previsible: el gobierno de Lula da Silva sabía del protagonismo que el anterior presidente, Jair Bolsonaro, había dado a los militares, quienes alentaron o dejaron pasar los ataques a los tres poderes de Brasil. La tarea del nuevo mandatario es, según especialistas, destituir a los principales generales para controlar al sector, tarea nada fácil pues los uniformados no querrán perder privilegios, ahora que están enquistados en cargos de naturaleza civil.
BOGOTÁ, Col. (Proceso).— El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien el pasado domingo 8 enfrentó una asonada golpista de miles de ultraderechistas que tomaron las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, ya sabía desde hace meses que el protagonismo que su antecesor Jair Bolsonaro dio a los militares podría conducir a un episodio de esta naturaleza.
Tan convencido estaba Lula de que el poder adquirido por los militares durante el gobierno de Bolsonaro era un asunto que desafiaba a la democracia brasileña, que una de las prioridades de su gestión, que comenzó el pasado domingo 1, era la desmilitarización del aparato público federal, en el que miles de oficiales de las Fuerzas Armadas ocupan altos cargos.
La doctora en sociología de la Universidad Estatal de Campinas Suzeley Kalil Mathias, especialista en temas militares, dice a Proceso que tras la asonada del domingo 8 el desafío de Lula no sólo es reemplazar con civiles a los oficiales incrustados en el aparato estatal, sino someter a “cambios profundos” a las Fuerzas Armadas.
La fallida intentona golpista de los radicales ultraderechistas, que clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula, fue posible porque sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar la permitieron, por acción u omisión, y porque actores clave de las instituciones militares tienen un sentido de lealtad al proyecto extremista y antidemocrático de Bolsonaro.
“Ese es el consenso en Brasil, eso es lo que ya se sabía y se corroboró con el episodio golpista”, señala Kalil Mathias, autora de diversos estudios sobre el militarismo en América Latina e investigadora del Grupo de Estudios de Defesa y Seguridad Internacional y del Observatorio Sudamericano de Defesa y Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la experta, el camino de cambios graduales en las Fuerzas Armadas y en la administración pública que había emprendido Lula para desactivar el proyecto militarista de Bolsonaro y las tentaciones golpistas “ya no es posible”. Lo que ahora se impone, señala, “son medidas inmediatas, de autoridad, para garantizar que las Fuerzas Armadas se apeguen a la Constitución y actúen en el marco de la institucionalidad democrática y no de acuerdo con sus intereses y su ideología”.
Dice que la política de negociación con las fuerzas militares que siguió Lula durante los primeros días de su gobierno “es suicida”, porque con las instituciones armadas “no se negocia; se les dan órdenes y ellos obedecen”.
Lula, señala Kalil Mathias, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas “y debe asumir ese papel y comenzar por destituir a los principales generales para tomar el mando de los militares, que con Bolsonaro crearon un sistema de privilegios que ahora no quieren perder”.
Es un hecho que el ejército toleró que las hordas extremistas de Bolsonaro acamparan frente a su cuartel general en Brasilia y que ni siquiera intentó desalojarlos, a pesar de su comportamiento violento y sus llamados golpistas. Además, el Batallón de Guardia Presidencial permitió el paso de los extremistas al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
La Policía Militar consintió la ocupación violenta de la Plaza de los Tres Poderes y la toma del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. Algunos agentes hasta se tomaron fotos con los manifestantes y corearon arengas golpistas, según muestran varios videos. Incluso, entre los manifestantes había oficiales en retiro del ejército y la armada que tuvieron comunicación con oficiales activos.
Kalil Mathias sostiene que la intentona golpista es producto del proceso de militarización desarrollado por Bolsonaro durante su mandato de cuatro años (2019-2022) y considera que ese episodio debe ser un llamado de atención para gobiernos como los de México y Venezuela, que han dado a los militares un protagonismo y un poder sin precedente en esos países.
“Dar tanto poder a los militares es muy peligroso para cualquier democracia porque el mensaje que están dando cuando tú les das funciones de mando en áreas civiles es que ellos son la autoridad. Y quitarles esa autoridad es muy difícil. Eso es lo que vemos en Brasil, un choque entre poder civil y militar”, señala la académica.
La maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga dice que, en el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador heredará un país “militarizado en varias áreas y políticamente muy polarizado” a quien lo suceda en el cargo en 2024, “y eso se parece mucho a lo que vemos en Brasil”.
Zuluaga sostiene que los militares “están habituados a defender sus privilegios y eso significa que es extremadamente complejo y desafiante para el poder civil quitarles las posiciones que han ganado, especialmente cuando eso lo intenta hacer un nuevo gobierno”.
Para el doctor en ciencias sociales Amílcar Salas Oroño, los procesos de desmilitarización son aún más complejos cuando los militares asumen funciones de control de la seguridad pública, como es el caso de la Guardia Nacional en México.
Ominosa ambigüedad militar
El alto mando militar ha guardado un incómodo silencio sobre la asonada y ha filtrado a la prensa brasileña la versión de que la responsabilidad de los hechos no es de ellos, sino del gobierno de Brasilia, de la Policía Militar y del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.
