En una sesión extraordinaria cuya acta no ha publicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones desechó la multa multimillonaria que se perfilaba contra América Móvil, del magnate Calos Slim, paralela a la que se dictó contra Telnor por no compartir información de su infraestructura con la competencia. La decisión del Instituto fue precedida de una reunión a puerta cerrada de un grupo de sus funcionarios con representantes de la empresa y el consecuente despido de personal de la Unidad de Cumplimiento del IFT...

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ya transcurrió cerca de un mes desde que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se reunió en sesión extraordinaria, y la institución sigue sin publicar el acta de esa junta, celebrada el 9 de diciembre.

La sesión versó acerca del proceso sancionatorio E-IFT.UC.DG-SAN.I.0041/2018 que la institución seguía contra América Móvil y que podía salir muy cara al conglomerado del multimillonario Carlos Slim Helú: además de una multa de entre 6% y 10% de sus ingresos –entre 22 y 37 mil millones de pesos–, una sanción representaría un obstáculo en el largo camino hacia la televisión de paga, que le permitiría ofrecer servicios de triple play en sus paquetes de internet.

Afortunadamente para el hombre más rico de México, el IFT decidió desestimar el caso y descartar la multa, pues estimó que no existían los elementos para sostener la sanción. La argumentación de los comisionados del IFT debería ser pública, pero hasta el cierre de esta edición, el viernes 6, el acta de la sesión no está disponible en la plataforma de la institución; de hecho, en el buscador ni siquiera aparece una sesión el 9 de diciembre.

Un “topo” del IFT filtró la información al medio HOY en TELECOM y al Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet); este último publicó un comunicado el 13 de diciembre en el cual expresó su “máxima preocupación” por la resolución del IFT e insistió en la “forma” en que los comisionados la aprobaron.

Y es que el pasado 17 de noviembre cinco directivos de América Móvil se reunieron en privado con los cuatro comisionados del IFT y otros cuatro funcionarios para hablar del procedimiento de sanción. El número de funcionarios del Instituto en la junta fue especialmente bajo, según especialistas del sector. Los detalles de la reunión a puerta cerrada no se dieron a conocer, pero tres semanas después los titulares del IFT echaron abajo la multa.

Y no sólo esto. Dos días antes de la reu­nión, el 15 de noviembre, el comisionado presidente interino del IFT, Javier Juárez Mojica, cesó a prácticamente todo el equipo de la Unidad de Cumplimiento, incluyendo a las dos personas responsables de los procesos sancionatorios, entre ellos el procedimiento multimillonario contra América Móvil.

Contactada por Proceso, América Móvil aclaró que no haría ningún comentario sobre el tema hasta que reciba formalmente una notificación sobre la resolución del IFT.

La encargada de prensa del IFT, por su parte, aseveró el 20 de diciembre pasado: sobre la sesión mencionada “no tenemos información que compartir”.

Hasta el jueves 5 este semanario buscó una actualización con el IFT en cuatro ocasiones, y en igual número de respuestas la directora de Comunicación y Medios se negó a dar más información. Repitió que “en todos los casos las resoluciones del pleno son públicas una vez que se cuenta con las versiones públicas y no hay plazo específico para ello”.

El argumento resulta poco creíble, pues las actas de una sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre –dos días antes de la sesión extraordinaria– están disponibles en la plataforma del IFT desde hace varias semanas.

Agente preponderante

El fondo del asunto de América Móvil deriva de un proceso que abrió el IFT en 2017, tras determinar que el consorcio de Slim no había compartido la información sobre su infraestructura de postes y pozos en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG).

La reforma al sector de las telecomunicaciones, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, obligó a los llamados “agentes económicos preponderantes” –es decir, los grupos que controlan más de 50% de un mercado– a compartir parte de su infraestructura clave con las empresas del sector para fomentar la competencia y limitar las prácticas monopólicas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2410 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.