El Tribunal Supremo, cuya sede fue la más vandalizada, destituyó el mismo domingo 8 al gobernador bolsonarista de Brasilia, Ibaneis Rocha, por las fallas de seguridad, y un día después ordenó al ejército desalojar los campamentos de los extremistas instalados frente al cuartel general de la institución. Más de mil 500 manifestantes, cuyo traslado y estancia en la capital brasileña fueron financiados por terratenientes, fueron detenidos.
Analistas políticos creen que la ambigua y acrítica postura del alto mando militar obedece a que, por ahora, su plan es medir fuerzas. Pero los generales se dieron cuenta de que la intentona golpista suscitó un amplio rechazo en el país y en el mundo y que ningún país avalaría un gobierno militar con el excapitán del ejército Jair Bolsonaro al frente o en las sombras.
Tampoco lo haría el grueso de la élite política y económica brasileña, ni la prensa, que de manera unánime condenaron de manera enérgica los hechos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dieron una muestra de unidad al repudiar en un comunicado conjunto los actos “golpistas”.
Lula, en ese sentido, salió fortalecido. El pasado jueves 12 fustigó a los generales y dijo: “Las Fuerzas Armadas no son un poder moderador, como piensan ellos”. Es decir, para el presidente no serán los militares quienes definan si habrá democracia en Brasil y qué clase de democracia existirá. Y no lo serán, aunque quieran jugar ese rol.
De acuerdo con el mandatario, “muchos” integrantes de la Policía Militar y el ejército actuaron “en complicidad con los invasores”, y agregó: “Estoy convencido de que la puerta del (Palacio de) Planalto (sede del Ejecutivo) se abrió para que la gente entrara. Alguien facilitó su entrada aquí”.
Hay sectores dentro del gobernante Partido de los Trabajadores que piden aprovechar el momento para emprender una reforma estructural de las Fuerzas Armadas que devuelva en definitiva a los militares a los cuarteles (unos 8 mil de ellos ocupan cargos de naturaleza civil) y que limite el amplio poder que ganaron con Bolsonaro.
Para el doctor en historia de la Universidad de París III Manuel Domingos Neto, Lula debe destituir y someter a investigación a todos los militares que incumplieron con su deber en la asonada bolsonarista, desde el comandante del ejército, general Julio César Arruda, hasta los oficiales que participaron en las manifestaciones azuzadas por Bolsonaro desde Florida, a donde viajó días antes de dejar el cargo.
Domingos Neto no entiende cómo es posible que siga en su puesto el ministro de Defensa, José Múcio, un político conservador que fue colocado allí por Lula por su conocida cercanía con los militares y quien dos días antes de la asonada se opuso a que los campamentos de los bolsonaristas en Brasilia fueran levantados por la fuerza.
Lula sigue respaldando a Múcio, quien tiene el aval de los partidos de centroderecha que apoyan al presidente. Ellos juegan un papel fundamental en la coalición legislativa que busca sacar adelante los proyectos del nuevo gobierno, como una reforma fiscal que permita aumentar el gasto social.
Episodio definitorio
El doctor en ciencias sociales Amílcar Salas Oroño, experto en los procesos políticos contemporáneos de Argentina y Brasil, considera que la asonada del domingo 8 marcará al gobierno de Lula, porque lo obliga a cambiar sus prioridades.
El presidente, dice, tenía proyectado trabajar principalmente en la superación de los estragos sociales que dejó la pandemia de covid-19. Según mediciones de la fundación Getúlio Vargas y la Red Penssan, la pobreza aumentó 42% en 2021 y 33 millones de brasileños, 15% de la población, viven en condiciones de extrema pobreza y pasan hambre, lo que volvió a poner a Brasil en el Mapa Mundial del Hambre de las Naciones Unidas.
Salas Oroño afirma que ahora Lula deberá atender con mayor urgencia la polarización política que vive el país, que se expresó con crudeza en la asonada golpista, y la cuestión militar, lo que implica reemplazar con rapidez a miles de militares que ocupan cargos de naturaleza civil en el gobierno federal y acotar el poder de las Fuerzas Armadas.
Lula, cuyo oficio político es reconocido dentro y fuera de Brasil, ya comenzó a trabajar con los diferentes partidos para reducir las tensiones derivadas de las reñidas elecciones de octubre pasado, las cuales ganó a Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales. El lunes 9 el presidente se reunió con todos los gobernadores, entre los cuales hay quienes simpatizaban con Bolsonaro hasta antes de la asonada.
Para la mayoría de los brasileños, el expresidente de extrema derecha es el principal responsable de los hechos porque siempre ha alentado la hostilidad de sus seguidores con las instituciones democráticas, la desconfianza en el sistema electoral y la violencia.
Un sondeo de Datafolha divulgado el pasado jueves 12 reveló que 55% de brasileños considera a Bolsonaro el principal responsable de los actos golpistas, a pesar de que el exmandatario se deslindó convenientemente de ellos. Otra encuesta de Atlas Intel, divulgada un día antes, indicó que incluso 49% de electores de Bolsonaro rechaza la asonada, en la que los bolsonaristas destruyeron obras de arte, bienes históricos y gran parte del mobiliario.
Pero ese sondeo tiene un dato muy revelador: 10.5% de brasileños sostienen que el asalto fue “completamente justificado”.
Para Salas Oroño, profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, lo que revelan esos datos es que Lula tiene un arduo trabajo de concertación política por hacer y que debe aprovechar el mayoritario rechazo a la asonada para actuar con rapidez.
